El 30 de noviembre de 2018 cerró Pili y sus extrabajadores, productores que remitían a la empresa local y otros acreedores comenzaban un largo periplo para impedir su liquidación, así como por el cobro de adeudos. A seis años del cierre, un total de 98 antiguos funcionarios mantienen expectativas y continuarán sus gestiones con el gobierno electo, encabezado por Yamandú Orsi y Carolina Cosse.
La industria sanducera se había presentado a concurso de acreedores luego de acumular deudas por unos 60 millones de dólares y el síndico encargado de la liquidación, Liga de Defensa Comercial (Lideco) junto al Banco República como principal acreedor, llevaron a remates en los últimos años la totalidad de los bienes muebles e inmuebles.
En los últimos años, los extrabajadores presentaron varios proyectos sin éxito y conformaron una cooperativa de trabajo, Cosepi, que cuenta con aproximadamente una docena de integrantes. En las evaluaciones, han destacado las dificultades de inserción laboral para un colectivo que en su mayoría tiene en torno a 50 años de edad.
El periplo
Marcel Petrib, integrante de este grupo de antiguos empleados de la empresa, recordó que “en 2018 ya había complicaciones para el pago de salarios, entre otros beneficios. Pero, tanto trabajadores como productores remitentes hicieron gestiones para que continuara, de lo contrario hubiera cerrado un año antes”.
La masa de trabajadores, integrada por “mandos medios y jefes, dejaron licencias y aguinaldos por cobrar. Y esa fue la gran deuda que hasta el día de hoy se sigue manteniendo. Lo mismo ocurrió con los remitentes, transportistas de leche, profesionales veterinarios, estaciones de servicio y otros integrantes de una larga cadena que movilizaba esta industria local y que no pudieron cobrar hasta el día de hoy”, señaló a EL TELEGRAFO.
Las gestiones siguientes se efectuaron en forma conjunta ante distintos organismos. “Empresarios, trabajadores y productores íbamos juntos a las reuniones en los ministerios de Industria y de Trabajo, pero no lograron el objetivo para que continuara en pie la industria láctea”.
Petrib rememoró que “antes del cierre, la empresa se presentó a concurso con Lideco y se siguió trabajando en la búsqueda de un inversor. Pero después de recibir a varias delegaciones en sucesivas recorridas por la planta, no se consiguió y fue el cierre”.
Seguidamente, “comenzó la etapa de los remates con los tambos de Pili y la maquinaria vieja que se encontraba en la antigua planta de Vizconde de Mauá e Ituzaingó. Después, con el desmantelamiento total de la planta quesera y lo último fue la planta de suero. Ese fue el punto final y como ya lo dijimos varias veces, todo se remató por muy poca plata. Así que tampoco el Banco República logró juntarse con la deuda de Pili, a pesar de cobrar por la mayoría de los bienes” prendados a favor del organismo.
Explicó que “desde entonces se han hecho gestiones políticas en búsqueda de poder cobrar los créditos laborales adeudados. También han sido muchas las promesas, pero vamos a seguir. Ahora esperaremos que asuma el nuevo gobierno porque todos están al tanto”.
En oportunidad de la última campaña electoral, “a cada candidato que llegó a Paysandú le entregamos información y hablamos con ellos sobre nuestros reclamos”.
A los extrabajadores “se nos adeuda aproximadamente 10.000 dólares y al trámite lo hicimos a través del Fondo de Garantía de Créditos Laborales del Banco de Previsión Social (BPS), porque fuimos aconsejados en su momento por el entonces ministro Pablo Mieres. Y así lo hicimos junto a las abogadas Violeta Saldivia y Silvia Cabrera”.
A esta posibilidad se sumaban entonces “las gestiones por una prejubilación o subsidio para unos 15 extrabajadores que tienen más de 50 años de edad y más de 30 años de aportes de trabajo”.
Apoyo político
La delegación de extrabajadores contó con el respaldo político departamental en sus distintas gestiones. “Tenemos que destacar la minuta de comunicación presentada por la diputada Cecilia Bottino, el respaldo y las gestiones de reuniones ante la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados realizadas por la Junta Departamental de Paysandú”.
El edil Marcelo Tortorella elevó una iniciativa ante el Parlamento para amparar en el citado fondo al grupo de extrabajadores, luego de resultar desestimado dicho pedido en el BPS. “Pero tampoco tuvo la respuesta esperada, así como una solicitud de reunión con la Ministra de Economía Azucena Arbeleche, porque de ella dependía la decisión, y nunca nos recibió”.
Según Petrib, “no nos dio reunión Álvaro Delgado en sus reiteradas visitas a Paysandú, a pesar de haber reconocido que el problema de los trabajadores de Pili era una espina que le quedaba clavada en el corazón”.
El antiguo funcionario resumió que “no hemos logrado hasta ahora el objetivo final que es poner un cierre a nuestra situación y cobrar lo que nos deben porque hay situaciones diferentes en cada familia. Si bien hay que reconocer que somos 98 de un total de 200 extrabajadores que presentamos el reclamo tal como lo exige la ley”.
El grupo que gestiona el cobro de adeudos espera “reuniones con los tres diputados electos, Walter Verri, Juan Gorosterrazú y Fermín Farinha. Si bien los tres conocen ampliamente la problemática, corresponde un nuevo planteo para la gestión parlamentaria que se iniciará el 15 de febrero. Queremos una respuesta por sí o por no”.
