En las últimas semanas la Universidad de la República (UdelaR) ha vuelto a estar involucrada en una polémica que cuestiona su talante supuestamente abierto y tolerante, al tiempo que la desliza lenta pero inexorablemente a las regiones más oscuras de la intolerancia y la falta de respeto hacia las opiniones de aquellos que no piensan como sus autoridades en los distintos niveles de cogobierno (docentes, estudiantes y egresados). Nos estamos refiriendo al hecho protagonizado por una profesora en la Facultad de Derecho en la UdelaR, Florencia Salgueiro, quien además es Coordinadora de Palestina en Uruguay, realizando un llamado para detener a los uruguayos hoy radicados en Israel que sirven en el ejército israelí, que lleguen a Uruguay, acusándolos de genocidio y alegando que Uruguay, de acuerdo con el Estatuto de Roma, tiene el deber de apresarlos. Lo afirmado por Salgueiro está basado en varias mentiras, pero una de ellas fue expresamente rebatida por la periodista uruguaya Ana Jerozolimski: “La verdad es que la Corte Internacional de Justicia no ha determinado en absoluto que Israel cometió genocidio. Recibió la demanda de Sudáfrica, a la que Israel debe responder hasta comienzos del año próximo, tras lo cual habrá otra ronda de argumentos de las partes”.
El artículo 2 de la Ley Orgánica de la Universidad establece que la misma “tendrá a su cargo la enseñanza pública superior en todos los planos de la cultura, la enseñanza artística, la habilitación para el ejercicio de las demás funciones que la ley le encomiende. Le incumbe, asimismo, a través de todos sus órganos, en sus respectivas competencias, acrecentar, difundir y defender la cultura; impulsar y proteger la investigación científica y las actividades artísticas y contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública; defender los valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrático-republicana de gobierno”.
Desde la UdelaR siempre se ha hecho una defensa irracional y totalitaria de la llamada “libertad de cátedra” la cual se encuentra consagrada a título expreso en el artículo 3 de su ley orgánica el cual dispone que “la libertad de cátedra es un derecho inherente a los miembros del personal docente de la Universidad. Se reconoce asimismo a los órdenes universitarios, y personalmente a cada uno de sus integrantes, el derecho a la más amplia libertad de opinión y crítica en todos los temas, incluso aquéllos que hayan sido objeto de pronunciamientos expresos por las autoridades universitarias”. Si bien queda claro que la libertad de cátedra es un derecho plenamente vigente, resulta importante y necesario determinar el alcance de esa libertad en el marco del alcance y los límites de la autonomía universitaria y la libertad de enseñanza en conjunción con otros derechos fundamentales de la persona humana, como por ejemplo aquellos consagrados en el artículo 7 de la misma, según el cual “los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general”. Esta situación pone de manifiesto una tensión que existe en Uruguay desde el año 1958, momento en el cual se aprueba la ley orgánica de la UdelaR. ¿Qué debería primar? ¿La libertad de cátedra (en este caso la libertad de sostener posiciones antisemitas) o los derechos inherentes a la personalidad humana de aquellos uruguayos que forman parte de la colectividad judía y que, más allá de dicha pertenencia, deben ser protegidos por los actos de discriminación que en forma más o menos velada lleva adelante la UdelaR? ¿Acaso no rige para la UdelaR la Ley 17.817 según la cual se declara “de interés nacional la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación”? La ley mencionada anteriormente deja en claro que “se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción, preferencia o ejercicio de violencia física y moral, basada en motivos de raza, color de piel, religión, origen nacional o étnico, discapacidad, aspecto estético, género, orientación e identidad sexual, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”. Como ha señalado la Universidad de Alcalá de Henares, en el año 2016, “La libertad de cátedra no tiene carácter absoluto, y puede ser limitado. Así, la libertad de cátedra se ejercerá sin más límites que los establecidos en la Constitución y en las leyes y los derivados de la organización de las enseñanzas en las Universidades”.
A pesar de la claridad de las normas mencionadas, la UdelaR ha proseguido –y prosigue– con su discurso antisemita que se aleja de su carácter supuestamente democrático. Basta recordar que en el año 2014, cuando Israel atacó a El Líbano –un estado títere desde donde se lanzaban cientos de cohetes y misiles por día hacia ciudades de Israel– ese centro educativo trajo especialmente para dar una charla a la docente universitaria de vastas credenciales –con características de activista pro palestina– Susana Mangana. Y cuando representantes de la colectividad judía solicitaron la misma sala universitaria para invitar al periodista Claudio Paolillo para dar otra perspectiva del conflicto, les fue negado el uso de la misma.
Pero también actúa sobre los propios profesores de la Universidad. A modo de ejemplo recordemos que en el año 2024 la Facultad de Humanidades de la UdelaR suspendió un curso del académico uruguayo Alberto Spektorowkski tildándolo de “sionista”. Y A todo ello debe sumarse que usar la libertad de cátedra para ejercer acciones discriminatorias como ha sucedido en los casos supone además violar los derechos de los alumnos a los cuales van dirigidos esas supuestas “enseñanzas” que no pasan de ser un vulgar adoctrinamiento disfrazado de un débil e indefendible ropaje académico. De una vez por todas debe entenderse que la discriminación no es propia de una institución de enseñanza universitaria y mucho menos cuando su financiamiento proviene de fondos públicos conformados por los tributos que abonan los mismos judíos que esa misma casa de estudios insiste en discriminar.
Ante este panorama, la UdelaR debe entender, más temprano que tarde, que ni ella, ni la libertad de cátedra ni los docentes que disfrutan de ese legítimo derecho se encuentran por encima de la ley y por ello deben respetar el ordenamiento jurídico uruguayo y los respectivos tratados internacionales porque, como ha señalado, el Dr. Luis Lezcano Claude, “el principio de autonomía universitaria no puede ser invocado, de ningún modo, como fundamento de una supuesta intangibilidad de todo lo que ocurra en el ámbito universitario. Si la ley es violada en dicho ámbito, no existe razón alguna que impida que los afectados por ese hecho puedan recurrir a los estrados judiciales. Afirmar lo contrario, significaría reconocer que, in genere, los actos emanados de autoridades universitarias escapan a la posibilidad de todo control jurisdiccional. En otras palabras, se estaría aceptando la existencia de un ámbito de generación ilimitada de ‘cuestiones no judiciables’. Esto indudablemente no es admisible en un Estado de Derecho, ni tampoco en el alcance que debe darse a la autonomía universitaria”.
Mientras la UdelaR se mantenga alentando a las corrientes antisemitas que día a día crecen en nuestro país y en el mundo, su discurso antidiscriminación será solamente letra muerta. Tan muerta como su autoproclamado espíritu democrático y republicano, el cual hoy se ha transformado en un antisemitismo desembozado que mancha irreversiblemente las mejores tradiciones de esa casa de estudios.
