Dirigiéndose a la Conferencia “Lograr reformas en América Latina”, organizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), celebrada en Montevideo, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, desgranó una serie de conceptos que refieren a las dificultades a que se enfrenta quien pretenda instrumentar reformas en nuestro país, así como en toda la región, porque se trata de problemas estructurales que se han mantenido y potenciado durante décadas y tienen que ver con las causas de nuestro rezago.
Con un aporte optimista, el secretariado de Estado mencionó que actualmente el Uruguay tiene la oportunidad de dar un “golpe final” a la inflación, y que “el corazón de las reformas” a encarar está en la microeconomía, en la desburocratización del Estado, en conectar mejor la innovación con los negocios, mejoras en energía y agua y ver cómo gestionar el sistema de puertos.
Por cierto, la mención de un “golpe final” a la inflación en sí debe tomarse con pinzas, porque la inflación que se da en Uruguay es un parámetro de origen multicausal, que en sucesivos gobiernos se ha tratado de controlar artificialmente mediante el tipo de cambio, es decir mantener el dólar lo más “planchado” posible, para que el aumento de su cotización no repercuta negativamente en los costos internos. Esta herramienta la han venido utilizando los gobiernos de todos los partidos, cualquiera sea su signo ideológico, y en base a esta palanca se procura que se frene la tradicional carrera inflacionaria entre precios y salarios, que se realimenta cuando la economía se desequilibra, por lo que el tipo de cambio debería ser solo un principio en la terapia para a partir de cierta estabilización encarar las reformas estructurales que se necesitan.
Y por cierto que estas reformas estructurales tienen que ver fundamentalmente con el peso del Estado, que contribuye en forma sustancial a que el Uruguay sea un país caro, y que a la vez amplios sectores tengan problemas de ingresos suficientes para llevar una vida decorosa. Pero ocurre que hay un statu quo instalado desde el fondo de los tiempos, a partir de aquel Estado benefactor y paternalista que distribuye recursos para combatir desigualdades, en un escenario que se extiende hasta nuestro días desde el punto de vista estructural y además cultural, porque ello es asumido con naturalidad y hasta como si fuera necesidad por amplios sectores de la población. Ello hace que cualquier intento de cambiar aún en forma mínima este estado de cosas, encuentre feroz resistencia en sectores que históricamente se han favorecido de esta situación, con privilegios y beneficios, que resisten los cambios en forma visceral.
Oddone amplió conceptos en el sentido de que “tenemos una presión fiscal que se aproxima más a la de la OCDE, ahora en el 28 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), que ya no es menor. En términos comparados en la región es elevada, pero en términos internacionales tampoco es elevada. Y tenemos un conjunto de instituciones que son parte del pacto social, que son muy relevantes para el pacto social, pero que tienen oportunidades de cambios y de mejoras”.
Mencionó que en Uruguay es necesario trabajar en un tercio de población que está en la pobreza o cercana a ella, y subrayó que nuestro país tiene el problema “de que hay una serie de subsidios y una serie de beneficios a sectores de ingresos medios, que se benefician de recursos públicos, y si yo los direcciono de manera inmediata, pierdo el apoyo político. Y por lo tanto lo que tengo que hacer es agregar la protección social y por economía política, teniendo mucho cuidado cómo desarmo beneficios innecesarios, porque la única forma de hacer esto de manera razonable es crecer arriba del 3 por ciento, cosa que ocurrió en la década de 2010 y algunas cosas se pudieron hacer”.
Agregó por otro lado que “los niveles de ineficiencia que hay son importantes. Hay una permanente exportación de ineficiencias al sector competitivo internacionalmente, que es el que nos conecta con el mundo”, en tanto advirtió luego que “acelerar el crecimiento es la clave”.
La complejidad del tema es manifiesta, porque además en economía todo tiene que ver con todo, partiendo de medidas concretas pero también de las señales que se envían hacia los operadores y la propia población, con el agregado de que todo lo que se haga desde el sistema político en procura de correctivos en el área socioeconómica, tiene consecuencias político – electorales, y este ha sido precisamente el gran freno que ha hecho que en Uruguay solo se hayan hecho reformas que van al maquillaje pero no al fondo, dejando intactos problemas estructurales de gran envergadura, como es el caso del peso, la burocracia y la ineficiencia del Estado, como factor omnipresente.
Recuérdese que en su momento, poco después de asumir en su primer gobierno, el expresidente Tabaré Vázquez prometió a llevar a cabo la “madre de todas las reformas” del Estado, y fue trancado desde la interna de su fuerza política desde el vamos, pero sobre todo por las gremiales de funcionarios del Estado y otros grupos que son destinatarios de beneficios y privilegios pagados por todos los uruguayos, y que se oponen férreamente a perderlos y a que se les haga cualquier quita.
Al expresidente José Mujica directamente “no se la llevaron”, como él mismo confesó, y mucho más aún fue la resistencia a intentos muy parciales de los gobiernos de los partidos tradicionales, incluso llamando a plebiscitos que torcieron el brazo a lo que se intentara respecto a empresas públicas y otras propuestas que arañaban la cáscara del Estado.
Nos hemos quedado hoy con lamentar lo que se debió haber hecho y no se hizo en su momento, por ejemplo, como bien expresa Oddone, cuando hubo un gran crecimiento de la recaudación en la década de 2010 por la coyuntura internacional favorable, y se gastó todo este gran regalo de recursos extra en vivir el momento, incluso incorporando gastos fijos al Estado, en lugar de utilizarse como un colchón para respaldar el costo de las grandes reformas postergadas una y otra vez.
En fin, más allá de las leyes de la economía, la responsabilidad de lo que no se ha hecho pasa por el sistema político, –con algunos con más responsabilidad que otros– porque han primado las ideologías, los cortoplacismos, los egoísmos, las mezquindades, la soberbia, el preferir endilgar al adversario los costos políticos de hacer lo que se debe hacer, en lugar de acordar por lo alto políticas de Estado y las consecuentes reformas cuya ausencia hoy se está lamentando.