Vecinos y diversas organizaciones sociales, sindicales, culturales y ambientales de Colón, Entre Ríos, presentaron ante los ministerios de Ambiente –a cargo de Edgardo Ortuño– y de Relaciones Exteriores –encabezado por Mario Lubetkin– de nuestro país, una serie de documentos y fundamentos jurídicos para manifestar el rechazo expreso a la ubicación propuesta por la empresa HIF Global para la construcción de una planta de combustibles sintéticos en Paysandú, a más de tres kilómetros en línea de la ciudad entrerriana.
La iniciativa contó con el acompañamiento de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), que asesoraron en la elaboración de los fundamentos y observaciones. La presentación incluyó consideraciones legales, un pedido formal de intervención de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y planillas con firmas de vecinos del departamento Colón, certificadas por el Juzgado de Paz, solicitando la relocalización de la industria.
En el marco de la presentación, los firmantes subrayaron que “como cuestión previa (…) requerimos la intervención ineludible de la CARU” en el proceso de análisis del proyecto, recordando la obligación del Gobierno uruguayo de notificar a dicho organismo todo emprendimiento con impacto potencial en la cuenca del río Uruguay”.
Asimismo, el documento plantea la necesidad de incorporar al debate al Proyecto regional: Adaptación al cambio climático Río Uruguay – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como espacio para favorecer diálogos de saberes y una transición ecosocial construida en conjunto por las comunidades ribereñas.
Entre los principales argumentos esgrimidos se destacan la falta de intervención temprana de la CARU, pese a que el proyecto prevé obras de infraestructura vinculadas al río (toma de agua, acceso fluvial, colectores de efluentes, entre otros), en contradicción con lo establecido por la Corte Internacional de Justicia en el caso Botnia: la contradicción de habilitar un proceso de viabilidad de ubicación antes de contar con un Estudio de Impacto Ambiental completo, que dimensione los efectos visuales, sonoros y de contaminación; y la ausencia de estudios específicos sobre el Sistema Acuífero Guaraní, a pesar de la vigencia de un tratado internacional que exige la debida consideración de su incidencia y eventual intervención de su comisión reguladora.
AMPLIO RESPALDO SOCIAL
La presentación fue suscripta por organizaciones de prestadores turísticos, corredores inmobiliarios, sindicatos, instituciones de salud, centros de jubilados, colectivos ambientales y culturales, entre otros actores de la vida comunitaria de Colón. “Desde hace meses venimos solicitando la revisión de la ubicación de la industria, entendiendo que se verán afectadas específicamente las áreas que cada uno representa: trabajo, salud, patrimonio, turismo, ambiente, cultura”, expresaron en el documento.
La nota concluye destacando que las firmas acompañadas constituyen un “grito desesperado que intenta frenar este atropello sobre la vida, el trabajo, la salud y el ambiente de las poblaciones que habitamos en la costa del río Uruguay”.
