(El País)
Luego de una semana plagada de amenazas de bomba, tanto a centros comerciales como estudiantiles, dos personas fueron detenidas y pasaron este viernes por la Justicia. Un hombre de 32 años, guardia de seguridad, fue condenado mediante proceso abreviado, mientras que una mujer de 36 fue imputada y esperará en arresto domiciliario el transcurso del caso.
La audiencia se realizó sobre el mediodía del viernes. Por allí pasaron los dos involucrados, ambos sin antecedentes, que se encontraban trabajando en centros comerciales al momento en que se realizaron evacuaciones.
En el caso del hombre, se desempeña como guardia de seguridad para una empresa privada contratada y de su celular se llamó al Montevideo Shopping, mientras que la mujer trabaja en un local del Punta Carretas Shopping.
Los desencuentros comenzaron al inicio de la audiencia, cuando la abogada de la mujer se opuso a su detención, asegurando que del pedido de Fiscalía “no se desprenden los elementos necesarios y no hubo ni siquiera una mera evidencia”.
El fiscal de Flagrancia de 15.º Turno, Raúl Iglesias, relató primero los hechos por los cuales se individualizó al guardia y se remontó a semanas atrás. El 17 de febrero, ingresó un llamado a la Seccional N.° 8 alertando por un artefacto explosivo en el sanatorio de Casa de Galicia ubicado en la avenida Millán.
Ante ese llamado, se activó un protocolo de seguridad en conjunto con Bomberos, quienes concurrieron con un camión y realizaron un “importante despliegue”. Luego de inspeccionar el lugar se determinó que se trataba de una falsa alarma. “Está de más decir que genera alarma pública e importantes perjuicios para el personal que trabaja allí y quienes están internados”, dijo Iglesias durante la audiencia.
El 24 de febrero volvió a reportarse un episodio similar. Tanto en estos casos como en el del 22 de marzo, en el que debió evacuarse el Montevideo Shopping, se pudo determinar que la llamada partió del celular del imputado. La llamada fue idéntica al caso de Casa de Galicia.
Por otra parte, Iglesias relató que, por su parte, la mujer llamó al 911 para alertar de dos personas a las que describió con detalle, diciendo que tenían un bolso y que estaban hablando sobre poner una bomba. “Es una mentira flagrante”, aseguró el fiscal que agregó que en las filmaciones no se pudo constatar la existencia de estas personas.
La defensa de la imputada volvió a oponerse, asegurando que ella se dirigía al baño cuando escuchó a dos jóvenes que subían por la escalera mecánica riendo y comentando lo que había ocurrido el día anterior en el Montevideo Shopping, a la vez que decían “vamos a hacer lo mismo acá”. Según su versión, llamó al 911 para advertir sobre lo que había escuchado, y que de ese aviso “no se desprende una amenaza”.
El fiscal nuevamente hizo énfasis en la falta de exactitud en el relato. “Hay que enviar un mensaje muy contundente a la ciudadanía de que no se pueden permitir estas acciones que generan un gran perjuicio”, argumentó ante el juez mientras solicitaba la prisión preventiva, que no fue otorgada.
Finalmente, la mujer fue imputada por simulación de delito en concurso formal con un delito de violencia privada, debiendo cumplir con 45 días de arresto domiciliario total. Por su parte, el guardia aceptó un acuerdo abreviado y fue condenado a seis meses de libertad a prueba por reiterados delitos de violencia privada en concurso formal con reiterados delitos de simulación de delito. Deberá fijar domicilio, concurrir a la seccional y hacer dos horas de trabajo comunitario semanal hasta el final de su condena.
PRIMERA REUNIÓN DE LA JUNTA NACIONAL DE DROGAS
(PRESIDENCIA)
Este viernes, en Torre Ejecutiva, se realizó el primer encuentro de la Junta Nacional de Drogas, que estuvo a cargo del prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz. Tras la reunión, el secretario general del organismo, Gabriel Rossi, informó que se reorganizarán los recursos con los que se cuenta, y se enfatizará en la prevención y el tratamiento en torno al consumo problemático de drogas.
En posteriores declaraciones a los medios periodísticos, Gabriel Rossi valoró la reunión como “un hecho político muy importante”, que sucede, además, a menos de un mes de iniciada la presente Administración. Resaltó la presencia de todos los subsecretarios en el encuentro y dijo que esto demuestra la voluntad del gobierno de abordar la temática vinculada a las drogas en forma aunada.
Asimismo, explicó que la entidad trabajará con el Ministerio de Salud Pública en lo referente al uso problemático de sustancias legales e ilegales y también destacó la importancia de no asumir que todos los casos se corresponden con una situación de adicción, ya que no es lo que se observa la mayoría de las veces.
MODIFICAR REGLAMENTACIÓN SOBRE OCUPACIONES
(CANAL 5)
El Ministerio de Trabajo prepara un nuevo decreto para modificar la reglamentación vigente sobre ocupaciones de lugares de trabajo y su desalojo. La iniciativa busca corregir el decreto 281, aprobado en el período anterior. El nuevo decreto mantendrá el derecho a la huelga y garantizará que quienes deseen trabajar puedan hacerlo. “Tiene que en primer lugar privilegiar el ámbito de diálogo, lo que no puede coartar es el diálogo”, sostuvo el ministro de Trabajo, Juan Castillo.
Agregó que Uruguay es un país democrático en el que todos tienen derechos y enfatizó que el derecho a la huelga no puede verse limitado, ya que “no se condice con la propia Organización Internacional del Trabajo, que otorga ese derecho a los trabajadores”.
En la actualidad, la normativa establece que, ante una ocupación, el Ministerio de Trabajo debe concurrir junto con la Policía para desalojar de inmediato. La modificación propuesta elimina esa obligación.