En Uruguay hay más de 7.800 niños, niñas y adolescentes institucionalizados en dependencias de acogida del INAU. No se trata de menores que estén cumpliendo sanciones disciplinarias, sino que han sido derivados a raíz de haberse encontrado expuestos a situaciones de abuso o violencia y han sido apartados de sus progenitores u otros vínculos familiares.
Cuando debería tratarse de una medida excepcional y transitoria, se constatan trayectorias de varios años y con pasajes por diferentes centros de la institución, según se presentó en el informe elaborado por el equipo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dependiente de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh).
El informe aplicó la misma metodología que el anterior, hace diez años, por lo que permitió constatar la evolución del sistema y mostró un agravamiento en la situación de los niños, niñas y adolescentes residentes en dependencias estatales. El promedio es que cada niño, niña o adolescente pasa por 3 centros, pero con casos que han pasado por hasta diez dependencias, expuso María José Doyenart, una de las integrantes del equipo durante la presentación. Uruguay sigue presentando las tasas más altas de institucionalización. Es el tercero, como lo dice Unicef, en América Latina. Y esto representa que 321 niños, niñas y adolescentes cada 100.000 se encuentran institucionalizados en un centro 24 horas”. Y a esto se agrega que, además, “los promedios de permanencia dentro del sistema son excesivamente prolongados. Estamos registrando un promedio de 7 años, que para la vida de un niño, niña, adolescente, es muchísimo tiempo”, señaló.
SALIDAS
Un aspecto preocupante del informe es el relacionado con la población adolescente y las salidas no acordadas, que han dado lugar a situaciones complejas, como violencia, abusos y explotación sexual, en especial en zonas de frontera.
Adriana Rodríguez, otra de las integrantes del equipo que realizó la investigación, indicó que se dan en todos los centros y en todas las regiones. “INAU ante una ausencia, el primer paso, es hacer una denuncia policial. Estas ausencias tienen que tener una evaluación de riesgo, en cuanto no son las mismas las ausencias que por el cotidiano desarrollo de la vida de las niñas, niños y adolescentes se pueden presentar, de aquellas que sí se encuentran en riesgo”, dijo. Entre los riesgos evaluados el informe menciona malos tratos, violencia, abuso, explotación, vínculos con el microtráfico, e “incluso se evaluaron situaciones de riesgo de vida”. Por otra parte se constataron situaciones que, bajo la denominación de ‘salidas no autorizadas’, “se constituían en una desaparición, ya que tenían un tiempo mayor a 8 meses, a un año, sin tener conocimiento desde los equipos del paradero”, relató la técnica.
RIESGO
El seguimiento de estas situaciones ha permitido constatar el vínculo con situaciones complejas de violencia, abusos y hasta de explotación sexual comercial. Rodríguez agregó que se incurre en violencia institucional cuando no se realiza una búsqueda activa ante este tipo de situaciones.
Aunque las situaciones de abuso y explotación se encuentran entre las causas de institucionalización, también se han constatado casos de captación de adolescentes institucionalizados, tanto por adultos externos como por otras adolescentes, que debe ser consideradas igualmente víctimas, dijo. “La explotación sexual es un fenómeno que atraviesa el sistema de protección en los distintos territorios, pero adquiere mayor relevancia en lugares determinados, como en fronteras”, afirmó.
RESPUESTA
Durante la presentación el vicepresidente de INAU, Mauricio Fuentes, anunció que el objetivo es eliminar la institucionalización infantil entre 0 y 3 años al cabo de este período y adelantó que además de 50 educadores que ingresaron recientemente, se están preparando otros 50 ingresos y los habrá además en diferentes centros del país.
Fuentes afirmó que el sistema “está atravesado profundamente por el miedo”. Agregó que tras el asesinato de Luna, una adolescentes de 13 años en Maldonado, a manos de su padre, “en los dos días posteriores, en el hogar donde Luna vivía, ingresaron siete niños en amparo. Y en los 10 días posteriores a la muerte de Luna, hubo 30 solicitudes de amparo en Maldonado”. El jerarca dijo no expresarse sobre si eran necesarias o no, “no quiero pronunciarme sobre eso. Lo que digo es que es imposible que un sistema resista duplicarse prácticamente en 10 días”.
Fuentes planteó que se debe “trabajar muy fuertemente y hacer una inyección de recursos importante para cambiar hacia un modelo de base familiar y comunitario” y que se debe fortalecer, “tanto desde lo presupuestal como desde las estrategias de búsqueda, todo lo que tiene que ver con los modelos alternativos: llámese acogimiento familiar, familia amiga, llámese adopciones, o cualquiera de las modalidades que hoy por hoy tenemos a disposición”.
SISTEMA
Para la elaboración del informe se realizaron 110 visitas a 79 centros, el 68% de la cobertura. El sistema de protección especial tiene 116 centros en todo el país, sin contar centros especializados como los de atención de salud mental, consumo problemático, violencias y discapacidad.
