La Comisión Interdepartamental de Personas con Discapacidad (Cipedi), órgano asesor del Congreso de Intendentes presidido por la sanducera Guadalupe Caballero, recibió al director del Área de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Federico Lezama. Durante el encuentro, presentó los lineamientos del gobierno en la materia, con énfasis en el Plan Nacional por la Accesibilidad y los Derechos de las Personas con Discapacidad 2025-2030.
Asimismo, fue recibida Karen Sass, representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), quien expuso el trabajo de la institución en torno a políticas dirigidas a personas con discapacidad. El objetivo es fortalecer la articulación interinstitucional y avanzar en estrategias que promuevan la inclusión y el respeto de los derechos humanos a través del Mecanismo de Vigilancia y Monitoreo de Discapacidad.
El plan propuesto por el Mides orientará las políticas públicas en el área, enfocándose en diez ejes estratégicos: Institucionalidad; Datos y Estadísticas; Accesibilidad; Educación; Salud, Habilitación y Rehabilitación; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Vivienda, Autonomía y Vida Independiente; Acceso a la Justicia y Capacidad Jurídica; Cultura, Deportes y Recreación; y Toma de Conciencia.
Además, incorpora un enfoque integral en género, cuidados, prevención de la violencia y atención a mujeres y niños. También se implementará un “Monitor Ciudadano”, que permitirá un seguimiento público de los avances en educación, empleo, salud y cultura.
Una de las iniciativas más innovadoras es la campaña pedagógica de transformación cultural, orientada a promover el respeto por la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad, combatir prejuicios y estereotipos, e impulsar un cambio que reconozca sus aportes en todos los ámbitos de la vida social.
Entre las herramientas propuestas destacan la plataforma “Borde, Relatos al margen”, que reunirá cuentos, testimonios y anécdotas desde la perspectiva de personas con discapacidad, así como una campaña por los 20 años de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que incluirá una gira nacional por los 19 departamentos.
BRECHAS SOCIALES SIGNIFICATIVAS
De acuerdo con el Censo Nacional 2023, en Uruguay viven aproximadamente 197.000 personas con discapacidad, lo que equivale al 6,6% de la población total. Este porcentaje ha variado con el tiempo: del 7,6% en 2003-2004 al 15,8% en 2011, reflejando mejoras en la medición y la ampliación del concepto de discapacidad. Los datos, sin embargo, muestran brechas sociales significativas. En educación, el 53% de las personas con discapacidad tiene como máximo nivel la Primaria, frente al 26% de la población sin discapacidad. Solo un 10% cursa actualmente estudios, comparado con el 26% de las personas sin discapacidad. En empleo la tasa de ocupación es inferior (55% vs. 80% en la franja de 20 a 44 años), mientras que el desempleo es casi el doble (17% vs. 10%). En demografía, el 49% de las personas con discapacidad tiene 65 años o más, el 42% está entre los 20 y 64 años, y el 9% entre 5 y 19 años. En cuanto al género, el 62% son mujeres y el 38% varones.
NUEVA INSTITUCIONALIDAD
La estrategia plantea una renovación institucional basada en tres ámbitos complementarios. Se proponen como nueva instancia de gobernanza la creación de la Junta Nacional de Políticas de Discapacidad, espacio supraministerial de definición política y articulación interinstitucional; el Instituto Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, encargado de la dirección de las políticas. En tercer lugar, establecer la Comisión Nacional de Participación de las Personas con Discapacidad, ámbito de asesoramiento, participación y control, con personería jurídica y recursos propios.
En 1987 la creación de la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado marcó el primer paso hacia la implementación de políticas específicas en beneficio de las personas con discapacidad.
