Hace pocas horas tuvo lugar en el Parlamento la primera interpelación a un ministro de Estado en el gobierno inaugurado por Yamandú Orsi el 1º de marzo de este año, y el protagonista de esta instancia prevista en nuestro ordenamiento institucional correspondió al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Dr. Alfredo Fratti, es decir quien actualmente lleva las riendas en un área de particular importancia y visión estratégica para el país, por ser una economía de base agropecuaria, y que permanece estructural de esta forma, porque Uruguay sigue dependiendo de sus productos primarios, con muy escasa dotación de valor agregado, en el mejor de los casos.
Bueno, sería de esperar que en un tema de esta trascendencia, la instancia parlamentaria tuviera como motivo analizar eventuales “grandes” propuestas para generar condiciones que permitan sacar al país de la primarización, por citar un ejemplo, pero lamentablemente, el motivo de la convocatoria tiene que ver más bien con un “error no forzado” del gobierno, –como dicen en el tenis– por cuanto se trata de conocer los detalles, motivos y/o perspectivas de la compra, en uno de los primeros actos del flamante gobierno, de la estancia María Dolores, en el Departamento de Florida, por el Instituto Nacional de Colonización (INC), por 32 millones de dólares.
Pero más allá del hecho en sí, tal vez fue también el error no forzado del secretario de la Presidencia de la República, Alejandro “Pacha” Sánchez, cuando en un arrebato emocional anunció esta compra como un homenaje al recientemente fallecido expresidente José Mujica, por considerar que el mandatario era un abanderado de la lucha de los colonos y que la compra oficiaría las veces de un reconocimiento bien merecido hacia Mujica.
Pero claro, 32 millones de dólares no es moco de pavo en un país en que según manifestó el ministro de Economía y Finanzas, Ec. Gabriel Oddone, hay como herencia un serio problema fiscal y proclamó por lo tanto la necesidad de llevar delante un gobierno austero.
Este miércoles finalmente se concretó el llamado a sala del secretario de Estado, pero previamente el tema ha pasado por mil y una peripecias y debates públicos, tanto desde el punto de vista de su conveniencia o no para un país supuestamente con serias necesidades fiscales, como también en lo atinente a la legalidad de la compra, habida cuenta de la integración del Directorio, cuyo presidente –luego sustituido– Eduardo Viera, era colono y por esta condición precisamente el presidente Orsi decidió el relevo.
En este sentido el senador colorado Pedro Bordaberry, expuso en el curso de la sesión, que “el ministro (Fratti) es cómplice, porque le ocultó al Parlamento que el señor Viera, quien él proponía, era colono y se violaba la Constitución. Nos engañó a los senadores de la oposición y del oficialismo. Violó la norma. Cuando anunciamos el problema en la Comisión de Ganadería, lo había ubicado el senador Robert Silva. De entrada nos dijeron muchas cosas no muy agradables. Finalmente, tuvieron que aceptar y lo sacaron”.
El punto es que la votación original por mayoría simple para la compra contó con el voto en el Directorio de dos colonos (Eduardo Viera y Karina Henderson), quienes tenían impedido formar parte del directorio al usufructuar campos de colonización.
¿Y la estancia? Según el senador nacionalista Sebastián Da Silva –quien fue el miembro interpelante en el Senado– se trata de “una estancia señorial, de 4.000 hectáreas, 17 habitaciones, piscina, barbacoa, un corral para 10.000 cabezas de ganado y galpones por doquier para hacer una colonia”. Muy bueno –y costoso– como homenaje, pero debatible si a este precio le sirve al país para los propósitos anunciados.
Para el actual presidente del INC, Alejandro Henry, sí cumple: tiene una muy buena ubicación estratégica para la cuenca lechera, alcanza para 16 tambos, y “es también una excelente oportunidad para la transferencia científica, y no queremos que sea un lugar más. Aspiramos a que sea un espacio de aterrizaje tecnológico, donde podamos mostrar el desarrollo científico en la lechería aplicado al territorio”.
En realidad, de lo que se trata es de una discusión parlamentaria de fondo político, y ello explica que las posturas parlamentarias, mucho más allá que enfrascarse en la búsqueda de la verdad o la información pura, responden al consabido juego de la defensa a ultranza de la “camiseta” partidaria, con dos bandos claramente alineados, salvo que se pueda aportar algún elemento contundente o indiscutible desde el punto de vista jurídico o cercano a lo delictivo, llegado el caso, entre otras posibilidades que puedan romper con el esquema de las lealtadases partidarias.
Mientras tanto, esta circunstancia hizo que los senadores oficialistas se alinearan monolíticamente con el ministro interpelado, aunque la sesión debió suspenderse por intercambio de insultos entre el miembro interpelante Da Silva y el senador frenteamplista Nicolás Viera, con epítetos muy fuertes de carácter personal, que poco favor le hacen sus respectivas investiduras.
Al fin de cuentas, nada se aclaró, como suele ocurrir en política, porque el tema ya venía politizado y así quedó reafirmado en la instancia parlamentaria –incluso se anunció que la oposición promoverá la creación de una comisión investigadora en Cámara de Diputados, donde el oficialismo no tiene mayoría– pero todo hace pensar que no habrá nada nuevo bajo el sol: la “verdad” que eventualmente surja será opinable, de acuerdo a la visión ideológica o partidaria de quien lo haga, lo que iría desde una compra producto de “delirio” y “capricho”, como dijo el interpelante, o “una de las mejores compras que ha realizado el INC en toda su historia”, según el interpelado. Y quizás no sea ni uno ni otro, y ni siquiera justifique una interpelación a un ministro, al fin de cuentas.
Es que en política todo es posible, como ocurre con las fantasías y malabares del mundo del circo. Pero seguimos lejos de los temas que preocupan al ciudadano común, lamentablemente, y eso es lo condenable.
