La inseguridad laboral, los permisos de taxi y el futuro cooperativo fueron los temas centrales de la reunión entre el Sindicato Único de Trabajadores del Taxi (Suatt) y la Comisión de Asuntos Laborales de la Junta Departamental. Pablo Juárez, delegado de la filial de Paysandú del Suatt, expresó las preocupaciones del sector durante un encuentro que reunió a trabajadores del taxi, representantes de cooperativas y autoridades locales. Esta instancia se centró en la preservación de permisos de taxi para trabajadores despedidos y en los problemas de seguridad y precarización laboral que afectan al sector. El sindicato del taxi en Paysandú, formado a fines de 2022, surgió como respuesta a las crecientes amenazas a la seguridad de los trabajadores. Juárez recordó un hecho trágico que marcó al gremio: el asesinato de un compañero en circunstancias aún no aclaradas. A este suceso se sumaron numerosos robos y ataques, principalmente durante los turnos nocturnos. “Fue un momento muy difícil para todos. No sólo enfrentamos la inseguridad en las calles, sino también persecuciones laborales que culminaron en el despido de un delegado del sindicato por parte de la empresa Cristal”, declaró Juárez a EL TELEGRAFO.
El desafío de los permisos y el futuro cooperativo
Uno de los temas clave de la reunión resultó ser la situación de los trabajadores despedidos tras el cierre de Carmisol. Según Juárez, esta firma no cumplía con sus obligaciones tributarias ni con aportes al BPS y la DGI, por lo que el sindicato solicitó que los permisos de taxi (conocidos como “chapas”) sean retirados a la empresa y reservados para los trabajadores afectados. “El hecho de la reserva de permisos es fundamental para encarar un proyecto cooperativo con los trabajadores, ya que el proceso de formación tiene un costo importante que los trabajadores pueden asumir con la colaboración de estas federaciones y plenarios cooperativos, pero no cuentan con el capital para asumir las deudas de una transferencia entre permisarios, máxime con una empresa que debe cientos de miles de dólares al estado y proveedores de toda índole”, explicó Juárez. El director de Tránsito, Braulio Álvarez, proporcionó datos actualizados sobre los permisos en Paysandú: de los 148 permisos existentes, sólo 128 cumplen con los requisitos técnicos, mientras que 15 no están autorizados y otros cinco permanecen bajo administración de la Intendencia Departamental. Según Juárez, esto demuestra que únicamente falta “voluntad política” para concretar las soluciones propuestas. La definición final sobre el destino de los permisos recae en el intendente Nicolás Olivera, el director de Tránsito Álvarez y los integrantes de la Junta Departamental. Juárez destacó la buena disposición inicial de todas las bancadas y del presidente de la Comisión de Asuntos Laborales para evaluar la propuesta.
“Lo que pedimos es justo: que se priorice a los trabajadores y no a empresas que incumplen con sus obligaciones. Es una oportunidad para generar empleo digno y fortalecer el modelo cooperativo en Paysandú”, concluyó el delegado del Suatt. Remarcó además que la reunión marcó un paso importante en la lucha del sindicato por mejores condiciones laborales y mayor seguridad para los trabajadores del taxi. Mientras tanto, el gremio aguarda que las autoridades locales tomen una decisión que pueda redefinir el futuro del sector y ofrecer una solución sostenible a los desafíos que enfrentan los taxistas en Paysandú.