A comienzos de este año, el desempleo juvenil en Uruguay aumentó y, desde enero, afecta al 25,4% de los jóvenes entre 14 y 24 años. Esta situación se repite en el resto de los países de América Latina y constituye un tema central en los discursos de las campañas electorales. En su reciente informe “Juventud en cambio: desafíos y oportunidades en el mercado laboral de América Latina y el Caribe”, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) alerta sobre el incremento de la brecha y la imposibilidad de un desarrollo humano, económico y social con estos indicadores.
El escenario no es novedoso; se trata de una problemática histórica que se ha repetido durante décadas. A pesar de los planteamientos en las campañas electorales, las diversas ideologías que han gobernado el continente han enfrentado el mismo flagelo. Administración tras administración, se han implementado políticas que no van más allá del asistencialismo con transferencias monetarias.
Las grandes transformaciones naufragan ante el temor al cambio, que comienza en la clase política y se extiende a los votantes, convirtiéndose en un botín electoral que perpetúa la problemática y se refleja en cifras que, por ahora, solo sirven para encabezar los noticieros.
El índice de desocupación en este segmento juvenil, tres veces superior al de los adultos, evidencia las vulnerabilidades de un mercado laboral que ha evolucionado, pero sin ofrecer oportunidades equitativas. La cuestión es si el problema radica en el mercado laboral global o en la falta de estrategias efectivas en las políticas públicas uruguayas, marcadas por el temor a las transformaciones sociales, en especial en el ámbito educativo.
Cada vez que se ha intentado debatir sobre la necesidad de educar para el empleo futuro, la discusión ha fracasado. Mientras tanto, han pasado las décadas y los gobiernos, limitándose a constatar la realidad a través de frías estadísticas.
Dentro de este universo juvenil, las mujeres son las más afectadas. A pesar de las crecientes reivindicaciones de género, sobran las explicaciones y faltan acciones concretas para mejorar sus condiciones laborales. Según el informe de la OIT, “la gran mayoría de las personas jóvenes que no estudian ni trabajan remuneradamente son mujeres, cuyas responsabilidades de trabajo doméstico y otras formas de cuidado no remunerado obstaculizan su inserción laboral con empleo decente”.
La brecha entre las competencias adquiridas en el sistema educativo y las demandas del mercado laboral sigue ampliándose. Sin una formación adecuada, los jóvenes continúan enfrentándose a dificultades para acceder a mejores oportunidades.
Mientras tanto, los gobiernos pierden tiempo en debates parlamentarios, ajenos a una realidad que está a la vista de todos. Por otro lado, las nuevas formas de empleo, como el trabajo a distancia, presentan ventajas en términos de flexibilidad, pero también generan dificultades regulatorias para evitar la precariedad y la informalidad. En Uruguay, esto dio lugar a un prolongado debate político que culminó en la aprobación de una ley. Sin embargo, la normativa prioriza los acuerdos individuales y omite aspectos fundamentales, como las condiciones de seguridad e higiene, que con el tiempo podrían convertirse en un problema.
Paralelamente, Uruguay sigue discutiendo las condiciones de su sistema de seguridad social en el marco de una reforma en curso. Sin embargo, estas discusiones no captan el interés de una población jóven con baja participación sindical.
Las actuales propuestas gubernamentales buscan incentivar al sector empresarial para incluir a jóvenes y mujeres en sus plantillas. Sin embargo, la baja aceptación y confianza en estas iniciativas refleja su limitada efectividad en administraciones anteriores. En un país con marcadas diferencias entre sus regiones, no es viable aplicar una misma medida en la zona metropolitana y en el litoral. Por ejemplo, en Paysandú, el sector comercial representa una fuente importante de empleo, pero está sujeto a la volatilidad de las ventas, influenciadas por la realidad fronteriza.
El informe de la OIT sugiere ampliar los sistemas nacionales de cuidado para reducir las barreras que enfrentan las mujeres jóvenes en su acceso al mercado laboral. Sin embargo, su implementación dependerá de la asignación de recursos presupuestarios, no solo para la infancia, sino también para el cuidado de adultos mayores.
Las perspectivas para este y el próximo año no son alentadoras. Se proyecta un crecimiento económico del 2,5% en 2025 y del 2,4% en 2026, lo que limitará la generación de empleo. A nivel regional, la dinámica económica de los principales socios de Uruguay, como Argentina y Brasil, será determinante. Si Argentina logra despegar, sectores como el turismo y el comercio bilateral podrían beneficiarse a corto plazo. No obstante, persisten dudas sobre su estabilidad cambiaria, lo que mantiene la incertidumbre, especialmente en los departamentos fronterizos con Brasil. En términos generales, la economía uruguaya mantiene un ritmo moderado mientras los jóvenes crecen, se desarrollan y forman sus familias en contextos que han cambiado poco en décadas. De esta situación surge una desigualdad persistente, con vulnerabilidades que afectan a las mismas poblaciones desde hace al menos treinta años, cuando comenzaron a publicarse estos informes.
Durante todo este tiempo, los jóvenes se han convertido en adultos sin haber accedido a mejores oportunidades, salvo en casos amortiguados por planes sociales. Como consecuencia, la pobreza se multiplica y su impacto es claramente visible en el país.