El título del diario San José Ahora dice “Tiraron ‘montañas de tomate fresco’ en el sur de Uruguay por exceso de producción: varias toneladas” y alude a un hecho ocurrido en los últimos días que cobró notoriedad por un video que circuló a través de las redes sociales y que provocó un descontento general, comprensible, al tratarse de una importante cantidad de producto en condiciones de consumo.
El artículo cita al dirigente de la Confederación Granjera, Eric Rolando, ensayando una explicación respecto a este asunto. “Para los productores, detener la cosecha y salir a repartirlos tiene un costo mucho más alto que lo que obtendrían” por venderlos al por mayor, afirmó. También dijo que no se trata de un caso aislado y “compartió un video de estos días, testimonio de casos ocurridos en Canelones y Montevideo, donde se ve que en distintos predios se vierten los tomates del cajón a una fracción del campo”. Planteó que “se han tirado toneladas de tomate por exceso de producción y falta de industrias que lo procesen” y agrega en su declaración al periódico maragato que “debería haber una política de Estado que contemple los recurrentes casos de exceso de producción y por posterior desperdicio”.
El directivo detalló que “ahora se empezó a frenar la cosecha, pero son montañas de tomate fresco que se tiró todo (…) se cosechó, se llevó a la UAM, no se vendió y se tiró o lo tiró el que reparte; la gente prefiere trabajar con tomate perita” por su durabilidad. Y aseguró que “Falta política de retiro, tenemos mala planificación en el sector”, en la medida que la falta de coordinación y una institucionalidad que la lleve adelante impiden la solución a un problema “que no sería tan difícil de resolver”. En el caso del video que ha circulado, se trata de un productor que tiró unos 100 cajones de tomate.
Ahora bien, no se ajusta a la verdad la afirmación de que no exista una política. Tal vez no esté operativa o todavía no se conozca, puede ser, pero el país ha aprobado no solamente una ley, la N° 20.177, de Regulación de la normativa sobre donación de alimentos, e incluso una Estrategia Nacional de Prevención y Reducción de las Pérdidas y Desperdicios de Alimentos. Es decir, el marco jurídico para que estas cosas no ocurran está, ahora hay que ponerlo en funcionamiento con soluciones prácticas y que no supongan un esfuerzo adicional para el productor o los intermediarios.
Lo primero que hay que dejar plenamente establecido es que los productores producen para vender, es ese su trabajo, y que una producción abundante y de calidad es siempre una buena noticia que se celebra. Que después el mercado no tenga una demanda suficiente como para colocar todo el producto es algo que puede ocurrir, no es la primera vez y no será la última. En el medio hay un complejo sistema, una cadena que incluye costos de cosecha, de almacenamiento, de transporte y cada uno de estos pasos va sumando para la composición del precio final. Ahora bien, si el tomate no se vende, no estarán los recursos para financiar el funcionamiento de todo eso. Y si la industria no tiene capacidad de comprar ese tomate que no se colocó fresco, ahí además hay un problema de sobre stock.
Aquí hay una nueva red de contención, hay “dos organizaciones que se dedican a la recuperación y distribución de alimentos para poblaciones vulnerables han incrementado su alcance territorial y ampliado las modalidades de recuperación de alimentos”, según consta en el informe Avances del Plan Nacional de Gestión de Residuos, recientemente publicado, accesible a través de la página del Ministerio de Ambiente.
“En 2023, Banco de Alimentos y Redalco lograron rescatar más de 2.100.000 kg de alimentos”. En la misma página de la Red de Alimentos Compartidos, Redalco (redalco.org), estiman que mientras hay en Uruguay más de 250.000 personas que no logran acceder a los alimentos, se desperdician 125 millones de kilos de frutas y verduras al año. “Si logramos rescatar todos los alimentos nutritivos que se desperdician, podemos entregar 3 platos de comida por día a todas aquellas personas que más lo necesitan”. Ahora que sabemos ese dato, esos 2.100.000 no parecen tanto, y mucho menos esos 100 cajones de tomate.
El Artículo 1 de la referida Ley N° 20.177, de Regulación de la normativa sobre donación de alimentos indica que “con el fin de contribuir a satisfacer las necesidades alimentarias de sectores vulnerables de la población, así como al cuidado del ambiente, declárase de interés general el fomento de las donaciones a título gratuito, de alimentos con destino al consumo humano realizadas por parte de operadores, públicos y privados, del sector alimentario”. La norma designa como donantes a los operadores del sistema alimentario y como intermediarios a estas organizaciones y establece que podrán ser objeto de donación a título gratuito “todos aquellos alimentos aptos para el consumo humano, que a la fecha de la donación cumplan con las exigencias y normativa bromatológica vigente, excepto las bebidas alcohólicas”. Los alimentos donados no podrán bajo ningún concepto ser comercializados ni por los intermediarios, ni por las organizaciones que presten asistencia alimentaria, ni por los destinatarios o beneficiarios finales.
Ahora bien, ¿qué está pasando para que si hay una norma, una estrategia, están los actores primarios y secundarios, hay destinatarios necesitando recibir esos alimentos, hay un excedente de alimentos y un productor cuyo impulso primario ante este excedente es desechar el producto? Hay algo que no cierra. Posiblemente haya un problema de comunicación, porque no puede reprochársele al productor su desconocimiento cuando todo un directorio de la gremial de productos desconoce que existe esa Ley, esa estrategia y esas organizaciones. Por ello el pedido de que además de poner toda esa tinta sobre papel se instrumenten las soluciones prácticas que faciliten el funcionamiento de todo el sistema. La misma estrategia prevé metas de corto mediano y largo plazo. Entre las primeras están la instrumentación de un plan de acción, que debió quedar operativo en 2024 y para el 2027 —mediano plazo— se espera reducir “al menos un 20% las pérdida de alimentos en las cadenas de producción de alimentos”, “al menos un 30% las pérdidas de alimentos en las cadenas priorizadas —sector lácteo, frutas y hortalizas y sector avícola— y “al menos un 20% el desperdicio de alimentos en la venta al por menor y a nivel de los consumidores”. Para el largo plazo se espera alcanzar una reducción del 50%. → Leer más