El movimiento “Paysandú por un Uruguay Soberano-UPM Dos No”, alcanzó las 10.000 firmas en la campaña que -iniciada en mayo- lleva adelante para promover el mecanismo de democracia directa conocido como iniciativa popular. El objetivo es impedir que HIF Global se instale en cualquier parte del departamento de Paysandú, no solamente en los predios en la zona de Constancia.
En agosto pasado, el grupo realizó una concentración ante el Centro Cultural Gobbi, donde la empresa HIF Global realizaba una jornada de difusión a la comunidad. Allí reafirmó su firme rechazo a la instalación de plantas de producción de hidrógeno verde en Uruguay, no solamente en Paysandú. El colectivo sostiene que estas plantas, promovidas como una solución sostenible, podrían traer consigo más perjuicios que beneficios para la región, incluyendo la posible contaminación de recursos naturales y el impacto en las comunidades locales.
“Firmamos para que no se instalen las mal llamadas plantas de hidrógeno verde en el territorio de Paysandú”. Junto a otras organizaciones ambientalistas y colectivos ciudadanos advierte sobre los posibles impactos negativos en el medio ambiente y la economía local. Procura que la población firme el petitorio -se propone recoger 15.000 firmas- para que se acceda a un plebiscito departamental que funde opinión sobre “si quiere o no que se instale esta mal llamada planta de hidrógeno”.
Leonardo Belassi, Fernando Sorondo y Sandra Jesús, integrantes de “Paysandú por un Uruguay Soberano-UPM Dos No” hicieron hincapié en la responsabilidad del Estado al autorizar este tipo de inversiones “sin conocimiento y sin apoyo popular”. “Somos optimistas, pero sabemos que todos los permisos van a ser concedidos, ya sabemos, está todo negociado”, dijeron.
“Mucho nos preocupa que sigue existiendo el secretismo. Nos gustaría conocer -y como todos los uruguayos tenemos derecho- el contenido de lo que se firmó el 28 de febrero de 2024”, el memorándum de entendimiento (MoU) entre Uruguay y HIF Global para construir la planta de combustibles sintéticos (e-Combustibles).
“Parte de la población, desesperada por la desocupación que hay en Paysandú, quizás pasa por alto esto. Pero después nos encontramos en situaciones que sale mucho más oneroso que promover inversión en proyectos que realmente generen trabajo sustentable. Pero la necesidad de la gente es enorme. Es muy complejo cuando se necesita del trabajo, de la changa”, opinaron.
“GOBIERNO URUGUAYO NO DECIDIÓ NADA”
Desde su punto de vista sostienen que “el gobierno uruguayo no decidió nada, lo hicieron los bancos interamericanos de desarrollo, que designaron a Uruguay productor de combustible a partir de hidrógeno”. Explicaron que “gobiernos, como los nuestros -endeudados económicamente-, necesitan préstamos internacionales, para acceder a los cuales deben pasar por dos oficinas. Cuando concurren a los bancos interamericanos de desarrollo, primero se les investiga si han respetado el grado inversor, que incluye la política de seguridad social, educativa, impositiva y si aceptan las formas de inversión. Posteriormente, se negocia el monto, al que se le agregan recomendaciones, en el caso de Uruguay, una de ellas la ruta de hidrógeno”.
“EXTREMA VULNERABILIDAD SOCIAL”
Destacaron además que “la extrema vulnerabilidad social es enorme. En 2005 se anotaron 5.000 personas para hacer un curso de soldadura. Pero la mayoría no accedió a ningún trabajo de estas multinacionales. Ahora están ilusionando a los residentes en Constancia, pero la realidad es que el conocimiento especializado que necesitan no está ahí”. “Hay una gran irresponsabilidad de las políticas de Estado tanto del gobierno anterior como de este, que no se preocupan por generar fuentes de trabajo sustentables y sostenibles en el tiempo y que toman de rehén a situaciones como la de Paysandú”, afirmaron Belassi, Sorondo y Jesús. “Estamos en la previa de lo mismo que ocurrió en otras partes del país con UPM. La experiencia dice que terminada la construcción, el índice de desocupación aumenta enormemente. Pasó en Fray Bentos, pasó en Paso de los Toros. Nosotros nos anticipamos y lo que queremos es proporcionarle a la sociedad una herramienta democrática para que decida, algo que no pudieron hacer otras poblaciones adonde se instalaron estas multinacionales”, dijeron más adelante, para expresar posteriormente que “mientras no suceda ese acto democrático, esto seguirá siendo una imposición en base al secretismo, igual que fue el contrato con UPM”.
Los ambientalistas tienen la certeza que “esta empresa se llevará toda la riqueza, su producción de combustible, bonos de carbono si en el futuro puede venderlos. Se lo estamos regalando, como lo hacemos con el agua, la tierra y la soberanía. Se van a llevar lo que sea con tal de facturar”. “Nos enfrentamos a la empresa en tanto y cuanto no puede sustentar creíblemente ante la opinión pública lo que va a hacer, cómo y con qué consecuencias”, concluyeron.
