Se percibe un ambiente tenso en el ámbito político nacional, donde las referencias personales se han vuelto casi constantes, relegando a un segundo plano los mejores debates ideológicos que alguna vez marcaron el protagonismo parlamentario uruguayo. Entre oficialismo y oposición persiste una relación deteriorada por discusiones estériles, que poco contribuyen al bienestar del país, cuando lo que debería ocupar la atención son temas relevantes para la vida de los ciudadanos.
Basta con observar algunos ejemplos para sustentar esta afirmación. En el litoral, más de dos mil personas —en solo dos departamentos— han visto afectadas sus fuentes laborales en el sector citrícola, luego de intensas heladas que diezmaron la producción este año.
Quienes hoy son protagonistas del debate político conocen de primera mano las crisis en el sector agropecuario. Las fuentes de empleo al norte del río Negro están resentidas por múltiples causas. Y aunque esta zona representa a la mitad del país, muchas veces queda en el olvido una vez que terminan los períodos electorales.
Allí, donde aún quedan asuntos sin resolver —como la atención en salud—, hay policlínicas cerradas, centros educativos que requieren soluciones urgentes de infraestructura y localidades del interior departamental que no cuentan con ambulancias. En algunos casos, los vehículos desaparecieron sin que se sepa su paradero, o fueron retirados para reparaciones y jamás regresaron.
En esa mitad del país —menos habitada, pero con las mismas necesidades— poco importa quién gobierne. La caminería rural también requiere atención continua, más allá del cambio de autoridades. Y las promesas de campaña, que llegan cada cuatro años, alimentan esperanzas que rara vez se cumplen.
Sin embargo, cuando se retoman los períodos legislativos y ejecutivos, se vuelve a repetir la ya conocida frase de la “frazada corta”, aunque la percepción ciudadana es que siempre cubre a los mismos de un solo lado.
En los últimos días, una sesión del Senado —que tenía por objetivo interpelar a un ministro y conocer detalles sobre una compra ya concretada— terminó abruptamente en medio de insultos y escándalos. El ambiente generado bajo esas circunstancias dejó al descubierto otros conflictos, así como una violencia discursiva que desdibujó la finalidad parlamentaria y desvió la atención hacia cuestiones personales.
Hasta hoy se sigue hablando de las consecuencias de los insultos, porque de la interpelación, en concreto, no quedó nada. Solo horas de debates inconclusos y la extraña sensación de que algunas convocatorias al Parlamento carecen de sentido real.
Mientras tanto, avanza la convocatoria a nuevas instancias y comisiones investigadoras, en medio de un vínculo lesionado entre los actores políticos. Pronto se deberá debatir el presupuesto quinquenal, y oficialismo y oposición tendrán que sanar sus heridas para legislar sobre el instrumento más importante de planificación nacional para los próximos cinco años.
De ese presupuesto surgirán los recursos que definirán las políticas públicas en áreas fundamentales para la vida de los uruguayos. Deberán contemplarse los cinco pilares que sostienen el desarrollo humano y la convivencia: salud, trabajo, educación, vivienda y seguridad. Ninguno de ellos ha logrado consolidarse como política de Estado, porque en cada nuevo período de gobierno reaparecen los reproches por la “herencia maldita” y las omisiones del anterior.
En medio de todo esto, permanece la misma población vulnerable que espera, una vez más, que el próximo gobierno pueda cambiar alguna de sus circunstancias desfavorables.
La pobreza y la desigualdad, recurrentes en cada campaña electoral, persisten en términos de ingresos y acceso a servicios básicos. Si bien algunas estadísticas muestran avances en la reducción de ciertos indicadores, los desafíos se mantienen prácticamente en los mismos sectores: niños, adolescentes y afrodescendientes. Aunque los gobiernos adopten medidas positivas, las desigualdades persisten entre Montevideo y su zona metropolitana, por un lado, y el resto del país —especialmente el interior profundo— por otro.
En el mercado laboral, las brechas se amplían entre jóvenes y mujeres. Y las dificultades se agudizan para quienes no acceden a capacitaciones digitales o no han completado su formación educativa.
Todo esto apunta a un problema mayor, con una mirada hacia el futuro. Porque un país que valora su democracia debe proyectarse más allá del corto plazo. Y entre esos desafíos también está el de una población que envejece aceleradamente, lo que afectará la sostenibilidad del sistema de seguridad social, incluso con la reforma actual en marcha.
Ese panorama plantea nuevas exigencias a las políticas públicas, tanto para la atención de la infancia como para los cuidados en la vejez, en un momento clave donde ambos extremos de la vida comparten un mismo problema: la falta de soluciones sostenibles.
Justo cuando la pobreza se mide principalmente por ingresos, se observa que esa brecha se profundiza en sectores con empleos zafrales, que resultan esenciales para muchas personas. Por eso es urgente incorporar otras dimensiones al análisis de la pobreza y el escaso desarrollo, empezando por la ubicación geográfica de la población.
Vivimos en un país donde los “límites” territoriales se reducen cada vez más, debido a la creciente concentración de inversiones, empleo, innovación y tecnología en Montevideo y su zona de influencia. Esa desigualdad también interpela a nuestros legisladores. Es imprescindible que se unan para resolver los verdaderos problemas de la gente, que son los mismos de siempre. Para lograrlo se necesita franqueza, un abordaje multidimensional de la pobreza, el fin de la política de la culpa y, sobre todo, voluntad política.
Uruguay tiene todo lo que necesita. Lo que falta, a menudo, es la decisión de sacarlo adelante.