El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, expresó la preocupación del gobierno uruguayo ante el escalamiento de la violencia del crimen organizado, la compleja situación fiscal heredada y la estrategia económica para fomentar el crecimiento y la inversión, en una entrevista con el director de EL TELEGRAFO, Alberto Baccaro.
Calificó como “un hecho grave e inusual para Uruguay, una ‘advertencia’ que marca un cambio en el patrón de violencia”, el atentado contra la fiscal Mónica Ferrero y recordó que “la violencia asociada al narcotráfico no es nueva en Paysandú, con asesinatos relacionados con disputas territoriales o de cargamentos en el pasado”.
Ante el hecho “se está desplegando toda la capacidad investigativa del Estado, con detenciones ya realizadas y el objetivo de identificar tanto a los autores materiales como a los ideológicos”, al tiempo que se procede a la “revisión de los protocolos de seguridad para funcionarios públicos involucrados en el cumplimiento de la ley, buscando evitar una relajación de las medidas”.
Por otra parte hizo énfasis en “el impulso que el gobierno da a la aprobación de la ley de lavado de activos para desfinanciar al crimen organizado, siendo el eje central para atacar el dinero, que es el principal motivo de estas actividades”.
En cuanto a la situación fiscal y presupuestal, Jorge Díaz indicó que “el gobierno encontró un déficit fiscal estimado en 4,1 o 4,2% del PBI para 2025, significativamente mayor al 2,8% proyectado por la administración anterior. Se identificaron deudas no previstas por unos 1.200 millones de dólares, incluyendo pagos del Ferrocarril Central, deudas en ASSE y Ancap”.
Aseguró que “no se reducirá el gasto de la línea base, manteniéndose lo ejecutado en 2024.
Se busca aumentar los ingresos en 140 millones de dólares a través de eficiencia fiscal y el impuesto mínimo global a empresas. Buscamos priorizar áreas como seguridad, pobreza infantil y educación dentro de este margen limitado”.
Destacó que en la consideración del proyecto de presupuesto, “los organismos estatales solicitaron un incremento presupuestal total de 1,1 mil millones de dólares, muy superior a los 140 millones de dólares disponibles. En ese sentido, se exige a los organismos reordenar sus cuentas y gastar mejor, con un enfoque en la medición de resultados y objetivos”.
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