La juez de Paz Lucía Hidalgo convocó a quien procura la propiedad definitiva por prescripción adquisitiva treintenal en Avenida de las Américas 1750, Elen Diosma Sosa Viera, y al intendente electo Nicolás Olivera para el 31 de julio a las 14.30, “a audiencia única a los efectos de tomar declaración de parte, teniendo presente que en el caso de la parte demandada la misma se realizará en la persona del intendente Nicolás Olivera”.
El núcleo de la acción judicial promovida por el abogado Federico Álvarez Petraglia está en lo ocurrido en abril de 2021, cuando Elen Sosa “en determinado momento observo que personas que se identificaron como funcionarios municipales acompañados de maquinaria pesada, se hicieron presentes en el terreno padrón 167 objeto del presente proceso prescriptivo. Así las cosas, dichas personas luego de identificarse como funcionarios municipales informan que por una supuesta orden del intendente Nicolás Olivera, orden que no fue exhibida, iban a ingresar al terreno”.
Ante la negativa, los funcionarios rompieron el candado de la portera, “e ingresaron con sus camiones para desparramar tierra por todo el lugar”. La intención era recuperar para la Intendencia ese lugar y entregarlo a la empresa Ramyan S.A., productora de hormigón, que iba a pagar por el uso con hormigón.
Lo que la acusación promovida por Álvarez Petraglia determina es que fue un acto de “violento despojo y acción recuperatoria de la posesión”. Destaca que Sosa es “poseedora desde hace más de 40 años del inmueble en cuestión, debiendo la Intendencia Departamental si quiere recuperar el dominio del mismo, iniciar el correspondiente juicio de reivindicación, extremo que no ha cumplido, pretendiendo ejercer ilícitamente la vía de hecho cuando tiene expedita la vía judicial”.
La audiencia única no parece contemplar las acciones desarrolladas durante la Administración Caraballo, en la cual era jerarca Álvarez Petraglia. En julio de 2016 se intimó mediante la Inspectoría de Control Territorial a Elen Sosa a demoler una construcción precaria en el terreno, estableciendo el expediente municipal que “la ilegalidad de la construcción se funda en que la misma se localiza en un terreno municipal”. Para el 30 de setiembre de 2016 y considerando que no se procedió a lo dispuesto, la Intendencia resuelve “demoler a costa del propietario las construcciones precarias constatadas en el padrón 167 en calle Avenida de las Américas, las cuales constituyen ocupación ilegal”.
En marzo de 2018 ante la intención de la ocupante de levantar un galpón, el entonces intendente Guillermo Caraballo firma la resolución 1152/2018 en la que se indica que “la ilegalidad de la ocupación se fundamenta en que la misma se localiza en terreno de propiedad municipal, lo que constituye un incumplimiento a lo dispuesto en la normativa nacional y departamental vigente sobre ordenamiento territorial”.