El diputado del Frente Amplio, Juan Gorosterrazú, se reunió con la directora del Banco de Previsión Social (BPS), Ana Clara Bousses, con el fin de abordar aspectos centrales del proyecto de ley que busca crear una licencia especial para madres, padres o cuidadores de niños y adolescentes en tratamiento oncológico.
La iniciativa “se encuentra a estudio de la comisión de legislación laboral, donde hay un proyecto similar y tratamos de unificarlo para que se avance en el mejor proyecto posible”, señaló el legislador.
Durante el encuentro avanzaron en el enfoque integral que contemple la participación activa de todos los actores involucrados en la aplicación y financiación del proyecto. La propuesta legislativa apunta a garantizar que las familias puedan acompañar a sus hijos durante el proceso de tratamiento, sin enfrentar riesgos laborales ni económicos.
“Es fundamental construir esta herramienta legal desde la articulación interinstitucional, con la escucha atenta de quienes atraviesan estas realidades y de quienes trabajan a diario en el cuidado oncológico infantil. También intercambiamos sobre la posibilidad de incluir otras licencias para cuidados, por ejemplo, cardiopatías congénitas o transplantados. Pero coincidimos en que lo mejor es avanzar con este proyecto de ley e incluir otras situaciones dentro del diálogo por la seguridad social”, dijo a EL TELEGRAFO.
Gorosterrazú agregó que solicitó audiencia con el director en representación de las empresas, José Pereyra, y con el representante de los trabajadores, Carlos Clavijo.
Esta instancia de diálogo con el BPS se enmarca en una agenda que comenzó con una reciente visita a la Fundación Pérez Scremini, referente nacional en atención hemato-oncológica pediátrica. Allí, autoridades de la institución también expresaron su respaldo a la iniciativa y subrayaron la importancia de un marco legal que contemple el derecho al cuidado en situaciones de alta complejidad sanitaria.
El proyecto de ley, que fue presentado ante la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, “busca consolidarse como una respuesta concreta ante una necesidad urgente, poniendo en el centro a las infancias y a sus familias. Además, reafirma el compromiso de continuar avanzando hacia una normativa que no solo reconozca el derecho al cuidado, sino que garantice condiciones adecuadas de aplicación”, concluyó.
