Mecanismo de Prevención contra la Tortura detectó graves problemas en centros del INAU

El Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (MNP) publicó un informe con los resultados del monitoreo de los centros del sistema de protección integral de 24 horas en el suroeste del país, coordinados por el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), entre abril y junio de 2024.

La superpoblación de varios centros fue la primera constatación del organismo, lo que se suma a la falta de condiciones de infraestructura aceptables, así como recursos. Los problemas de salud mental fueron otro problema, junto con el consumo de drogas, mientras se observaron “situaciones de exposición y captación” que “involucraron a distintos adolescentes” a cargo del sistema y “sucedían de forma reiterada”, y se verificó que personal que estaba “en proceso de investigación por situaciones de malos tratos” todavía trabajaba en los centros.

La labor implicó la visita no anunciada a diez proyectos de protección especial en los departamentos de Colonia, San José y Soriano, donde operan un total de 13: cinco son Centros de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar (CAFF) oficiales, mientras que los seis restantes operan bajo convenio con INAU.
Según el informe, la región analizada comprende unos 660 menores de edad, lo que representa 9,2% de la población que atiende el sistema. El documento destaca la alta proporción de mujeres (372) por sobre los hombres (288), algo que “difiere a la tendencia nacional”.

Entre los principales motivos de ingreso al sistema de protección se encuentran situaciones de violencia intrafamiliar, casos de abuso o explotación sexual y negligencia, abuso de sustancias o incapacidad de las familias responsables a la hora de asumir sus responsabilidades. El MNP constató “un creciente ingreso al sistema de protección de niñas, niños y adolescentes” por estas razones y registró una sobrepoblación de centros oficiales, algo que impactó en la atención y la “calidad de trabajo del personal”, detalla el informe.

También se observó que si bien los centros que funcionan bajo convenio contaban con “una dotación adecuada de recursos humanos en cuanto a equipo de dirección y técnicos”, ese no era el caso para los centros oficiales, que debieron apelar a compartir recursos así como funcionarios que asumen múltiples tareas “en detrimento de sus funciones“.

Según detalla el organismo, se constataron diversas “situaciones de riesgo” que experimentaron los usuarios del sistema, que llevaron a su “posible captación” por parte de redes de explotación, a los que los niños y adolescentes se vieron expuestos tanto en “ámbitos de circulación comunitaria” como durante “salidas no acordadas”.
También se observó que dos centros de adolescentes cumplían el rol de centros de distribución de estupefacientes, en donde el vínculo con el narcotráfico “exponía a los y las adolescentes a riesgo extremo”.

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