La asamblea de AEBU efectuada en el teatro El Galpón en modalidad presencial y virtual, con una concurrencia de más de 1.500 trabajadores, resolvió desautorizar la firma del preacuerdo alcanzado por la dirección del sindicato y establecer los parámetros para un nuevo convenio.
En la asamblea se presentaron varias propuestas para su aprobación, en tanto el preacuerdo se consideró “un avance importante”. Otras dos mociones en minoría, plantearon el rechazo del preacuerdo por insuficiente. Una de estas últimas que resultó aprobada, lleva la firma del consejero de la banca oficial de AEBU e integrante del sector Coordinación por el Cambio, Álvaro Legaspi.
El preacuerdo
El documento establecía los ajustes salariales para los próximos dos años. En enero aplicaría el aumento del 4,5% por concepto de adelanto de inflación, correspondiente a la inflación proyectada por el gobierno para ese año. Por otro lado, establecía un correctivo por el cierre del convenio anterior, que no se activaría porque la inflación estimada para el cierre del año en torno al 4%, está por debajo del adelanto otorgado en 2025 del 5,2%.
En enero de 2027 correspondía el segundo ajuste, con un adelanto de inflación estimado en 4,5% y el correctivo inflacionario únicamente si la inflación del 2026, medida por el IPC subyacente, supera el adelanto otorgado más un margen de tolerancia de 0,5%, es decir, si supera el 5%.
Al finalizar el convenio se aplicaría un correctivo final, que se evaluaría el período completo de los dos años, comparando la inflación acumulada medida por el IPC común con los ajustes salariales otorgados durante el convenio, incluidos los adelantos y los correctivos que eventualmente se hubieran aplicado.
De forma adicional, y para proteger a los salarios más bajos ante un eventual escenario inflacionario adverso, se habían acordado partidas fijas extraordinarias de $ 6.500 en febrero de 2026 y otra de $ 8.700 en febrero de 2027, lo que representa un total de $ 15.200 durante el período del convenio. Este aspecto no fue aprobado, “porque no garantizaba el mantenimiento del salario real ya que se introducía para el sistema financiero la inflación subyacente y esas partidas no se incluían en el salario sino que se entregaban por única vez”, dijo Legaspi a EL TELEGRAFO.
La asamblea rechazó este preacuerdo y consideró que tampoco aseguraba completar las vacantes generadas en los bancos ni incluía en el convenio a los trabajadores de la Agencia Nacional de la Vivienda (ANV), o el descanso en el hospital del BSE de 4×2, así como no avanzaba en ningún aspecto de la plataforma del sindicato.
El dirigente señaló que había situaciones que no favorecían a los funcionarios de las sucursales del interior, mientras que AEBU reafirma su voluntad para “la descentralización de los concursos de los cargos”.
En el caso de los nuevos ingresos en el Interior, “iban a tener cinco días menos de licencia que los que tienen actualmente. El protocolo para los traslados, que es de 2020, garantiza la movilidad horizontal. Es decir, el que pide tiene el derecho y no hay motivo para no concederlo. Eso sería retaceado ya que la administración esgrime dificultades de funcionamiento por esos desplazamientos, pero iría en contra de los derechos de los trabajadores”.
La junta quedó habilitada a adoptar medidas que afectan la operativa bancaria. “Por ejemplo, las guardias de cajeros automáticos, el clearing, transporte de dinero y que los demás bancos –que no son el BROU, Banco Comercial, BSE, BHU, ANV o BCU– también aporten ideas sobre medidas para generalizar el conflicto”, agregó.
Definieron, además, una campaña de difusión “para poner sobre la mesa los temas programáticos como vacantes, privatizaciones, ganancias de los bancos, pérdida de competitividad de las empresas del Estado con las privadas”. El consejo del sector deberá instrumentar la resolución de la junta de delegados, “de la cual adelanto que no nos moveremos un centímetro”, concluyó Legaspi.
