“En el último decreto del expediente de los accesos a la información pública que presentaron el exintendente Mario Díaz y el exsecretario general Federico Álvarez Petraglia, no se hizo lugar a los recursos de apelación y reposición que la Intendencia presentó. Por lo tanto es real que quedaron firmes las astreintes que habían sido solicitadas por estos promotores”, declaró Mariana Mazzilli, encargada de Asesoría de la Intendencia.
Subrayó que en el fondo del juicio hay un interés económico. Mazzilli subrayó que “la foto grande es que el exintendente Mario Díaz y el exsecretario general Federico Álvarez Petraglia, lograron que a la Intendencia se la obligue a pagarles. El dinero de la Intendencia terminará en sus bolsillos. No mencionaron nunca ese extremo, pero es la realidad, van a disfrutar del dinero que deberá pagar la Intendencia. No parece entonces que el real interés fuera el obtener información, especialmente considerando que el expediente al que aluden es público, se puede acceder libremente”.
Dijo también que “el acceso a la información pública se presentó cinco veces, por lo que tuvimos que presentar diferentes formas de redacción. Lo hicimos en digital y lo rechazaron. Informes de técnicos y tampoco. El expediente judicial tenía permanentes cambios, que la Intendencia respondía, cada dos o tres días. Así hasta el 28 de noviembre cuando finalmente, después de varias idas y vueltas, el juzgado entendió que la Intendencia cumplió y se dio por satisfecho con nuestra respuesta”.
En ese sentido destacó que “es importante definir que en el decreto 2.449 del 28 de noviembre la sede judicial se dio por satisfecha. La juez actuante estableció que se tenía ‘por cabalmente cumplido por la Intendencia’ lo resuelto en las sentencias previas. El juzgado se dio por satisfecho y entendió que la Intendencia había cumplido cabalmente, con todo lo referido con el acceso a la información”. “Otra cosa importante –dijo más adelante Mazzilli–, la Intendencia no fue condenada a astreintes por no cumplir, sino por la insistencia de los promotores. Tiene que quedar claro que esa actitud se debe a que el producido económico que la Intendencia deba pagar terminará en el bolsillo de ambos. Les van a pagar a ellos”. Expresó en cuanto al monto que la Intendencia deberá abonar que “no se sabe el monto, eso va a ser objeto de liquidación y luego se pagará. La intención de la Intendencia, como siempre, es –si bien no estamos de acuerdo con el fallo– acatar como lo hacemos con cualquier fallo judicial”. “De la misma manera que la Intendencia cumplió con la información. No es el único caso, este año se ha cumplido con 67 accesos a la información pública en vía administrativa. Es decir, sin necesidad de pasar por el juzgado. Este caso sí, porque desde el comienzo estaba claro que los dos promotores no estaban interesados en la información, sino en la cantidad de dinero que pudieran cobrar. Y que van a recibir, no hay dudas que se harán con una suma importante, que será para su provecho propio”, concluyó Mariana Mazzilli.
