(El Observador)
El gobierno argentino –a través de su Agencia de Puertos y Navegación (Anpyn)– firmó este jueves una resolución clave para Uruguay que venían siguiendo de cerca tanto la administración de Yamandú Orsi como la de Luis Lacalle Pou. El vecino país confirmó una suspensión durante 60 días de un aumento de los peajes en la hidrovía tras una intensa negociación en la órbita de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), según reconstruyó El Observador.
La noticia se remonta a setiembre del año pasado, cuando Argentina estableció de forma unilateral una nueva tarifa básica de U$S 4,30 por tonelada de registro neto transportado en la Vía de Navegable Troncal (VNT). La medida implicó por sí sola un aumento de peaje de un 40% para los buques que navegan por los canales del Río de la Plata bajo administración argentina.
Pero sumada a una serie de disposiciones que modificó el esquema de secciones en que está dividida la vía, eso implicó “un aumento de más del 100% en el peaje que pagan los buques” que tienen como destino los puertos del litoral uruguayo de Nueva Palmira, Fray Bentos y Punta Pereira, tal como oficializó en su reclamo el expresidente de la delegación uruguaya en CARU, Alem García.
Al asumir las autoridades del nuevo gobierno, Uruguay reiteró los términos de la protesta. La nueva delegación está presidida por Daniel Montiel (MPP) e integrada por los oficialistas Antonio Carámbula, Gonzalo Reboledo y Federico Ruiz, y el nacionalista Juan Curbelo por la oposición.
El Centro de Navegación –la cámara empresarial que nuclea a operadores marítimos y portuarios– había asegurado en abril a los jerarcas uruguayos que la medida argentina ya les había insumido, durante sus ocho meses de vigencia, un sobrecosto de U$S 8 millones en la operativa, indicaron fuentes al tanto de las conversaciones para esta nota.
La delegación argentina confirmó a Uruguay el pasado lunes en la sesión plenaria de la CARP que dejaría sin efecto –por un plazo transitorio– el aumento de los peajes. No obstante, la delegación uruguaya –por intercesión de la Cancillería– tuvo que hacer lugar a un importante planteo de Argentina: accedieron a la remoción del secretario técnico de la CARP, Mauro Gorer, cuyo desplazamiento había pedido el mes pasado la delegación argentina que preside María Fernanda Fabré.
El funcionario cesado había sido durante seis años secretario administrativo e iba rumbo a su tercer año como secretario técnico. Desde su rol había sido responsable de redactar los informes a favor de volver a prorrogar la concesión para el dragado del Canal Martín García, mientras que Argentina tiene interés en convocar a una nueva licitación. El contrato, que vence a fines de este año, hoy corresponde al consorcio compuesto por Boskalis y Dredging International.
Argentina justificó la prórroga bajo la premisa de un reordenamiento de las actividades en el Río de la Plata y para analizar distintas alternativas para las mejoras en la navegabilidad. La resolución habla de una “bonificación” por el plazo de 60 días a la tarifa del peaje correspondiente al trayecto entre la Sección 1.1 y la Sección 1.2 del Contrato de Concesión de la Vía Navegable Troncal.
INDDHH PIDIÓ REVISIÓN DE CAMBIOS EN PASAPORTES
(LA DIARIA)
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) se pronunció este jueves sobre la decisión del gobierno de dar marcha atrás en los cambios implementados al pasaporte uruguayo, tras reparos de algunos países que provocaron inconvenientes a algunos uruguayos a la hora de viajar a esos destinos.
La Inddhh destacó que el cambio incluyó instancias con la anterior y la actual administración, y “permitió avanzar en consensos clave”. Por eso, manifestó que confía que en el Estado uruguayo avanzará “en una revisión normativa y procedimental que, lejos de implicar retrocesos, fortalezca las garantías para todas las personas ciudadanas, en pie de igualdad”.
El formato nuevo del pasaporte implementado en abril permitía que los pasaportes de los ciudadanos legales indiquen la ciudadanía y no el lugar de nacimiento, para que coincidiera el país emisor del documento y la ciudadanía de su titular. Así, el documento reemplazaba el título “Nacionalidad” por el de “Nacionalidad/Ciudadanía”, con el código “URY”, y eliminaba el campo “Lugar de nacimiento”. La Inddhh sostuvo que las modificaciones al campo “Nacionalidad” eran “una medida necesaria para garantizar la libertad de movimiento de las personas con ciudadanía legal en Uruguay”.
La institución recordó al gobierno que Uruguay asumió compromisos internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “que incluyen la adecuación de su normativa a los estándares internacionales en la materia y la eliminación de todo obstáculo que impida el ejercicio pleno de los derechos”, ya que “la libertad de circulación y la igualdad ante la ley son derechos fundamentales”.
TRES AÑOS Y OCHO MESES DE PRISIÓN PARA LARRARTE
(SUBRAYADO)
Jairo Larrarte, responsable del Grupo Larrarte, cerró un acuerdo para un juicio abreviado con la Fiscalía y cumplirá una pena de 3 años y 8 meses de prisión, acusado de apropiación indebida, estafa y libramiento de cheques sin fondos, al simular un fondo de inversión agropecuario para captar inversiones.
Este viernes, tendrá lugar la audiencia a partir de las 11 de la mañana. Si bien el acuerdo ya está cerrado, deberá ser ratificado por la Justicia. Esto implica el reconocimiento por parte de Larrarte de los delitos imputados por el fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 1º turno, Alejandro Machado.
El abogado de Jairo Larrarte, Enrique Moller, indicó que el acuerdo es solo respecto de Jairo Larrarte, y no de su pareja y presidente de una de las empresas del grupo, Marcos Ledesma, y del contador, Rafael Vinzia, quienes tienen medidas limitativas impuestas por la Justicia, como la obligación de fijar domicilio y la prohibición de salir del país y la entrega de sus pasaportes. Moller aclaró que en esos casos no hay formalización y la investigación continúa.
