Desde hace ya varios años, la calidad del agua se ha vuelto un tema recurrente en el debate público, los medios de comunicación y la conversación cotidiana.
En 2023, cuando a raíz de los problemas de calidad de agua suscitados en Montevideo el gobierno instó a la población a comprar agua embotellada, un grupo de expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas advirtió que la medida suponía un riesgo de privatización de facto del agua para consumo humano y recordó que este uso dirigido a la población debe estar por encima de cualquier interés empresarial.
En ese momento los relatores especiales de la ONU recordaron también que si bien los altos índices de salinidad que presentaba el agua potable de la capital del país se atribuyó a la infraestructura hídrica agravada por un largo período sin lluvias, existe un problema subyacente que es la sobreexplotación del agua, especialmente por el sector industrial. “Uruguay debe priorizar el consumo humano, tal como lo indican las normas internacionales de derechos humanos”, sostuvieron entonces. Además, aludieron a las advertencias realizadas a lo largo de los años de que la expansión de las concesiones a industrias intensivas en agua estaban contaminando el vital elemento y causando escasez en el país.
En aquel momento la preocupación central era la situación de las personas que no podían permitirse comprar agua, así como las personas con discapacidades o movilidad reducida que no podían transportarla por sí mismos para sus usos elementales en la vida cotidiana.
Ahora bien, aquella coyuntura desatada por la sequía y el desabastecimiento de la principal fuente de aprovisionamiento de agua potable para la capital del país –tema que siguió en el debate público mucho más tiempo lo que demoraron las lluvias para la vuelta a la normalidad del río Santa Lucía- fue clave también para recordarnos situar el acceso al agua en el ámbito de los derechos humanos.
En este sentido, la ONU recordó en comunicados públicos que el derecho humano al agua implica que ésta sea físicamente accesible, esté libre de contaminantes y sea gestionada de forma sostenible, respetando la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación. Para los especialistas en garantías fundamentales, las empresas, incluidas las empresas estatales, “tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos en todo momento”. El mencionado organismo internacional agregó en ese momento que los Estados “tienen la obligación de garantizar la protección de este derecho al asegurar el acceso universal a agua potable segura, incluso durante emergencias”.
Habría que agregar, en este sentido, que otro derecho humano fundamental garantizado por el artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos es el derecho a la información. Desde este lugar, resulta legítima la pregunta sobre ¿cómo puede informarse el ciudadano común sobre la calidad del agua que sale del grifo de su casa?
Como es sabido, en la zona de playas, distintos organismos como las intendencias y la Comisión Administradora del Río Uruguay, entre otros, realizan controles en las costas informando la calidad de aguas con fines recreativos, es decir, si se pueden utilizar para baños o actividades acuáticas. Por su parte, OSE realiza diferentes muestreos y análisis con diferentes objetivos pero esos datos no son de fácil acceso para los consumidores ni se informan públicamente en forma sistemática.
Esto último es algo que debería cambiar. En primer lugar porque los ciudadanos tienen derecho a estar claramente informados sobre la calidad del agua que consumen, aspecto que podría convertirse muy pronto en un reclamo popular.
En este sentido, una reciente encuesta realizada por la Usina de Percepción Ciudadana concluyó que al 84% de la población le gustaría que en la factura de OSE se incluyera información sobre la calidad del agua, en particular datos referidos a presencia de agroquímicos, coliformes y trihalometanos (subproductos que se forman cuando se emplea cloro).
Uno de los resultados más contundentes de la encuesta es que “la mayoría de las personas encuestadas (92%) responden que debería ser una obligación de OSE brindar información sobre la calidad del agua a sus usuarios en forma comprensible para todo el público”.
A su vez, algunos colectivos provenientes de la sociedad civil y la academia están trabajando fuertemente en darle visibilidad al tema. A modo de ejemplo, cabe citar “Agua y salud: pérdida de calidad de agua potable, sus causas y sus consecuencias sobre la salud humana en Uruguay”, un proyecto integrado por investigadores del Centro Universitario Regional del Este (CURE) y las facultades de Ciencias, Medicina, Veterinaria e Ingeniería de la Universidad de la República, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE), la Federación de Funcionarios de OSE, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y el diario La Diaria, el cual recientemente ha venido divulgando una serie de artículos sobre estudios de calidad de agua superficial y riesgos de contaminación de acuíferos. Desde allí se ha difundido ahora una propuesta que consiste en “modificar la factura de OSE y convertirla en una herramienta de educación ambiental”, incluyendo en ella información sobre la calidad del agua. La sugerencia está en sintonía con las inquietudes de la población en torno al agua mencionada en los resultados de la encuesta antes referida, así como también el reclamo de movimientos ambientalistas, algunos de los cuales también han impulsado y publicado informes científicos sobre calidad de agua en Uruguay.
Por otra parte, el deterioro de la calidad del agua suele vincularse también con problemas como la eutrofización del recurso, la presencia de fósforo y cianobacterias en numerosos cursos de agua de diferente tipo y tamaño, las cargas orgánicas y de nutrientes que terminan en el río Uruguay o el Río de la Plata y hasta la falta de plantas de tratamiento de efluentes cloacales en ciudades del litoral, entre ellas Paysandú. La discusión y debates sobre el agua suman además otras aristas, tales como las relacionadas con sus usos industriales, especialmente por grandes empresas que son o pueden ser usuarias intensivas del recurso (UPM, posible construcción de plantas de hidrógeno verde, etcétera), la contaminación de napas freáticas o la sobreexplotación del acuífero Guaraní.
Se trata de un asunto complejo, que requiere estudios científicos sistemáticos de control y seguimiento que garanticen la sostenibilidad y calidad de un recurso esencial para la vida, que constituye hoy en día un tema de preocupación – más allá de las emergencias que en torno a él hemos vivido- y que involucra un derecho humano fundamental que es necesario garantizar, proteger e informar adecuadamente a quienes consumimos a diario agua potable de la red de Obras Sanitarias del Estado (OSE).
