Los cambios tributarios que plantea el presupuesto quinquenal del gobierno de Yamandú Orsi no deberían ser una novedad. Son el resultado de la continuidad de una política de Estado orientada a la inserción activa de Uruguay en la OCDE.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos está conformada por países que comparten sistemas democráticos liberales y economías de mercado similares. Ya en julio de 2020, el Comité de Inversiones de la OCDE recomendó invitar a Uruguay a convertirse en el miembro número 50 de la Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales, adhesión que se efectivizó el 25 de febrero de 2021.
Esta invitación fue consecuencia de un minucioso monitoreo sobre las políticas de inversión del país, que desde hace años se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Establecidos por las Naciones Unidas, los ODS tienen como meta garantizar que, para el año 2030, todas las personas puedan disfrutar de paz y prosperidad. Sin embargo, la propia ONU señala que “los recursos financieros de toda la sociedad son necesarios para alcanzar los ODS en todos los contextos”.
Desde 2022, Uruguay se compromete a “tratar a los inversionistas extranjeros de la misma manera que a los nacionales y a promover una conducta empresarial responsable”, según se informó desde Presidencia durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. En ese marco, se estableció un Punto Nacional de Contacto OCDE en el Ministerio de Economía y Finanzas, encargado de promover la implementación de las Líneas Directrices de la organización para Empresas Multinacionales.
Este proceso implicó el inicio de un alineamiento de las políticas públicas con estándares internacionales para mejorar la gobernanza y atraer inversiones, una línea de trabajo que se consolida en el actual mensaje presupuestal, con reformas en áreas como la transparencia y las competencias tributarias.
En agosto pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Mario Lubetkin, anunció un encuentro técnico con la OCDE para intercambiar experiencias “en un momento clave para evaluar cómo una relación más estrecha con este organismo podría contribuir a mejorar las políticas públicas, la competitividad y la inserción internacional de Uruguay”, según informó Cancillería.
Es decir, asistimos a la continuidad de una política impulsada por sucesivos gobiernos, que implica reformas fiscales y tributarias ahora profundizadas en el debate político actual. Un debate que muchas veces se centra en lo superficial, sin reconocer que estas decisiones responden a un proceso sostenido.
La inserción plena en este organismo internacional exige llevar adelante reformas estructurales, más allá del color político del gobierno de turno. Y este punto debería ser considerado seriamente por quienes sostienen discursos anclados en un pasado que ya no dialoga con el contexto global.
Uruguay —como las empresas que invierten grandes recursos para obtener certificaciones que les permitan acceder a licitaciones o avales de calidad— avanza en un proceso destinado a mejorar su atractivo ante los inversores internacionales. Inversores que, a su vez, establecen patrones claros de conducta tributaria.
Un ejemplo de ello fue la adhesión de Uruguay al Código de Conducta de la Unión Europea a inicios de 2023. Este compromiso implicó la eliminación de medidas fiscales consideradas perjudiciales, lo que llevó a modificaciones del IRAE (Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas) mediante la Ley N.º 20.095. Como resultado, Uruguay fue reconocido como jurisdicción cooperante y eliminado de la llamada “lista gris”.
Paralelamente, el G20 y la OCDE promueven la implementación del Impuesto Mínimo Global. Tal como lo señala la exposición de motivos del proyecto de ley: “la nueva realidad fiscal internacional, particularmente la irrupción del Impuesto Mínimo Global, neutraliza los beneficios tributarios que Uruguay ha venido concediendo para promover la inversión y el empleo”.
El documento explica que, cuando las rentas generadas “no son suficientemente gravadas en Uruguay”, serán “gravadas en otra jurisdicción”. En términos económicos, esto se traduce en que “el sacrificio tributario que realiza nuestro país se convierte en transferencias directas desde nuestra tesorería a la tesorería del país donde reside la matriz última del grupo multinacional”. Para evitar ese efecto no deseado, se propone la creación del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico.
El proyecto de ley de presupuesto del gobierno de Orsi incluye un extenso capítulo con modificaciones tributarias, nuevos impuestos y cambios en tributos existentes, como el IRPF. Según el equipo económico, estas reformas representan una “convergencia fiscal” para adaptar la estructura tributaria del país a las tendencias globales, además de corregir “inconsistencias técnicas”.
En el marco del llamado Segundo Pilar de la OCDE, estos cambios afectan especialmente a los países con bajos niveles de imposición, y modifican la manera en que las empresas multinacionales planifican sus estrategias fiscales a nivel global.
Otros países, como Brasil bajo el gobierno de Lula da Silva, también avanzan en reformas ambiciosas. En su caso, se busca sustituir el sistema tributario actual por un sistema basado en la renta, que favorezca la neutralidad económica, la transparencia y evite la acumulación de impuestos.
En cuanto a otras líneas estratégicas promovidas por la OCDE, la organización recomienda fortalecer el sistema educativo y de formación laboral desde la infancia hasta la vida adulta. Asimismo, insiste en la necesidad de avanzar en la descarbonización y la protección del capital natural, siempre alineado con los estándares socioambientales. En todos estos frentes, Uruguay ha mostrado avances sostenidos a través de distintos gobiernos.
Porque, más allá del discurso partidario —sin importar quién gobierne en el presente o lo haya hecho en el pasado—, la política fiscal global está cambiando de forma vertiginosa.
Las normas tributarias no son estáticas. Y eso comienza a ser comprendido por izquierdas y derechas en este mundo globalizado.
Todo lo demás, en definitiva, es discurso para una tribuna que aplaudirá… o no.
