El Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de Concepción del Uruguay, a cargo del juez federal subrogante Hernán S. Viri, citó a declaración indagatoria a varios de los imputados por una presunta maniobra de sobreprecios en el dragado del río Uruguay.
De acuerdo a lo publicado por el portal entrerriano 03442.com.ar, entre los convocados figura Pieter Jan de Nul, propietario y representante legal de la empresa Jan de Nul, histórica adjudicataria de las tareas de dragado, junto a exintegrantes argentinos de la CARU, entre ellos Jorge Diego Satto –exdiputado provincial–, Juan Enrique Ruiz Orrico y Mauro Héctor Vazzon.
Señala el medio entrerriano que actualmente Vazzon es el presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos y Satto es el secretario de Turismo de la provincia, cargos para los cuales fueron designados por el actual gobernador Rogelio Frigerio. Por su parte, Ruiz Orrico, fue electo diputado provincial en 2023.
La denuncia ingresada en 2019 por Carlos Jaime Hartwig sostiene que las obras de dragado del río Uruguay se habrían ejecutado bajo contratos con sobreprecios, generando un perjuicio económico estimado en unos 20 millones de dólares, comprometiendo tanto a la empresa concesionaria como a funcionarios que integraban el organismo binacional responsable del control.
Posible extensión del contrato
Consultada por EL TELEGRAFO la presidenta de la delegación uruguaya en CARU, Cecilia Bottino, explicó que a nivel del organismo binacional no hay consulta alguna de parte del Juzgado, ni se está investigando el caso internamente.
Sin embargo dijo que ante esta situación planteada “tendremos que ver”, porque el tema del dragado para este período “está en tratamiento, aún sin resolución” porque “no existe acuerdo entre las delegaciones en la forma del financiamiento, y se están buscando algunas alternativas”, puesto que “ya no dan los tiempos para hacer una nueva licitación”. De esta forma podría concretarse en “una extensión de la actual licitación” vigente –con Jan de Nul–.
Sin embargo frente a los hechos recientes –“que en mi caso desconocía”–, indicó que “tiene que ser motivo de consulta”, aunque aclaró que la licitación investigada “no es la que está actualmente vigente”, sino una anterior. Debe tenerse presente que más allá de qué país pague el dragado, la licitación, de acuerdo a la normativa, es llevada adelante por CARU, tanto en lo que refiere a los términos de la convocatoria como al proceso de estudio y adjudicación, una instancia que requiere la firma de las dos delegaciones. Este tema es precisamente motivo de evaluación, ante las implicancias derivadas de lo que surja de la causa judicial en la Argentina, que involucra a estos empresarios y los funcionarios mencionados, pero debe tenerse presente que hasta ahora en CARU no hay ninguna solicitud de información por parte del juzgado actuante.