La presidente de la Mesa Política Paysandú del Frente Amplio, Gabriela Fallini, y los tres candidatos a la Intendencia, Guillermo Caraballo, Mario Díaz y Natalia Martínez, patrocinados por Federico Álvarez Petraglia presentaron denuncia penal ante las declaraciones del exsecretario general Andrés Klein en EL TELEGRAFO y en radio Felicidad.
“Comparecemos a poner en su conocimiento hechos con apariencia delictiva, a efectos de que se adopten las medidas de instrucción necesarias para su esclarecimiento”, indican en el escrito presentado ante el Fiscal de turno. Esta instrucción sería paralela y ampliatoria a la que estableció tras conocerse las declaraciones de Klein el fiscal Joaquín Suárez (solo sobre el hackeo), quien ya entrevistó al exsecretario general como testigo y ordenó una serie de toma de declaraciones a funcionarios municipales.
Tras exponer lo declarado por Klein los denunciantes piden que se tome declaración como testigos a la intendente Nancy Núñez, al senador Nicolás Olivera, al diputado Fermín Farinha, al director de Administración, Martín Thomasset y al propio Andrés Klein.
Corresponde aclarar que Olivera, Farinha y Núñez no tienen obligación de comparecer personalmente. Podrán elegir hacerlo en sus domicilios o sus despachos y la audiencia no será pública.
La denuncia penal se basa en varios temas, tomando las declaraciones a la prensa por Andrés Klein. En cuanto al hackeo –en el escrito se lo identifica como “presunto hackeo”– que sufrió la Intendencia en julio de 2024, “el ex jerarca puso en duda su origen, y dio a entender que detrás del mismo existiría alguna intencionalidad”.
En el mismo tema se hace hincapié en que “aseveró que existía un informe técnico que presuntamente podría confirmar esa intencionalidad, generando en estos comparecientes una profunda alarma”.
También se destaca que según Klein, “cuando hablaba con los funcionarios de la Intendencia sobre el hackeo, de cada 100, 99 se le ‘mataban de risa’ en cuanto a cómo había sucedido el mismo, dando a entender que todos creían que había sucedido algo ‘extraño’, por decir lo menos”.
“Como se comprenderá –se indica en el escrito–, en la hipótesis no solo se ha ocasionado un daño de grandes dimensiones con el borrado de información de deudas tributarias, contratos con particulares, entrega de materiales, pago a proveedores”, también se tuvo que pagar para recomponer el sistema informático afectado, que según lo “manifestado el exintendente Nicolás Olivera se habían gastado más de 300.000 dólares en ello”.
“El exjerarca dice en entrevista en el diario EL TELEGRAFO del día 23 de abril que ese borrado se produce una semana después del tema de las horas extras de (la Intendencia de) Artigas, llamando aún más la atención en cuanto a la posible intencionalidad de que se quisiera borrar alguna prueba vinculada a un presunto ilícito”.
“También dijo Klein que funcionarios municipales eran obligados a concurrir a la sede de la Lista 51 del Partido Nacional, orientada por Nicolás Olivera, donde se les pasaba lista y si no concurrían, eso traía consecuencias para cargos o ascensos futuros, agregando que él conocía a la persona que controlaba la asistencia”.
Asimismo, en radio Felicidad, Andrés Klein informó de una presunta irregularidad ocurrida cuando el mismo era secretario general y Nancy Núñez intendente. “Dijo que la Intendencia de Paysandú había sido objeto de hurtos de comida en los comedores municipales, y que habían separado del cargo a varios funcionarios. Ahora bien, a pesar de ese hecho delictivo, de sus palabras emerge que no radicaron la denuncia penal correspondiente”.
Fallini, Caraballo, Díaz y Martínez aseguran en su presentación ante Fiscalía que “lo relatado es de suma gravedad, encontrándonos con un jerarca que era el número dos de la Intendencia, el que informa a la población de la comisión de hechos gravísimos, que afectan a la propiedad del Estado, a la libertad de funcionarios públicos y a los dineros de todos los sanduceros, todo lo cual amerita que se adopten en forma urgente medidas instructoras para esclarecer estos hechos”.
