En varias ocasiones nuestra página editorial se ha referido a la problemática del narcotráfico y la forma en que esta modalidad delictiva penetra el tejido social y lo corrompe, en gran parte debido a su poder económico que comprende todos los niveles socio económicos sin excepciones. Todos los días (y cada día sin excepción) la delincuencia ligada a los narcotraficantes avanza sobre nuevas áreas de la sociedad y actualiza sus modalidades operativas para ser más eficientes, más eficaces e invariablemente más mortales. Si para muestra basta un botón recordemos el año 2007 cuando el entonces fiscal general de la Nación Jorge Díaz (hoy prosecretario de la Presidencia de la República) advertía sobre la posibilidad de que en Uruguay se instalara el delito de sicariato, hasta entonces inexistente “porque no se había juntado la oferta con la demanda”. “En aquella instancia se nos trató de alarmistas, de que queríamos la autoprofecía cumplida. Pero la realidad es que poco tiempo después el sicariato se instaló en Uruguay”, remarcó el fiscal general. Poco a poco y de manera inexorable el Estado Uruguayo fue abandonando el cumplimiento de sus deberes y cediendo espacio al narcotráfico. Aquellos polvos trajeron estos lodos.
Recientemente el semanario “Búsqueda” difundió un artículo publicado en el año 2024 por el coronel retirado del Arma de Infantería del Ejército Nacional y magíster en Estrategia Nacional, Gustavo Vila. En ese documento Vila advertía que “los Estados fallidos y frágiles son aquellos incapaces de controlar su territorio, ejercer el estado de derecho y cumplir con sus obligaciones jurídicas internacionales. Cuando una crisis se agrava, ocasionalmente el Estado se repliega y las organizaciones criminales van controlando gradualmente ciertas partes del territorio; de no revertirse el proceso el Estado se va convirtiendo en un Estado Frágil o Fallido. En el caso de Uruguay la acción del Crimen Organizado Transnacional (COT) y las organizaciones locales, particularmente aquellas vinculadas con el narcotráfico, disputan al Estado el monopolio de la violencia y compiten por el control de los espacios y la población. En caso de prolongarse en el tiempo estas situaciones, existe potencial para el desencadenamiento de un proceso que lleve al abandono definitivo de territorio y población, con pérdida de legitimidad del gobierno nacional y la configuración de un Estado Fallido/Frágil. (…) En Uruguay no es posible afirmar que el COT y en particular el narcotráfico no haya penetrado la estructura de los partidos políticos y el Estado, y si ello aún no ocurrió es probable que pueda ocurrir en el corto o mediano plazo. Los casos Morabito, Marset o Astesiano, son alertas que cualquier gobierno debería tener en consideración”.
Como si ello fuera poco, Vila sostiene que “La feudalización criminal y el retroceso del Estado se dan en un contexto complejo caracterizado entre otros aspectos por el aumento de la mayoría de los delitos (entre ellos los homicidios); amenazas de muerte a magistrados; atentados con granada contra la sede de una unidad encargada de la lucha contra el narcotráfico en la zona de el Prado; deficiencias en la lucha contra el lavado de activos; dilatorias del sistema político para aprobar una ley que busca transparentar la financiación de los partidos políticos; entre otros. (…) Cuando las ambulancias, los ómnibus, los taxis, los repartidores de alimentos y bebidas, el correo, o los funcionarios que toman los consumos de agua y electricidad no entran a un barrio, cambian su recorrido habitual, o lo hacen con escolta policial, algo está muy mal. Y cuando comienzan a sucederse los desalojos forzosos de viviendas y la ocupación de las mismas por personas que no son sus dueños, o existen ajustes de cuentas en las puertas de las seccionales policiales, hay algo que está tremendamente mal… Y eso es lo que hoy está pasando en muchas zonas de Uruguay: el Estado se está replegando y está perdiendo el control de los espacios públicos en ciertas áreas del territorio”. Estamos hablando de Colombia en los años ‘80 sino de nuestro país en este mismo momento.
En forma simultánea, avanza en Uruguay un modelo cultural alternativo basado en la defensa, la promoción y la admiración por los narcotraficantes. Un negocio sangriento que esclaviza personas, asesina sin miramientos y destroza la vida de los consumidores de droga y de sus familias, se ha transformado en un modelo de vida para muchos niños y jóvenes y no solamente en los barrios marginados sino también en aquellos en los cuales los ingresos por persona son más elevados. En efecto, estamos asistiendo a la imposición de la narcocultura, la cual es adoptada no sólo por aquellos que se dedican al narcotráfico sino también por personas ajenas al mismo.
Con tamaños antecedentes, no resulta extraño que Uruguay se encuentre en una delicada situación, deslizándose lentamente a una situación que muchos países ya conocen por experiencia propia: transformarse en un narcogobierno, donde tanto las estructuras político-partidarias como los políticos en sí mismos mantienen cercanas y peligrosas relaciones con una actividad delictiva que cuestiona la democracia como sistema de gobierno. Todo ello a pesar de que ninguno de los gobiernos que ha pasado en los últimos años por el poder ha logrado resultados alentadores en esta materia.
¿Cómo es posible que en una ciudad como Paysandú, donde todos nos conocemos, la policía o los punteros políticos sanduceros no sepan quiénes son los narcotraficantes, cómo están integrados sus clanes o donde se encuentran las “bocas” que comercializan la droga? Porque hay que recordar que el narcotráfico “pesado” ingresa al sistema a través del narcomenudeo, con vecinos que pueden parecer inofensivos, que quizás ya fueron condenados por la Justicia y por eso legalmente se los considera “rehabilitados”, pero nunca se sabe hasta dónde es así. Por eso cualquier relación o acercamiento entre este “negocio” o personas que tienen o tuvieron algo que ver, y la política, ya sea directa o indirectamente, debe encender todas las alarmas.
Y finalmente, una pregunta que nadie puede contestar con total certeza: ¿cómo sabemos que quienes hoy aspiran a ser votados como intendentes, ediles, alcaldes o concejales en nuestro departamento no financiaron sus campañas con dinero del narcotráfico? Es hora de enfrentar esta interrogante de una vez por todas. No podemos, como sociedad, seguir barriendo debajo de la alfombra.