El ministro Gabriel Oddone participó como orador en la Reunión Nº 61 de la Red de Bancos Centrales y Ministerios de Finanzas de América Latina y el Caribe, celebrada en el contexto de las Reuniones de Primavera (por la primavera boreal, está claro) del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), que se desarrollaron la semana pasada en Washington D.C., Estados Unidos. Lo hizo en un panel que compartió con los ministros de Finanzas de Panamá, Felipe Chapman; de Costa Rica, Nogui Acosta; y el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía de Argentina, Carlos Guberman.
De esta participación de Oddone surgen algunas referencias sobre la hoja de ruta a corto y mediano plazo para el gobierno, así como algunos desafíos que se vislumbran en el horizonte, y que resulta pertinente comentar. Señaló que “Uruguay necesita crecer a tasas más aceleradas que en la última década, que ha sido apenas del 1 por ciento. Si no crecemos a tasas más aceleradas, no podemos sostener nuestro modelo de convivencia y ese es el desafío principal que tenemos por delante.” Además, adelantó que se está revisando la regla fiscal y promoviendo algunos cambios en la gestión presupuestaria. En esa línea, enfatizó que el gobierno tiene un fuerte compromiso con la reducción del índice de precios al consumo: “Nuestra inflación hoy está en niveles del 6 por ciento. Nosotros tenemos como objetivo llevarla a niveles del 4,5 por ciento en los próximos dos años”. Para esto, se asume que “tenemos que hacer algunas cosas más de las que veníamos haciendo: tenemos que mejorar nuestra competitividad, aumentar la productividad de nuestros factores y promover mejoras en los procesos de formación de precios”, expresó.
Este punto, que fue un nudo en la intervención del ministro, lo es también en la historia de nuestro país, que no ha logrado superar problemas estructurales que hacen que Uruguay sea un país caro, tanto para propios como para extraños. No es una revelación para nadie. Uruguay es un país de renta media y alta, uno de los que más ingresos genera en la región, pero también es un país donde el costo de vida es elevado: es caro el transporte, la vivienda, y, paradójicamente, para un país que se jacta de ser productor de alimentos, también son caros los comestibles. No obstante, tiene otras virtudes, como una buena canasta de servicios que ofrecer a la población (educación y salud gratuitas y de calidad) y, en términos comparativos, un buen nivel de seguridad, aunque es notorio que esta se ha deteriorado mucho en las últimas décadas.
Pero sigamos con el ministro, quien también se refirió a las tendencias globales que enfrenta la gestión de políticas públicas, tanto en Uruguay como en el mundo. Entre estas mencionó el fenómeno del cambio climático y su impacto en la gestión fiscal, los avances tecnológicos y, en particular, la irrupción de la inteligencia artificial y su impacto en los mercados laborales. Por último, señaló el surgimiento de una nueva visión mercantilista de dichas políticas a nivel global.
Al final de su exposición, Oddone aludió a la preocupación del gobierno por atender los niveles de pobreza en la infancia y adolescencia, que describió como uno de los principales problemas que enfrenta el país y que el gobierno se propone resolver. “Uruguay es un país en el que, si las personas están integradas al mercado laboral formal, acceden a niveles de protección social razonables en términos de salud, pensiones y protección laboral.” Agregó que, si en cambio “las personas no están comprendidas por ese sistema laboral formal, que son aproximadamente el 10 por ciento de la población, están altamente expuestas a un problema de vulnerabilidad social, y esto afecta principalmente a niños y adolescentes”, planteó. Aquí surge un problema de fondo que, junto con la inseguridad (sin que ello implique necesariamente una relación estricta entre ambos fenómenos, aunque indiscutiblemente tienen un grado de parentesco significativo), no ha dejado de crecer en las últimas décadas.
No todo ese 10% de la población, pero sí una porción de ella, está ya más lejos que simplemente de la obtención de un empleo formal para integrarse al contrato social. Son personas que han perdido la fe en la organización social, que tal vez recurrirán eventualmente a beneficios como la educación, el transporte, la salud o prestaciones económicas proporcionadas por el Ministerio de Desarrollo Social —aunque quedó demostrado que entregar dinero no es una solución mágica—, pero que, a su vez, entienden y aceptan la ilegalidad como una forma de vida y sustento. Siguen otro modelo.
Las redes criminales han encontrado en este sector de la población una fuente de recursos humanos muy importante, ofreciéndoles no solo dinero, sino también otras referencias que el resto de la sociedad simplemente dejó de brindarles y las excluyó. Cabe destacar que se precisan más elementos para que el esquema funcione: las redes criminales han encontrado también en nuestro país fuentes de recursos financieros y espacios donde “blanquear” sus capitales, como dejó en evidencia el mayor escándalo financiero de la historia de nuestro país.
Volver a generar las condiciones y emprender las acciones necesarias para que ese 10% —o el porcentaje que fuera— vuelva a adherir a la pauta social tradicional puede llevar muchos años, tal vez décadas, y requerir un esfuerzo presupuestal significativo. Sin embargo, es un camino que debe empezar a recorrerse. Y no se trata solo de ofrecer oportunidades e incentivos. Recientemente, en Maldonado, en el realojo del asentamiento Kennedy, se les entregaron casas a las personas con el compromiso de que no volvieran a cometer delitos en ellas, a riesgo de perderlas. No todos, ni la mayoría, pero varios incumplieron. ¿Cuál es la receta? Será trabajo para los expertos y probablemente habrá mucho de ensayo y error en el camino, pero lo que está comprobado es que no se pueden agotar las soluciones en seguir instalando más cámaras de videovigilancia, aumentar el número de policías, incrementar las penas o ampliar las cárceles, porque tampoco todo esto se ha mostrado efectivo.