Hace algunos días publicamos una nota de la Junta Departamental de Paysandú en la que el dirigente de Cabildo Abierto Luis Dungey planteó, “basado en testimonios de vecinos, la situación de la zona situada al noreste de la ciudad, a la que califica como ‘olvidada’ y ‘desatendida desde hace décadas’. Propuso una intervención integral de urbanización, mejora de servicios y recuperación de espacios naturales, con el objetivo de incorporar efectivamente el área al desarrollo de la ciudad y generar nuevas oportunidades para sus habitantes. La propuesta apuntó ‘a una expansión real de la ciudad hacia el noreste’, en el sector comprendido desde el puente sobre el arroyo San Francisco Grande en ruta 3 hacia el sur, hasta avenida Wilson Ferreira Aldunate; desde allí hacia el Este hasta el camino a Paso Guerrero. Luego hacia el norte por ese camino hasta el arroyo San Francisco”.
La propuesta formulada por Dungey es, sin lugar a duda y a primera vista, justa y oportuna. No obstante ello, hay que tener en cuenta que, si bien el crecimiento de una sociedad responde a procesos multicausales, es obligación de las autoridades departamentales ordenar ese crecimiento, garantizando calidad de vida para sus habitantes así como un uso racional y progresivo del dinero de los contribuyentes, porque esa expansión territorial de la ciudad exigirá de la Intendencia mayores gastos en infraestructura, así como nuevas erogaciones de los organismos competentes en la materia para hacer llegar hasta esas zonas los servicios de agua, electricidad, telefonía, fibra óptica, etcétera. No es posible pensar las comunidades territoriales “en el medio de la nada” como si se tratara de un “clavel del aire” ya que todos los aspectos que sean dejados de lado en la planificación del crecimiento urbano volverán años más tarde como si se tratara de un boomerang de insospechadas consecuencias.
No podemos dejar de lado que se trata de una amplia zona en la cual habría que “poner en valor el arroyo San Francisco y su entorno, al que califican como ‘un recurso natural desaprovechado’. Entre las ideas planteadas se encuentran ‘habilitar y ampliar espacios recreativos como zonas de camping, canchas, parrilleros y áreas para pesca deportiva; mejorar los accesos al arroyo desde ruta 3 hasta Paso Guerrero; y recuperar lugares tradicionales como Paso Tucon, Paso Molino Quemado y Paso Gallardo, que hoy presentan accesos cerrados o caminos intransitables’”. La pregunta surge sola pero clara: ¿cuentan los organismos públicos competentes con los recursos humanos y los fondos para hacer frente a todos los cambios solicitados para esa vasta zona? ¿Estamos haciendo una planificación supuestamente ordenada o tan sólo comprando problemas para las futuras generaciones de contribuyentes y autoridades?
La página web del Ministerio de Vivienda define “ordenamiento territorial” como “el conjunto de acciones transversales del Estado que tienen como cometido implementar una ocupación ordenada y un uso sostenible del territorio. Estas acciones regulan y promocionan la localización de la población, el desarrollo de todas las actividades económicas y sociales dentro del territorio, de forma que se logre un desarrollo sostenible que prevea las potencialidades y limitaciones existentes por los criterios ambientales, económicos, socioculturales, institucionales y geopolíticos. El principal desafío que tiene el ordenamiento territorial es mantener y mejorar la calidad de vida de la población, fomentar la integración social en el territorio y procurar el buen uso y aprovechamiento de los recursos naturales y culturales.
Es precisamente ese “ordenamiento territorial” el que brilla por su ausencia en muchos de los barrios periféricos sanduceros.
En efecto, más allá de esta propuesta que sólo propone multiplicar los dolores de cabeza, el problema es que ya se han permitido decenas de fraccionamientos y urbanizaciones en lugares que están lejos del corazón de la ciudad, como ha sucedido del lado Este de la ruta 3 (entre la pista de Cams y la ruta 90, por ejemplo), o al norte de Avenida de las Américas, en camino a la Autobalsa. Se trata de terrenos que venden en cómodas cuotas, en algunos casos incluso totalmente financiados, sin tener en cuenta, por ejemplo, qué medios de transporte usarán sus adquirentes. Lo mismo sucede con el impulso a los barrios privados que pretenden tener calles asfaltadas hasta la puerta de los mismos cuando los números económicos no lo justifican en absoluto. La Intendencia de Paysandú no debería permitir esta expansión desordenada y desenfrenada cuya base es la mera especulación inmobiliaria y que, si bien puede resultar un tremendo negocio para los que compran y venden terrenos, lo cierto es que todos los servicios para integrarlos al resto de la ciudad serán financiados por los contribuyentes pagando tarifas más caras. Por otra parte, en general sucede que estos barrios pagan muy poco de contribución inmobiliaria y servicios, porque están en zona suburbana, aún cuando en muchos casos se trata de emprendimientos de alto valor destinados a personas con gran poder adquisitivo. Justamente son éstos quienes después reclaman con mayor fuerza por calles asfaltadas, fibra óptica y demás, pero aún sumando toda la población circundante económicamente no se puede justificar, incluso porque el tránsito que soportan no se compara al de una calle céntrica, que tiene mucho mayor densidad poblacional.
Además suele suceder que los terrenos vírgenes fraccionados de esta forma tienen drenajes pluviales malos e insuficientes, que requieren obras hidráulicas millonarias para evitar los anegamientos y que después se le reclamará a la Intendencia, así como la saturación de pozos negros o saneamiento inexistente con contaminación de napas, por lo que no solo generan gravísimos problemas económicos sino también ambientales y de salubridad.
Todo esto ocurre mientras la población de la ciudad se mantiene estable o hasta tiene tendencia a disminuir, por lo que hay cada vez más terrenos y viviendas vacías en zonas donde todos esos problemas ya han sido atendidos y solucionados. De esta forma, lo que queda en evidencia una vez más es que “lo barato sale caro”, porque si bien un terreno alejado del centro puede adquirirse a precios más accesibles y con mayores facilidades, para la ciudadanía en su conjunto resulta infinitamente más oneroso.
Ante esta situación, imperioso que tanto la Junta Departamental como la Intendencia (las cuales terminan aprobando estas iniciativas) tomen cartas en el asunto y ordenen de una vez por todas una ciudad que afortunadamente crece, pero lo hace en forma cara y desordenada, perdiendo oportunidades de generar una mejor calidad de vida para sus habitantes y aprovechando mejor los recursos que los contribuyentes abonan periódicamente con grandes sacrificios. Es responsabilidad de los gobernantes cuidar los recursos y hacer de Paysandú una ciudad eficiente. Aunque eso puede significar el sacrificio de un negociado en el cual unos pocos amasan pequeñas –y no tanto—fortunas a costa de hipotecar el futuro de la propia Intendencia.