La bancada del Frente Amplio ingresó la Moción 7738 en la Junta Departamental. Señala una ocupación creciente de espacios peatonales y de estacionamiento, riesgos para la seguridad vial y “vacíos” normativos. Pide que el tema pase a comisión para modificar el Decreto Departamental 6410/2011 y que se oficie a la Intendencia y a la Dirección de Tránsito.
Con la firma de Francisco Gentile, Amalia Juárez, Silvia Fernández y Martín Osores, la iniciativa tiene como eje la exhibición y venta de automóviles en veredas y calles, incluidos espacios destinados a la circulación y al estacionamiento.
En el documento, los ediles afirman que observan “cada vez más” esta problemática en distintos puntos de la ciudad, con veredas utilizadas como “vidriera” para vehículos en venta, sectores de calzada ocupados y lugares de estacionamiento tomados con fines comerciales. En términos prácticos, sostienen que “se trata de un uso del espacio público que excede lo ocasional y que empieza a consolidarse como una modalidad frecuente”.
En la exposición de motivos, argumentan que la ocupación de veredas y de sectores de calle destinados a la circulación peatonal y vehicular genera dificultades notorias para un tránsito seguro. Plantean que la práctica “obstaculiza la libre circulación de peatones y vehículos; afecta la seguridad vial al interferir con recorridos habituales y zonas de paso; y reduce la disponibilidad de estacionamiento en áreas donde los vecinos lo necesitan para el normal uso de la vía pública”.
El razonamiento central del texto es que la calle y la vereda cumplen una función colectiva –movilidad y acceso– y que su ocupación para la exposición y venta desplaza o limita ese uso general.
Además del componente de seguridad y movilidad, la moción incorpora un argumento de orden económico-comercial. Los ediles señalan que se estaría utilizando el espacio público para actividades comerciales “de manera desleal” en comparación con comercios establecidos que operan conforme a reglas y cargas habituales (local, habilitaciones, costos y condiciones de funcionamiento).
En la lógica que presentan, cuando el espacio público se transforma en un lugar de exhibición y venta se introduce un elemento de desigualdad, pues “la actividad comercial se beneficia de un soporte –vereda, calzada o estacionamiento– que no fue concebido para ese fin y que pertenece a todos”.
La moción hace referencia al Decreto Departamental 6410/2011, que regula el uso de los espacios públicos y cuyo “espíritu”, según los ediles, “es ordenar adecuadamente el entorno urbano y asegurar que la utilización del espacio se realice sin afectar derechos de terceros ni el interés general”.
Sin embargo, el documento subraya un aspecto central: la normativa vigente no establecería “de forma expresa la prohibición de exhibir vehículos destinados a la venta sobre la vereda o la calzada”. Para los ediles, esa falta de precisión genera un “área gris” que termina habilitando –en la práctica– usos indebidos del espacio público.
En esa línea, la bancada sostiene que estos casos deberían quedar claramente delimitados para evitar interpretaciones contradictorias y sujetos a control por las direcciones correspondientes de la Intendencia Departamental.
La idea fuerza es que, si la norma no es clara, el control se vuelve irregular y puede depender del criterio del inspector, del reclamo vecinal o de circunstancias puntuales, en lugar de sostenerse en una regla precisa y de aplicación general.
El planteo no se limita a denunciar una situación, sino que propone una medida concreta. Los ediles del Frente Amplio impulsan que se considere la necesidad de modificar la actual Ordenanza de Espacios Públicos, incorporando al artículo 9° del Decreto 6410/2011 un nuevo numeral que establezca “prohibir la exposición de vehículos para su venta sobre la vereda o la calzada, en todo el territorio departamental”.
El objetivo declarado es doble: por un lado aclarar el alcance de la normativa para que no queden dudas sobre lo permitido y lo prohibido y brindar herramientas para un control y ordenamiento adecuados, facilitando la fiscalización y la actuación administrativa.
