En el marco del Día Internacional de Lucha contra el Maltrato y Abuso Sexual hacia Niñas, Niños y Adolescentes, que se conmemora cada 25 de abril, Uruguay reafirma la incapacidad de su Estado para implementar políticas públicas efectivas que garanticen que esta población —cada vez más reducida en un país envejecido— crezca en ambientes libres de violencia.
Este panorama, que se repite y se agudiza en cada informe anual presentado por el Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia (Sipiav), exige un compromiso institucional y comunitario firme. De lo contrario, continuarán siendo solo cifras y relatos que ocupan los titulares de los medios de comunicación. Y esto ocurre cada año.
El informe correspondiente a 2023, presentado el año pasado, destacó un incremento en los casos de violencia hacia niños y adolescentes. Según las autoridades del Ministerio del Interior de entonces, el 87% de los casos fueron detectados en “fase crónica”. En promedio, se atendieron 22 situaciones diarias, dos más que en 2022. El 54% de las víctimas fueron mujeres, y se destacó una “violencia instalada”, según el Sipiav.
Cabe señalar que, según este sistema, se están registrando solo los casos detectados y en los que se puede intervenir. Es decir, existe un subregistro de situaciones no denunciadas o que no llegan a ser conocidas.
En muchos casos, las víctimas no reconocen que están expuestas a un entorno de violencia debido a la naturalización de un fenómeno que afecta a todas las edades, aunque es más prevalente en el grupo etario de 13 a 17 años.
Veamos lo ocurrido en 2024, según lo presentado por las autoridades del Poder Ejecutivo y el Sipiav el pasado viernes. En el último año, se atendieron 8.924 casos de violencia contra menores, lo que representa 797 casos más que en el informe anterior. Esto equivale a 24 situaciones diarias, dos más que en 2023.
La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, dimensionó el problema con cifras y comparó que en 2011 hubo solo 824 intervenciones, cifra que actualmente se ha multiplicado por diez. Hace más de una década, el subregistro era aún mayor, pero desde la creación del Sipiav —vigente por ley desde 2019— es posible hacer un seguimiento detallado de esta problemática que sigue en aumento año tras año.
La ministra se comprometió a implementar equipos de reparación de daños en cada departamento y reconoció que hay mucho por avanzar en una sociedad que aún entiende la violencia como una forma válida para resolver conflictos.
Un aspecto crucial es que el 90% de las personas agresoras detectadas son familiares o personas que forman parte del entorno cercano de los niños y adolescentes afectados.
De acuerdo con el registro de los últimos años, el maltrato emocional sigue encabezando las estadísticas con un 39% de los casos, seguido por el abuso sexual con un 22%, la negligencia con un 21%, el maltrato físico con un 16%, y la explotación sexual con un 2%.
Los análisis y diagnósticos de estas circunstancias, elaborados durante años, llegan siempre a las mismas conclusiones: se requieren políticas públicas e inversiones sostenidas a largo plazo, un enfoque integral de la problemática y un cambio de paradigma en la percepción de la violencia, promoviendo además una cultura de buen trato.
El maltrato y abuso sexual infantil en Uruguay no difiere significativamente de otros países de la región. Por ejemplo, se estima que dos de cada tres niños y adolescentes en América Latina han experimentado algún tipo de violencia. La naturalización de estos casos, los factores socioeconómicos y la falta de acceso a la justicia por parte de esta población solo agravan los hechos que posteriormente se reflejan en los informes. Y esto sigue ocurriendo año tras año.
Si la conclusión es que “la situación es alarmante”, entonces es necesario explicar por qué, a pesar de los avances normativos —algunos de ellos pioneros en América Latina— las cifras siguen aumentando.
Veamos algunos ejemplos: la Ley 17.815, aprobada en 2004, tipifica la explotación sexual infantil como delito penal. La Ley 17.559, de 2003, ratifica el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil. En 2009, la Ley 18.561, o Ley de Acoso Sexual, tipifica el acoso sexual en el ámbito laboral y educativo, estableciendo sanciones y procedimientos para su denuncia y prevención.
La Ley 19.580, aprobada en 2017, establece un marco integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género, reconociendo diversas formas de violencia y estableciendo medidas de prevención, protección y reparación. En 2018, esta ley modificó el Código Penal, estableciendo penas más severas para el abuso sexual, especialmente cuando la víctima es menor de 15 años. Además, la Ley 19.747, de 2019, creó el Sipiav, un sistema interinstitucional para prevenir, atender y reparar situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes.
No obstante, en Uruguay el delito de abuso sexual prescribe, lo que representa una seria limitación para las víctimas. Además, enfrentan la falta de recursos y deben recurrir a profesionales que no siempre cuentan con la capacitación necesaria en este ámbito. La ausencia de protocolos claros expone a las víctimas a una segunda forma de violencia: la revictimización.
Los resultados anuales de los informes del Sipiav demuestran que los avances legales no han sido suficientes, ya que las prácticas violentas siguen estando naturalizadas, no solo en la sociedad, sino también dentro de las instituciones, entre las distintas gestiones de gobierno.
Por eso, no basta con la indignación. Este panorama exige una acción más decidida y comprometida, que seguramente implicará mayores complejidades que repetir año tras año que este problema es “alarmante”.
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