Recientemente nuestro país se vio sacudido por la noticia de que China ha devuelto una partida correspondiente a exportaciones, por contener restos de garrapaticida y por lo tanto ser deficiente en cuanto a inocuidad hacia el consumidor, tal como establecen los protocolos internacionales.

Sería tal vez un tema menor –pero no para dejarlo de lado– si el episodio no involucrara nada menos que a nuestra principal riqueza de exportación de base agropecuaria, en un país que tiene a los productos primarios como la mayor fuente de ingresos de divisas y por ende para el reciclado de riqueza dentro de fronteras, en un área en que por lo tanto se deberían tomar todas las previsiones habidas y por haber para no sufrir las consecuencias en los mercados compradores.

Tal como diera cuenta EL TELEGRAFO en reciente edición, el tema fue abordado en conferencia de prensa por las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), instancia en la que los representantes de la secretaría de Estado dieron cuenta de una serie de medidas “integrales y de carácter inmediato” en respuesta a lo acontecido, a partir de que autoridades sanitarias chinas reportaran la detección de residuos de un garrapaticida por encima de los niveles autorizados en carne bovina exportada por Uruguay. Si bien la República Popular China no suspendió a las plantas frigoríficas involucradas, exigió un informe técnico al respecto en un plazo de 45 días.

Un tironcito de orejas, podríamos decir, con una tarjeta amarilla añadida por parte de nuestro principal mercado comprador de carnes, lo que explica la respuesta inmediata del ministerio, en procura de minimizar daños y prevenir males mayores.

En la oportunidad el ministro interino Matías Carámbula dijo que el gobierno decidió comunicar públicamente el episodio “por respeto y seriedad hacia el mercado chino”, porque demás ya hay antecedentes recientes: uno a fines de 2024 y dos de este 2025 en los que se detectaron residuos de productos garrapaticidas en carne bovina con destino a ese país asiático. En resumen, las líneas de acción ministerial conducen a mejorar los controles dentro de la cadena cárnica, donde evidentemente hay responsabilidades compartidas, aunque la principal –que desata todo lo demás– corre por cuenta del productor que no respetó los plazos establecidos en la normativa que se deben guardar tras la aplicación del producto y el envío del animal a faena.

Este es el eje conductor en la problemática, y a partir del cual intervienen los demás integrantes de la cadena. De acuerdo al anuncio del MGAP, se ha fijado como primera medida el aumento de muestreos en planta frigorífica, a través de un incremento del muestreo oficial de carne para detectar residuos de garrapaticidas como el fluazurón, el principio activo involucrado en las detecciones. Se indicó que esta intensificación será del orden de del 20 por ciento y priorizará zonas del país con mayor prevalencia de garrapata.

Por otro lado, una medida adicional refiere a la actualización de las sanciones administrativas para los casos en que se detecten residuos por encima de los límites máximos permitidos, incluyendo la tipificación de “falta grave” la presencia de residuos de medicamentos veterinarios por encima de los niveles autorizados. Además, el uso de productos no autorizados por la División Laboratorios Veterinarios, pasa a ser consiodrado como “falta muy grave”, con sanciones más severas.

Debe tenerse presente que todo producto veterinario viene acompañado por condiciones obligatorias de uso y un tiempo de espera, con un período mínimo que debe transcurrir entre la administración del producto y el envío del animal a faena, por cuanto si se apresura este envío, aumentan ciertamente las posibilidades de que se presenten residuos en la carne.

Ante la detección, se solicita la información trazable del embarque, (identificación de la caja y el lote) para rastrear el origen de los animales y determinar el establecimiento involucrado. Se pasa luego a la inspección de esos predios, consecuente verificación del manejo sanitario y un refuerzo de los controles con muestreo dirigido para los establecimientos involucrados. Así, cada vez que estos establecimientos vuelven a enviar ganado a cualquier frigorífico, estas remisiones son muestreadas específicamente para detectar garrapaticidas, en particular el fluazurón.

Es decir que la trazabilidad determina que quien cometió la infracción incorpore antecedentes y se actúe en consecuencia, de forma de efectivamente hacer cumplir las normas que no solo involucran a un productor o un frigorífico, sino a todo el sector, que corre el riesgo de pagar en los mercados las consecuencias de quienes no cumplen las normas.

Y corresponde situar además la real entidad de la problemática de la garrapata en nuestro país: en un reciente informe dado a conocer en Torre Ejecutiva se lanzó el Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata del Ganado, una estrategia considerada prioridad por el gobierno debido a las pérdidas que ocasiona esta parasitosis a la ganadería nacional, estimadas en unos 95 millones de dólares anuales, casi el doble de las provocadas por la bichera. El director general de Servicios Ganaderos, Marcelo Rodríguez, destacó en la oportunidad que el Plan fue construido de forma participativa, con el liderazgo técnico de Carlos Fuellis y Leticia Luengo, y con la colaboración de todas las áreas de la Dirección General de Servicios Ganaderos. Señaló que “el éxito de la estrategia dependerá del compromiso de productores y productoras, veterinarios y veterinarias, organizaciones y comunidades, porque cada predio saneado es un paso hacia una ganadería más fuerte, competitiva e inclusiva”.

Lo que está muy bien, considerando que involucra la implementación de una nueva vacuna innovadora, el control de tránsito del ganado, el uso de acaricidas y hemovacunas bajo protocolos de uso responsable y la educación sanitaria de productores. Es decir, este plan busca mejorar la eficiencia productiva, preservar la sanidad del ganado y garantizar la calidad de la carne uruguaya para la exportación.

Y es de esperar que este llamado de atención, con la partida afectada nada menos que en el mercado chino, permita reflexionar tanto respecto a la importancia de la lucha contra el ácaro, como a ejercer la responsabilidad compartida de respetar los protocolos y los manejos de rigor, porque una falla individual o irresponsabilidad puede arrastrar a todo un sector y al propio país a sufrir fuertes pérdidas y credibilidad que después cuesta muchísimo recomponer, cuando además Uruguay se encuentra entre los tres países que exportan carne a mayor precio en el mundo, junto a Australia y Estados Unidos.