Cada vez que el Frente Amplio ha sido gobierno, ha atravesado un debate interno sobre la pertinencia de suspender el cobro de las Asignaciones Familiares a quienes no envían a sus hijos a los centros educativos. Es importante recordar que, bajo su primer gobierno, se aprobó y reglamentó en 2007 la Ley N.º 18.227, que establece el “Nuevo Sistema de Asignaciones Familiares a menores en situación de vulnerabilidad”. El artículo 6.º, inciso C, establece que el beneficio se otorgará “hasta los 18 (dieciocho) años de edad del beneficiario, siempre que curse estudios de nivel superior a la educación primaria en instituciones de enseñanza estatales o privadas autorizadas por el órgano competente”.
La ley aprobada durante la gestión de Tabaré Vázquez se implementó recién durante la presidencia de José Mujica. En 2013, el Ministerio de Desarrollo Social, el Banco de Previsión Social y la ANEP comenzaron a cruzar datos para suspender el beneficio a las familias que no enviaran a sus hijos a la escuela. La normativa también establece que deben cumplirse los controles periódicos de asistencia médica.
En los años sucesivos, incluso durante el gobierno de coalición, se implementó esta medida, y se evidenció una mayor vinculación de los estudiantes con sus centros educativos.
Hoy, bajo la presidencia de Yamandú Orsi, se están discutiendo las condiciones en las que se ofrecerá este beneficio. La polémica nuevamente gira en torno a si se mantendrá o eliminará la exigencia de que los padres inscriban y envíen a sus hijos a clases.
Hasta el momento, solo se conocen las opiniones del presidente Orsi y del Ministro de Economía, Gabriel Oddone. Las demás autoridades, como el Mides, se han comprometido a analizar los resultados de las medidas adoptadas en administraciones anteriores. Sin embargo, en la página web de dicho ministerio aún se afirma que “incentivar la permanencia de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo” es uno de los “objetivos” de las asignaciones.
El presidente y el ministro dijeron durante la última campaña electoral que las Asignaciones Familiares dejarían de funcionar dentro de un sistema de contraprestaciones. Es decir, Orsi, en su calidad de candidato, propuso eliminar la contraprestación de la obligatoriedad de estar escolarizados para recibir el beneficio.
La exministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, fue una firme defensora de eliminar estas contraprestaciones. Ella sostenía que la suspensión del beneficio por ausentismo escolar profundizaba la pobreza en los hogares más vulnerables. Esta medida se retomó durante la tercera presidencia frenteamplista y segunda de Tabaré Vázquez, en 2016. En cuanto a los números, la cantidad de suspensiones ha ido disminuyendo de forma sostenida. En 2013, se suspendieron unos 32.000 beneficios, cifra que aumentó a aproximadamente 51.000 al año siguiente. A julio del año pasado, se registraron algo más de 5.000 suspensiones. La excepción fue el año 2020, debido a la pandemia de COVID-19. La discusión que ha quedado pendiente es sobre la efectividad de las políticas sociales en una población que aún enfrenta carencias. Las trayectorias educativas se interrumpen tanto como los ingresos económicos, por lo que las evaluaciones deben ser integrales.
En este contexto, Orsi expresó en una entrevista televisiva durante la campaña presidencial que “el componente de la retribución ya no se discute más. Hay que terminar con eso. No tiene sentido, porque se descalza a una parte de la población. No le pidas algo que no puede dar”. A pesar de todo, sigue registrándose un alto ausentismo escolar, que ha alcanzado niveles críticos. Los estudiantes faltan un promedio de 180 días al año, y esta cifra no se refiere exclusivamente a los sectores más empobrecidos o rezagados académicamente.
El año pasado, la asistencia a clases durante 141 días, considerado un nivel “suficiente”, alcanzó al 82% de los estudiantes, pero no llegó a la meta del 90%.
Por lo tanto, no es una medida aislada, como la suspensión de las Asignaciones Familiares, la que logrará que las familias asuman la responsabilidad de enviar a sus hijos a la escuela todos los días. Lo que se necesita es un conjunto de medidas que combatan tanto la cantidad de faltas como la deserción escolar.
Este panorama refleja un claro declive en los últimos años, resultado de la falta de decisión de varios gobiernos para implementar medidas más complejas. Estamos hablando de poblaciones que dependen del factor educativo para mejorar su situación social y su desarrollo humano.
La futura directora general de Educación Primaria, Gabriela Salsamendi, señaló que “no hay mucho que se pueda hacer si los niños no van a la escuela, y lo que es peor, hay más riesgos cuando permanecen en casa”. Es decir, el diagnóstico técnico y territorial está claro desde hace muchos años, pero los resultados siguen siendo insatisfactorios.
Por lo tanto, si vuelve a plantearse este debate, debería enriquecerse y centrarse en si la Asignación Familiar sirve como estímulo para la revinculación escolar, el aprendizaje y el egreso de los estudiantes.
De lo contrario, solo estaríamos discutiendo lo mismo una vez más, para desviar la atención. Cabe recordar lo ya mencionado en esta misma página sobre el “problema grave” del ausentismo “generalizado” en la educación secundaria básica en Uruguay, constatado por Unicef, que enciende “señales de alerta” sobre el futuro desarrollo de los jóvenes. Este problema sigue afectando a los estudiantes provenientes de los sectores más vulnerables y mantiene sus trayectorias educativas en rezago. En definitiva, suspender o no el beneficio de las Asignaciones Familiares no cambiará las estadísticas ni mejorará los niveles educativos de los sectores de la población que siempre han necesitado una mayor profundización de las políticas. No se trata de una cifra aislada o un número fuera de contexto, sino del futuro del país, su desarrollo y la atención que se dé a la infancia y la adolescencia.