Uruguay realizará un censo de personas internadas por motivos de salud mental para implementar la Ley de Salud Mental, aprobada durante la presidencia de Tabaré Vázquez en 2017.
El acuerdo entre la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) permitirá, además, conocer la situación de las personas que viven en hospitales psiquiátricos o centros monovalentes –así se denominan, por ejemplo, las colonias Etchepare o Santín Carlos Rossi–, así como planificar otros dispositivos.
En Uruguay, de acuerdo con la Ley Nº 19.529, se prohíbe la creación de nuevos asilos y se establece un cronograma para el cierre de los existentes. Los especialistas consideran que el modelo asilar es obsoleto y, por tanto, la ley programaba su cierre para este año.
Sin embargo, en las sucesivas administraciones no se definió planteo alguno respecto de lo que marcaba la ley. Es decir, nunca hubo un cronograma para la sustitución del modelo asilar por otras formas de atención. Incluso el sistema político dejaba claro que no se iba a cumplir con ese plazo. Hasta que llegó 2025.
En setiembre pasado, enmarcado en el Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo y aprobado recientemente en la Cámara de Senadores para su retorno final a Diputados, quedó transparentado en el artículo 394 el aplazamiento del cierre de los manicomios. “El desarrollo de la red de estructuras alternativas se debe iniciar desde la entrada en vigencia de la presente disposición. El Poder Ejecutivo establecerá en la reglamentación el cronograma de cierre de los establecimientos asilares y estructuras monovalentes. El cumplimiento definitivo del cronograma no podrá exceder temporalmente el año 2029”, dice el proyecto de ley del actual gobierno.
Incluso puede ser cuestionable el plazo de 2029, dado que, con la entrada en vigencia del nuevo presupuesto en 2026, el cierre programado de los asilos quedará limitado a tres años. En ese tiempo se deberá definir la asistencia a personas que han pasado toda su vida internadas en dichos centros, donde algunos son adultos mayores y, por razones obvias, no cuentan con lazos familiares para su contención.
Si partimos de la base de que la atención a la salud mental es un derecho, es obligatorio hablar de los recursos definidos en materia presupuestal para distintas acciones que permitan cumplir con la ley.
En noviembre pasado, el Ministerio de Salud Pública presentó las iniciativas que se originaron luego del lanzamiento de la Acción País por la Salud Mental. Allí se organizaron más de 20 grupos de trabajo y unos 400 participantes asumieron el compromiso de llevar adelante distintas estrategias que permitan, en definitiva, cumplir con la ley.
En estos dos últimos meses del año, el Ministerio de Salud destina 18 millones de pesos para el financiamiento de proyectos de salud mental, y durante el año que viene esa cifra subirá a 144 millones. Habrá otra partida adicional de 30 millones para establecer convenios con ASSE, el Ministerio de Desarrollo Social y los gobiernos departamentales.
El gobierno nacional pone el pie en el acelerador para brindar tratamiento a una población que padece afecciones que crecen y se diversifican, e instala la necesidad del compromiso social para la ejecución de los plazos establecidos. Porque no se trata únicamente de desinstitucionalizar, sino de acompañar los procesos de integración a la comunidad. Pero la comunidad no está preparada para esta salida integrada, por varias razones.
Si aún falta contratar recursos humanos que respondan a la alta demanda que registra el Sistema Nacional de Cuidados en todo el país, orientado a personas con diversos grados de dependencia, la pregunta es cómo se llevará adelante el cuidado y la desinternación de personas que requieren una asistencia muy específica.
Porque aún persiste la alarma pública tras el triple homicidio ocurrido en 18 de Mayo, Canelones, a manos de un joven que padece un cuadro severo de esquizofrenia crónica que nunca fue tratado, según el análisis psiquiátrico. Es que, cuando se toman decisiones que aspiran a ser estructurales, hay que dotarlas de presupuesto, voluntad política y participación ciudadana. Son tres cuestiones que no siempre trabajan juntas en reparticiones acostumbradas a hacerlo en compartimentos estancos.
La estructura sanitaria no podrá trabajar sola. El sistema educativo deberá aportar contención e información sobre la salud mental de la población que asiste a sus diversos niveles sin apartarse de su cometido, que es la enseñanza. En el mismo sentido deberán hacerlo los referentes que se encuentran en los espacios de tiempo compartido, tales como los ámbitos deportivos o sociales. ¿Están preparados para hacerlo?
En Uruguay, el 29% de la población adulta presenta síntomas de falta de bienestar psicológico, el 24% se ubica en el máximo índice de soledad y hay más de 30.000 personas en lista de espera para ser tratadas por algún equipo de salud mental.
Incluso el concepto de “lista de espera” requiere autocrítica, pero ese debate aún no está instalado ni en la sociedad ni en los equipos médicos.
Habría que despejar algunas dudas. Cuántos casos necesitan la atención de un psiquiatra y cuántos pueden ser atendidos en el sistema de atención primaria o en policlínicas. Cuánta capacidad de resolución tiene la Medicina Familiar y Comunitaria sobre determinados problemas de salud mental antes de llegar a otro especialista.
De acuerdo con la estadística de ASSE, Uruguay cuenta con unos setecientos médicos de Medicina Familiar y Comunitaria, en su mayoría formados por la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Si bien no es una especialidad tradicional, comenzó a estudiarse como tal en 1997 y en 2008 se priorizó en el primer nivel de atención.
Estos profesionales suelen autodefinirse como parte de una especialidad que pone en el centro a la familia y su comunidad. Las autoridades sanitarias de los sucesivos gobiernos repiten que “se sale en comunidad” de este problema de abordaje de la salud mental.
Por eso, el desafío está marcado desde el inicio. Y, aunque no lo crean las sucesivas autoridades, siempre queda todo por hacer. Para empezar, el cambio de paradigma debe instalarse primero en el ámbito profesional médico para que después descienda y permee en la sociedad.
Los cambios serán desde arriba hacia abajo, para ayudar a las comunidades a combatir mitos y comprender que todos somos agentes de cambio. De lo contrario, no habrá cambios.
