Los nueve militares retirados acusados por el caso Roslik comenzaron a ser juzgados ayer. El operativo en el que fue secuestrado y torturado, entre otros, el médico Vladimir Roslik en San Javier ocurrió el 29 de abril de 1980, pero en esa oportunidad fue liberado en julio y permaneció vigilado y amenazado.
En la madrugada del 15 de abril de 1984, Roslik fue secuestrado nuevamente en otro operativo militar y junto a otras personas fue trasladado al Batallón de Infantería N° 9 de la ciudad de Fray Bentos, donde fue torturado. Murió un día después a causa de las torturas y su caso es conocido –entre otros motivos– por tratarse del último asesinado durante la última dictadura cívico-militar.
El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad Ricardo Perciballe, explicó que la muerte de Roslik no puede ser imputada porque en su momento un Tribunal de Apelaciones dispuso que había cosa juzgada sobre ese hecho.
“Lo que permitieron a la Fiscalía es investigar todos los hechos que sucedieron en ese momento (1984) con respecto a otras víctimas y en el operativo del año 1980, es todo relacionado a la persecución a la colonia San Javier, pero no la muerte de Roslik”, detalló.
Los militares retirados Daniel Castella, Rodolfo Costas, Eduardo Saiz, Luis Estebenet, Óscar Mario Roca, Abel Pérez y Jorge Soloviy, estaban presentes mientras Ivo Morales y Héctor Sergio Caubarrere presenciaron la audiencia por Zoom.
Perciballe destacó que las víctimas, que no estaban presentes, van a poder concurrir a declarar los “padecimientos a los que fueron sometidas”, y “no sólo eso, sino también reclamar justicia, esa justicia que se les ha denegado por tantos años”. También señaló que se trataba de un día importante para su Fiscalía porque se estaba “avanzando en justicia, verdad y memoria”.
También señaló que, en el marco del operativo de 1980, se detuvo a unas 20 personas de la localidad, en su mayoría jóvenes de entre 16 y 19 años. “Fueron trasladados al centro Juventud Unida y a la seccional policial para posteriormente ser trasladados al Batallón de Infantería 9, donde comenzaron los verdaderos suplicios de las personas”, acotó el fiscal.
El último operativo
El siguiente operativo, de 1984, se dio en un marco de “primavera democrática”, señaló Perciballe, ya que el país se encaminaba a volver a la democracia. Según dijo, “había sectores dentro de la dictadura, los más duros y los más comprometidos”, que querían “mantener sus beneficios” y su “impunidad”. En ese marco, “nuevamente orquestaron esta mentira de la célula comunista en Uruguay y, lo más traído de los pelos, que había submarinos que venían por el río Uruguay a trasladar armas para este grupo de personas”.
La fiscalía pidió 15 años y seis meses de penitenciaría para Roca, Morales y Pérez como autores de reiterados delitos de privación de libertad, con reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y reiterados delitos de lesiones graves, y para Caubarrere y Soloviy la pena de 14 años y seis meses de penitenciaría por los mismos delitos. Para Castellá y Costas pidió una condena de 13 años y seis meses, también por privación de libertad, abuso de autoridad contra detenidos y lesiones graves. En el caso de Estebenet, la fiscalía pidió una condena de 11 años y seis meses de penitenciaría por los mismos delitos, mientras que para Saiz pidió una condena de 13 años de penitenciaría.
