Transcurridas las elecciones internas, se ha cumplido la última instancia del ciclo electoral que los uruguayos nos hemos dado, conforme a la reforma que introdujo modificaciones sustanciales al régimen anterior. Hasta entonces, los ciudadanos votábamos una sola vez cada cuatro años en un único acto electoral, eligiendo simultáneamente autoridades nacionales y departamentales. Esta modalidad impedía, por ejemplo, optar por un candidato de un partido para el gobierno nacional y otro, de distinta afiliación, para el departamental. Durante décadas, esta rigidez fue un corsé para el elector, que solía ver supeditado el destino del departamento a la competencia por el gobierno nacional.
La reforma introdujo, entre otros aspectos, un calendario con múltiples convocatorias: elecciones internas, nacionales, eventual balotaje y finalmente las departamentales, como las recientemente celebradas. Este nuevo esquema establece un período de casi un año en el que los ciudadanos concurren cuatro veces a las urnas, a diferencia del sistema anterior que concentraba todo en una sola instancia.
Uno de los principales beneficios de este nuevo modelo es la separación temporal entre las elecciones nacionales y departamentales. El tiempo ha confirmado el acierto del cambio: permite al votante definir primero su preferencia para la Presidencia de la República y luego, de forma independiente, elegir a sus autoridades departamentales.
Los resultados sucesivos, especialmente los de Paysandú, ilustran con claridad la diferencia en la mirada del ciudadano hacia lo nacional y lo local. En el sistema anterior, esa perspectiva departamental quedaba diluida. El elector se veía obligado a elegir entre votar por una lista nacional o una departamental —sin posibilidad de “cruzar” el voto— o, en su defecto, anular su participación.
Una evaluación criteriosa y objetiva de los resultados indica, sin lugar a dudas, que esta reforma ha sido positiva. Los ciudadanos distinguen claramente entre las prioridades de lo nacional y lo departamental. Paysandú es un ejemplo paradigmático: en octubre, la coalición de izquierdas obtuvo la mayoría a nivel nacional, mientras que meses después el Partido Nacional logró una histórica victoria en el departamento, con una ventaja de más de 23.000 votos.
Por supuesto, estas diferencias no se explican únicamente por la estructura del calendario electoral. Inciden también la evaluación de gestiones anteriores, las expectativas, los candidatos y el desarrollo de las campañas, entre otros factores. Sin embargo, más allá de estas variables, los hechos demuestran que en el plano departamental el ciudadano pondera aspectos que no necesariamente coinciden con su visión del escenario nacional.
Ahora bien, al analizar el plano de la gestión, especialmente en lo que respecta a una descentralización efectiva, persiste un problema estructural. Aunque se ha otorgado a los electores del interior del departamento la facultad de elegir a sus autoridades municipales, estos gobiernos siguen dependiendo de los recursos asignados por el Ejecutivo departamental. Esta dependencia ha generado reiteradas quejas por parte de las alcaldías ante la demora o insuficiencia en la entrega de fondos.
En consecuencia, la descentralización continúa siendo más formal que real. Todo depende, en última instancia, de la voluntad del Ejecutivo departamental, situación que se agrava cuando los gobiernos pertenecen a partidos distintos. Esta realidad demuestra la necesidad de introducir correctivos normativos que garanticen una autonomía efectiva, y no meramente declarativa, de los municipios.
Desde una óptica electoral, también han surgido cuestionamientos sobre la seguidilla de comicios. Si bien se reconocen los beneficios de poder diferenciar cada instancia electoral, el hecho de dedicar casi un año a campañas sucesivas puede resultar excesivo, especialmente para quienes no participan activamente en política ni tienen un interés especial en ella.
También es cierto que existen diferencias culturales. En algunos países europeos, se celebran frecuentes plebiscitos sobre los temas más diversos, y ello es considerado natural y deseable. Sin embargo, en nuestro contexto, ya se ha mencionado en más de una oportunidad el “hartazgo” ciudadano y la necesidad de acortar el ciclo electoral. Una propuesta recurrente, por ejemplo, es adelantar las elecciones departamentales a marzo en lugar de mayo.
No obstante, al proponer reformas —especialmente en materia electoral— es fundamental asegurar que respondan al interés general. Si bien muchas iniciativas son presentadas con honestidad y voluntad de mejora, también existen casos en los que se busca obtener ventajas políticas. No sería la primera vez.
La consigna, por tanto, debe ser no legislar “al grito”, sino analizar con detenimiento los pros y contras de mantener el sistema actual o introducir cambios, sabiendo que, como suele decirse, cada quien evaluará según cómo crea que le irá “en la feria”.
