La violencia digital contra las mujeres es una forma creciente y compleja de violencia de género que exige respuestas coordinadas en el plano legal, institucional, educativo y tecnológico. Se trata de una forma de violencia que incluye el acoso, las amenazas, la difusión no consentida de imágenes, campañas de desinformación y producción de contenidos manipulados (deepfakes) que buscan silenciar, humillar o excluir a las mujeres de la vida pública.
No se trata de un fenómeno aislado sino que reproduce relaciones de poder existentes en la sociedad, y por su viralidad y anonimato, multiplica el daño y dificulta la reparación, teniendo consecuencias en la salud, el empleo y la participación social de las mujeres en tanto ciudadanas.
Cabe señalar en este sentido que la promesa tecnológica de ampliación de las libertades no se ha cumplido totalmente y que, además, está revelando con crudeza que así como permite la construcción de oportunidades, también reproduce y amplifica prácticas de control, humillación y exclusión.
La violencia digital de género no es un fenómeno marginal ni puramente tecnológico, sino una extensión de las relaciones de poder que atraviesan la sociedad y que, en el contexto digital, adquiere nuevas herramientas (anonimato, viralidad, algoritmos) que multiplican el daño y dificultan la reparación.
A escala internacional, organismos especializados como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han señalado la aceleración del abuso en línea impulsado por la inteligencia artificial y la impunidad que generan vacíos legales y operativos. Las deepfakes y la difusión masiva de contenidos no consentidos están transformando la agresión digital en un arma de exclusión social, con efectos que trascienden las pantallas y afectan la vida laboral, la salud y la seguridad personal de las mujeres. Por eso mismo, la respuesta pública no puede ser meramente simbólica, sino que requiere de ajustes normativos, protocolos operativos y capacidades técnicas que seguramente falta desarrollar más allá de lo que hoy habilita la legislación o la costumbre.
En nuestra región latinoamericana actúan diferentes organizaciones feministas, redes de periodistas y defensores de la libertad de expresión, universidades, colectivos tecnológicos y oenegés que trabajan por los derechos digitales. A nivel internacional, organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y programas regionales impulsan diagnósticos y recomendaciones que en algunos países se está intentando traducir en políticas públicas.
Algunos estudios regionales están mostrando impactos significativos de la violencia digital contra las mujeres, tales como altas tasas de autocensura y limitación de la participación en redes entre mujeres y personas con voz pública, efectos laborales y de seguridad que obligan a muchas mujeres a reducir su presencia en espacios digitales.
Se trata de un tipo de violencia que reduce la libertad de expresión y la participación social y política de las mujeres, que enfrentan costos personales y profesionales por exponerse en espacios públicos digitales, con el consecuente deterioro de la salud mental, la seguridad, la reproducción de estereotipos que dificultan la igualdad en el empleo y la educación. Por otra parte, la normalización de discursos misóginos en ciertos espacios en línea puede contribuir a una cultura que tolera la agresión y dificulta la prevención.
En Uruguay la discusión pública y académica de este problema se intensificó recientemente en torno a la conmemoración del 25 de noviembre, con aportes desde la universidad y organismos estatales que han señalado la necesidad de protocolos y reformas.
La realidad es que en nuestro país conviven avances en políticas de género con limitaciones evidentes frente a la violencia digital. La ausencia de tipificaciones específicas, la falta de protocolos institucionales y la escasez de recursos técnicos en instancias judiciales y policiales generan una brecha importante entre el daño sufrido y la posibilidad de acceso a la justicia y de reparación.
A todo esto se suma la responsabilidad difusa de las plataformas digitales, que no tienen obligaciones claras de transparencia y tiempos de respuesta y de remoción de contenidos dañinos que no siempre son los adecuados, por lo que la protección de las víctimas termina quedando en manos de decisiones privadas y procesos que tienen un alto componente de opacidad. Este cóctel de desventajas termina teniendo un efecto disuasorio respecto a la participación pública de las mujeres en el espacio digital y limita la posibilidad de igualdad real.
Si bien la prevención no puede limitarse al orden jurídico, es innegable que se requieren herramientas procesales eficaces así como el fortalecimiento de los protocolos institucionales y de la articulación entre el Ministerio del Interior, la Fiscalía, el Poder Judicial y organismos especializados en género para avanzar en lo que respecta a la preservación de las pruebas digitales y el acompañamiento a las víctimas. Por otra parte, parece cada vez más necesario que las plataformas tengan obligaciones mínimas relacionados por ejemplo a mecanismos de denuncia más ágiles y en el idioma local, plazos de respuesta y mayor transparencia en sus criterios de moderación.
En el plano personal la alfabetización digital e informacional se ha vuelto una necesidad en los tiempos que corren y debería ser objeto de la educación formal y campañas públicas dirigidas a jóvenes y familias, como forma de generar conciencia, fortalecer competencias y desactivar narrativas que normalizan el discurso de odio y la exclusión.
Nuestro país cuenta con una tradición democrática y capacidades técnicas suficientes para dar una respuesta equilibrada a este nuevo fenómeno y proteger derechos sin sacrificar libertades. No se trata sólo de sancionar determinadas acciones o conductas, sino contar con mejores herramientas para intentar garantizar que la vida pública digital no sea un territorio hostil para la mitad de nuestra población.
Teniendo en cuenta que la tecnología transformó la vida cotidiana y política pero también ha venido acompañada de una reconfiguración de las formas de violencia y que además la inteligencia artificial y el anonimato están aumentando el abuso en línea contra mujeres y niñas a nivel mundial, es necesario revisar los instrumentos que contamos para enfrentar esta nueva realidad y realizar las adaptaciones necesarias que nos permita prevenir, proteger y, cuando sea necesario, sancionar.
En este marco seguramente son necesarios respuestas integrales y articuladas que incluyan acciones de regulación, protocolos, alfabetización digital y acciones en y hacia las plataformas digitales. Hoy en día la vida de la mayoría de nosotros transcurre también en el espacio digital y proteger su integridad implica también a la calidad de la democracia.
