Durante el gobierno del expresidente José Mujica, el Poder Ejecutivo promulgó en agosto de 2013 la Ley 19.120, que modificó artículos del Código Penal referidos a faltas y estableció normativas vinculadas a la conservación y cuidado de los espacios públicos.
Conocida como la Ley de Faltas, estipula una pena de 7 a 30 días de trabajo comunitario para quienes deterioren instalaciones, monumentos o semáforos. También establece sanciones para quienes defequen u orinen en espacios públicos, así como para quienes acampen o pernocten indebidamente en ellos, una vez que hayan recibido dos intimaciones por parte de las autoridades.
La ley establece que el trabajo comunitario será de dos horas por día. Si la persona no lo cumple, deberá afrontar un día de prisión por cada jornada no realizada. Además, las faltas prescriben a los seis meses.
Más tarde, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, se aprobó la ley de internación compulsiva, que comenzó a aplicarse el 25 de agosto del año pasado. Hasta entonces, la internación solo se resolvía ante riesgos de enfermedades graves o muerte.
El cambio legal habilitó a las autoridades a retirar de la vía pública a personas cuya “capacidad de juicio se encuentre afectada como consecuencia de una descompensación psiquiátrica o por consumo de sustancias psicoactivas”. La medida se aplica incluso cuando existe riesgo para terceros o para la propia persona, con el fin de “proteger y salvaguardar la salud y la vida de quienes se encuentran en situación de intemperie completa”.
En resumen, distintos gobiernos han intentado legislar sobre una problemática que atraviesa todas las administraciones. Sin embargo, en cada oportunidad, las múltiples opiniones técnicas y políticas no han contribuido al debate, sino que lo han entorpecido, reforzando esa tendencia tan uruguaya de hablar mucho y resolver poco.
Las sucesivas autoridades también han constatado que no es sencillo obligar a una persona en situación de calle a concurrir a un refugio. De lo contrario, lo harían todo el tiempo.
Porque, en realidad, hay lugares disponibles en los refugios de la zona metropolitana —donde reside la mayoría de las personas en situación de calle— tal como han confirmado los actuales jerarcas.
Este año, al menos hasta ahora, se han registrado dos personas fallecidas en la vía pública. El sábado 24 de mayo, un hombre de 35 años fue encontrado sin vida bajo el puente de Paso de Castro, a pocos minutos del centro de Rivera, sin signos de violencia.
En la madrugada del 31 de mayo, murió otra persona, de 48 años, que se movilizaba en silla de ruedas a raíz de una pierna amputada. Cuidaba coches y dormía en la Estación Goes, en Montevideo. Esa noche, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, informó que había 115 cupos disponibles en el sistema.
El hombre había ingresado a refugios en algunas ocasiones y había rechazado la invitación en otras. La última vez que estuvo internado en un hospital y recibió el alta médica, ya se había retirado cuando el equipo del Mides acudió a buscarlo.
Civila afirmó que este Plan Invierno es el más grande que se haya implementado hasta ahora, con 2.085 cupos nocturnos en todo el país, y disposición a ampliarlos. Por ejemplo, en Paysandú se están llevando a cabo obras para habilitar la admisión de más personas, y se planifican remodelaciones para alojar a mujeres que, por el momento, pernoctan en pensiones.
Pero, a pesar de la amplitud del plan, algunas personas siguen muriendo a la intemperie.
Durante su conferencia de prensa, Civila exhortó a la comunidad a mantener su compromiso y alertar sobre estas situaciones. Y la comunidad responde, principalmente a través de los medios de comunicación y del 911.
No obstante, existen casos crónicos de situación de calle en todo el país. En Paysandú, son fácilmente identificables: las mismas personas, en los mismos lugares. Se trata, en muchos casos, de personas que no quieren ir a los refugios. Si duermen en un espacio público sin molestar a nadie, así se lo comunican a los equipos interinstitucionales. En consecuencia, lo único que puede hacerse es ofrecerles abrigo o una frazada.
En su mayoría, se encuentran allí para consumir sustancias, principalmente alcohol. Otros han salido del sistema carcelario y han perdido completamente sus vínculos familiares.
El gobierno anunció un nuevo programa, Comunidad a la calle, que comenzará en Montevideo en la segunda quincena de este mes. La iniciativa busca establecer vínculos con personas que habitualmente se niegan a ir a los refugios por diversas razones.
El desafío actual es convivir con una problemática que crece y que ahora muestra su parte más visible. En este contexto, surgen nuevos referentes comunitarios que exigen ir más allá.
La alcaldesa del Municipio CH de Montevideo, Matilde Antía, plantea aplicar efectivamente la Ley de Faltas para recuperar el orden y el respeto por los espacios públicos. Pero se enfrenta a una ley que, en la práctica, casi no se aplica. Además, se topa con sectores que consideran que implementar estas medidas significa criminalizar la pobreza y a las personas en situación de calle.
¿Entonces? ¿Cómo armonizar una demanda social de solución con una herramienta legal que requiere coordinación con el Ministerio del Interior y los operadores judiciales?
Puede existir voluntad política para tomar decisiones. Pero lo fundamental es lograr apoyo interinstitucional para que sean efectivas. Porque, seamos realistas: si no pueden quedarse en el CH, caminarán unas pocas cuadras y se instalarán en otro municipio cuyo alcalde, tal vez de otro signo político, actuará de forma diferente.
Así, la aplicación de la ley será desigual frente a un mismo problema y dentro del mismo departamento. Porque —también— en otras zonas del país ha quedado claro que la ley resulta impopular y difícil de instrumentar. De lo contrario, ya se estaría aplicando.
