Culminada la instancia presupuestal en el Parlamento, es decir la consideración del proyecto enviado oportunamente por el Poder Ejecutivo sobre el Presupuesto Quinquenal, pasando primero por Diputados, luego por el Senado y su retorno a cámara para la sanción definitiva, surge que en suma se incorporaron en el tratamiento parlamentario varios cambios de destino y reasignaciones en los recursos, por un monto del orden de los 320 millones de pesos.
Estos cambios, producto de planteos de legisladores de todos los partidos, y en muchos casos recogiendo reclamos de sectores que se han sentido postergados en el tratamiento inicial, incluyeron 30 millones para Fiscalía, 20 millones para operadores penitenciarios, 10 millones para el Instituto Nacional de Discapacidad y el Programa Nacional de Viviendas Accesibles, 10 millones para institutos del MEC, 180 millones para ANEP, 20 millones para la UTEC y 50 millones para la Universidad de la República. Se trata de redistribución del monto establecido en el proyecto original, por lo que no hubo incremento del monto total, según destacaron fuentes parlamentarias oficialistas.
En realidad, puede decirse sin temor a equívocos, que con la aprobación del presupuesto correspondiente al quinquenio, se inicia la gestión del gobierno con los recursos específicamente dispuestos por el Poder Ejecutivo para llevar adelante los programas y lineamientos establecidos en la propuesta electoral que aprobara la mayoría ciudadana en el último acto eleccionario, por cuanto lo hecho o no hasta ahora se ha ejecutado con recursos provenientes del presupuesto anterior, como ocurre en cada cambio de gobierno durante el primer año.
Pero para ubicarnos en el nuevo presupuesto, es pertinente traer a colación recientes reflexiones del presidente Yamandú Orsi, durante su disertación en el almuerzo de trabajo de cierre de año de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), cuando mencionó el “punto de arranque de la gestión” y dijo que “no hay más remedio que hacerlo, y que quede clarísimo que acá en ninguna de las palabras en este análisis primero va a haber traslado de culpas, solo que es aclarar”.
Aseguró el jefe de gobierno que “la herencia recibida no fue un desastre, tampoco fue el paraíso, porque así es siempre o casi siempre, así es el Uruguay”. Si bien reconoció que “cuando llegamos al gobierno nos encontramos con un país que tenía fortalezas macroeconómicas”, Uruguay tenía “una situación bastante más pesada y compleja de lo que teníamos o de lo que se nos había anunciado”. Orsi sostuvo que es “una realidad que combinaba problemas fiscales, sociales, institucionales, que a su vez condicionan la capacidad de acción inmediata”.
Es decir, nada nuevo respecto a lo que señala cada nuevo presidente en nuestro país una vez que se hace cargo del gobierno cuando es de otro partido, y toma contacto desde adentro con la realidad del escenario y de los números que provienen de la administración saliente. En este sentido Orsi detalló que “en materia fiscal, los números mostraban una realidad un poco más dura de lo esperado. El déficit rondaba el 4% del PBI, bastante más por encima de lo que suponíamos allá en el 2024 y junto con ese déficit aparecieron deudas postergadas, obligaciones que no estaban registradas con claridad. Más de 160 millones de dólares en el MTOP o más de 100 en ASSE”.
“También descubrimos que parte de la buena foto fiscal del último año se había sostenido adelantando ingresos futuros. Ancap adelantó 30 millones de dólares, UTE 44 (millones de dólares) en cobros impositivos. Esto generó un alivio que fue momentáneo, pero dejó compromisos para el año 2025 como era obvio”, indicó.
También se refirió a varias decisiones presupuestales del último período que implicaron egresos adicionales por 970 millones de dólares para este año, por haber postergado gastos y cargas que el nuevo gobierno debió asumir. Mencionó asimismo un embargo de las cuentas del Estado uruguayo en Luxemburgo, que se superó en los primeros meses de gobierno, pero que generó preocupación. Debido a un embargo trabado por la sociedad panameña Larah contra los activos uruguayos por el impago del laudo arbitral por el cierre de Pluna, en este caso naturalmente por el arrastre de todo lo que aconteció durante el polémico manejo del tema por los gobiernos de izquierda.
El mandatario afirmó que recibió al país con una situación social “compleja”, que afecta directamente la vida de miles de uruguayos, señalando un crecimiento significativo de la pobreza infantil, récord histórico de personas en situación de calle, tensión en el sistema de salud con mutualistas en situación financiera crítica y récord de juicios al Estado por medicamentos y tratamientos no garantizados por el Estado.
En materia de seguridad, Orsi afirmó que “tenemos un país con una marcada presencia del crimen organizado, con registros elevados de violencia letal y con un sistema penitenciario que perdió la capacidad de control y rehabilitación”.
“No menciono todo esto para buscar excusas, no es mi forma de hacer política. Lo menciono porque no se puede construir futuro sobre diagnósticos falsos. El país merece saber con claridad cuál es el punto de partida sobre el cual estamos trabajando”, aseguró. “Esta es la base desde la cual empezamos a construir”, remarcó.
Y para ello, el instrumento fundamental desde el punto de vista de la disponibilidad de los recursos que recauda el Estado es la Ley de Presupuesto recientemente sancionada en el Parlamento, lo que explica la importancia de la instancia parlamentaria finalizada, tras más de tres meses de debates y de tironeos para acordar la asignación de la torta de recursos entre los diversos sectores.
No faltaron las acusaciones: el diputado colorado Felipe Schipani subrayó que “hubo un engaño electoral. Lo admitió el propio gobierno cuando el número dos de la economía del país –el subsecretario del MEF, Martín Vallcorba– señaló que el programa de gobierno con el que se fue a la elección era imposible de llevar a la práctica. No se podía cumplir porque era impagable. Bajo esa premisa es que se llega a esta norma presupuestal que es producto de promesas incumplidas”.
En cambio el secretario de la Presidencia Alejandro “Pacha” Sánchez optó por no recoger el guante y aquietar las aguas, expresando su “saludo a todas las bancadas por apostar al diálogo y construir en conjunto un proyecto mejor”, para acotar que “tenemos un rumbo claro: construir un Uruguay de oportunidades”.
El tiempo dirá en qué punto intermedio de los extremos estará la verdad, cuando se ha aprobado ahora el instrumento con el que se apunta a cumplir las promesas electorales. Pero lo que es cierto es que, como ocurre período tras período, se plantea el eterno dilema de la sábana corta de los recursos. La incógnita es cómo ello se podrá manejar, cómo se transmite al ciudadano y cómo lo recibe éste, a la hora de la evaluación y según como a cada uno le va en la feria.
Pero sobre todo, más allá de ideologías y banderas partidarias, esperemos que en esta eterna dicotomía entre lo que se puede y lo que se necesita, este gobierno pueda encontrar el rumbo.
