Estamos ya sobre el filo del cambio de gobierno, y en este período se percibe claramente, sobre todo en quienes han apostado al relevo de partidos en el poder, una creciente expectativa respecto a las acciones inmediatas que podría adoptar el gobierno que encabezará Yamandú Orsi. Esto es comprensible de acuerdo con el entusiasmo de cada votante, pues, así como hay quienes conocen la realidad y las dificultades que existen entre lo que se promete y lo que se puede hacer, también hay personas convencidas —o al menos así lo manifiestan— de que todo se reduce a la voluntad de hacer las cosas, dividiendo el mundo entre buenos y malos, naturalmente ubicándose ellos entre los primeros.
Sin embargo, la que manda es la realidad. Es fundamental asumir que nadie puede llevar a cabo una aventura refundacional y que lo importante para el país no es la fotografía del momento, sino la película completa: la continuidad de las acciones de gobierno para obtener respuestas en el mediano y largo plazo. Por más que se desee, no es una buena práctica política ni un beneficio para el interés nacional intentar revertir, cada cinco años, todo lo que se ha hecho, ya sea positivo o negativo.
Por lo menos, esta es la visión que prevalece en los países que trabajan con seriedad, donde se desarrollan políticas de Estado que, salvo ajustes menores, mantienen un rumbo fijo hacia objetivos de bien común, diseñados en áreas estratégicas para garantizar la sustentabilidad del país, más allá de sus vulnerabilidades.
En este período de transición, debido a la renovación de autoridades pertenecientes a distintos partidos e ideologías, todo lo que se diga debe tomarse con cautela, ya que existen visiones político-partidarias, ajustes de cuentas implícitos y también una proyección interesada hacia la opinión pública para favorecer determinadas posiciones, más allá de los eufemismos y discursos oportunistas.
Es importante recordar que la gestión de gobierno sigue una línea de continuidad, lo que hace imposible separar una administración de otra. Las nuevas autoridades asumirán la herencia de sus predecesores, así como estos también recibieron la situación del país con sus aciertos y deficiencias de hace cinco años.
Como mencionamos, es fundamental asumir con responsabilidad que no existen soluciones mágicas para resolver ciertos problemas en apenas cinco años de gestión. En la práctica, este período efectivo se reduce a la mitad o, en el mejor de los casos, a tres años, considerando el tiempo necesario para implementar cambios, designar jerarcas y cargos políticos en los distintos organismos del Estado.
Además, la inminencia de las elecciones departamentales y, posteriormente, de las internas y nacionales, introduce un factor de distorsión. Como indica la experiencia, toda decisión gubernamental debe analizarse desde la óptica político-electoral.
Algunos temas fluctúan según el signo y la ideología del gobierno de turno. Por ejemplo, ya se ha anunciado que el próximo ministro de Educación y Cultura promoverá la reincorporación de los gremios en los consejos de enseñanza, un tema incluido en la LUC y cuya derogación fue rechazada en el plebiscito. Cabe señalar que los gremios docentes ya tienen representación en el Codicen y los consejos, pero no se puede ignorar que son una parte interesada en el tema. La conducción institucional de la enseñanza debe estar en manos del poder político y de los técnicos, mientras que la participación docente debe considerarse como un aporte de consulta y asesoramiento, sin olvidar que los sindicatos defienden intereses sectoriales y no siempre el interés general.
Asimismo, más allá de las expectativas que se generan en cada cambio de gobierno, existen problemas estructurales que se arrastran a través de los distintos mandatos y cuya solución requiere políticas de largo plazo. Estas deben iniciarse en una administración y continuar en las siguientes, lo que implica la necesidad de acuerdos políticos previos sobre políticas de Estado en áreas clave.
Ejemplos sobran de casos en los que una fuerza política ha cambiado de postura al pasar de la oposición al gobierno, porque la realidad impone sus propias reglas. La gestión requiere priorizar el interés general sobre la presión de grupos de interés y colectivos que, en ocasiones, adoptan posturas fundamentalistas.
Un caso paradigmático es el del Frente Amplio, que en su momento se opuso a la Ley de Desarrollo Forestal y a la instalación de fábricas de celulosa. Sin embargo, una vez en el gobierno, cambió de opinión al reconocer la importancia de este sector para la economía, el empleo y las exportaciones. Incluso, mantuvo una postura firme frente al gobierno kirchnerista y los seudoambientalistas que cortaron los puentes internacionales y llevaron a Uruguay a la Corte Internacional de La Haya.
Por otro lado, en su momento, desde la oposición se criticó el proyecto del ferrocarril central, aprobado en la última administración de Tabaré Vázquez, por sus “los aspectos oscuros” y sus costos —cercanos a los 3.000 millones de dólares—. Sin embargo, ya en el gobierno, la perspectiva cambió y se dio continuidad a la obra al reconocer su relevancia para la logística del sector forestal.
Este es el eje sobre el que debe apoyarse el nuevo gobierno, al igual que sus predecesores: actuar en función del interés general y del país, por encima de planteos ideológicos y de las presiones de colectivos y grupos de interés que solo observan la realidad desde su propia óptica. El gobierno que asume ha recibido un mandato soberano en las urnas, y su responsabilidad es gobernar con una visión de largo plazo, dejando de lado las urgencias partidarias y sectoriales en favor del desarrollo del país.
