La Justicia dispuso en la víspera el concurso necesario de Conexión Ganadera y Hernandarias XIII, un embargo por 250 millones de dólares y la designación de un síndico que desplaza a Pablo Carrasco de la dirección de la empresa.
La decisión del juez letrado Leonardo Méndez alcanza a otra de las empresas de Pablo Carrasco, Hernandarias XIII, y el embargo es contra él, su esposa Ana Teresa Iewdiukow Artagaveytia y Daniela Cabral Bilhere, viuda de Ruben Gustavo Basso, el socio de Carrasco que falleciera meses atrás en un siniestro de tránsito.
La empresa, con severos problemas de liquidez y un pasivo muy superior a sus activos, dejó de pagar a más de 4.200 inversionistas tras la crisis que derivó de la caída de otras dos empresas similares, República Ganadera y Grupo Larrarte.
Méndez consideró que en este caso está “acreditado sumariamente” que Pablo Carrasco, su esposa Ana lewdiukow y la viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral, son personas “estrechamente vinculadas a la administración” de la empresa y que “tenían conocimiento del estado de insolvencia de las deudoras”. A su vez, luego de que ellos aceptaran el concurso, “surge evidente que el activo no resulta suficiente para satisfacer el pasivo”.
A su vez, designó como síndico a quien hasta el momento oficiaba de interventor provisorio: Alfredo Ciavattone. Con este fallo, las autoridades de Conexión Ganadera quedan oficialmente desplazadas.
El contador contratado por Conexión Ganadera para gestionar la salida de la crisis había dicho a fines de enero que el concurso era necesario “ayer”.
CIERRE DE FRONTERAS
La jueza Diovanet Olivera dispuso en una audiencia judicial la extensión del cierre de fronteras para Carrasco, Iewdiukow y Cabral por 180 días. Lo hizo a pedido del fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, pero los abogados de los investigados no se opusieron.
Rodrìguez indicó que hay 52 denuncias en trámite y explicó que hay que “desenredar esta madeja tan compleja que se está denunciando”. La “empresa podría haber llegado a manejar un volumen mayor a 400 millones de dólares”, por lo que presumen que tienen la “posibilidad económica para abandonar el país”.
Los abogados de los investigados, Jorge Barrera (por Carrasco y su esposa) y Pablo Donnángelo y Eduardo Sasson (por Cabral) aceptaron lo solicitado. Barrera informó que se presentó documentación en la Justicia de Concurso por la que su cliente acepta el concurso de la empresa.
Barrera argumentó que siempre buscarán que se cumplan “los principios del debido proceso” y remarcó que “no se puede tomar ninguna medida más allá de la que prevé nuestra legislación”. Como en este caso la solicitud del fiscal estaba prevista en la ley, aceptaron que se imponga. A su vez, dijo que si bien el plazo de seis meses podría parecer excesivo, es cierto que considerando que hay múltiples denuncias para analizar, ello era atinado.
Donnángelo habló en nombre de Cabral y dijo que aunque cree que las medidas son “innecesarias” porque su clienta está pasando “un momento muy duro” por el fallecimiento de su esposo y “pocas ganas tiene de salir a recorrer el mundo”.
INCAUTACIÓN DE CELULARES
El abogado de ahorristas Juan Pablo Decia, secundado por Nicolás Pereyra, pidió a la jueza Olivera que le incautara el celular a los investigados para evitar que haya “trasiego de ganado”.
Aunque, aseguró, ya existió, existe y seguirá existiendo si no se tomara esta medida. Su intención al solicitarla, dijo, era “evitar que se siga acrecentando el daño y los efectos civiles del delito. Son acciones que pueden entorpecer la investigación, sostuvo Decia.
Sin embargo, tras la intervención del fiscal Rodríguez –quien dijo que esa medida es competencia suya, que aún no estaba en sus planes tomarla pero que estaba abierto a que los abogados hagan sus peticiones en Fiscalía–, de Barrera y Sasson, la jueza Olivera negó la solicitud. Lo fundamentó en que el artículo 260 del Código del Proceso Penal es claro en que durante la investigación el imputado, su defensor y la víctima podrán solicitar al fiscal todas aquellas diligencias que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos investigados, si fuese necesaria su intervención. El fiscal ordenará aquellas que estime conducentes”, dijo citando el artículo.
A su vez, Sasson había remarcado que los 19 abogados que se presentaron en audiencia no están formalmente designados en la causa, por lo que no estaban en condiciones de realizar peticiones.
Por su parte, Barrera reiteró el concepto de que “dentro de la ley, todo, y fuera, nada”. Profundizó en que una vez declarado el concurso, “el riesgo del trasiego de ganado” no estará porque las autoridades serán desplazadas. También coincidió con Rodríguez en que si algún material fuera eliminado, hoy en día se cuenta con herramientas técnicas como para poder recuperarlo.
