El Diálogo Social comenzó el abordaje de la seguridad social en julio del año pasado y hasta noviembre impulsó una etapa de conversatorios, seminarios y más de 70 audiencias con organizaciones sociales, empresariales, sindicales, entre otros actores.
Luego del receso veraniego, retomó su convocatoria el martes 3 de febrero. Desde entonces, los representantes del gobierno, el Banco de Previsión Social, trabajadores, empresarios, organizaciones vinculadas a la infancia, discapacidad y cuidados, se encuentra abocada al abordaje semanal de temas puntuales para arribar a acuerdos.
El calendario inicial establece que los consensos deberán alcanzarse en abril. El Diálogo Social comenzó el abordaje de la seguridad social en julio del año pasado y hasta noviembre impulsó una etapa de conversatorios, seminarios y más de 70 audiencias con organizaciones sociales, empresariales, sindicales, entre otros actores.
Luego del receso veraniego, retomó su convocatoria el martes 3 de febrero. Desde entonces, los representantes del gobierno, el Banco de Previsión Social, trabajadores, empresarios, organizaciones vinculadas a la infancia, discapacidad y cuidados, se encuentra abocada al abordaje semanal de temas puntuales para arribar a acuerdos.
El plazo máximo para presentar los resultados del Diálogo Social al Poder Ejecutivo es el 30 de abril, según el decreto de Presidencia. A partir de entonces, el Poder Ejecutivo efectuará los estudios técnicos y de viabilidad necesarios para avanzar en la redacción de los proyectos de ley correspondientes, con la intención de que ingresen al Parlamento antes de fin de año. Sin embargo, existe la posibilidad de prorrogar este plazo por un máximo de 45 días –mediados de junio– mediante un informe del Comité Ejecutivo.
Transferencias
A comienzos de febrero, el Diálogo Social se retomó con el análisis del documento concerniente a las transferencias a los hogares con niños y adolescentes en vulnerabilidad económica. “Existe voluntad en unificar las transferencias y universalizarlas, además de otras medidas orientadas a los hogares pobres, vinculados a vivienda, educación, salud y empleo”, dijo a EL TELEGRAFO el representante de los trabajadores en el directorio del BPS, Carlos Clavijo.
El intercambio resultó más intenso cuando el movimiento sindical planteó su financiamiento. “Planteamos la tasa del 1% –que no es la creación de un nuevo impuesto– para los más ricos de la sociedad que son unas 25.000 personas de una población de unos 3,5 millones”, señaló. No hubo consensos en ese aspecto ni en las transferencias en general, “donde solo uno de los actores propuso que las transferencias tienen que tener contrapartidas. Desde nuestra parte, al igual que en la gran mayoría de los participantes, expusimos que las transferencias con contrapartidas discriminan y dan más desigualdad”.
Recordó que asistió a un seminario internacional, donde se discutió particularmente este tema. “Las transferencias orientadas a abatir los índices de pobreza no tienen que tener contrapartidas. Si queremos vincularlo a la educación, en realidad debe hacerse con políticas de acompañamiento pero no con el corte del ingreso”.
Durante el año pasado, “se vio que niños y adolescentes dejan de asistir al sistema educativo para cuidar a sus hermanos porque sus referentes familiares salen a hacer una changa y no tienen dónde dejarlos. Esto ocurre cuando no hay un sistema de retención, donde tendría que ser garante el Estado, es decir un sistema de cuidados o un acompañamiento educativo para esas situaciones. Pero la discusión continúa para saber cómo financiamos estas políticas específicas”.
Una discusión global
Los sistemas de seguridad a nivel global, “buscan que el aporte patronal no vaya vinculado a la masa salarial, sino a la ganancia de esos emprendimientos. Es mucho más justo para aquellos pequeños y medianos comerciantes que aportan casi lo mismo que una empresa grande, pero tienen ganancias pequeñas. Una gran parte de esa tributación les lleva los salarios, por lo tanto sería mucho más equitativo que se hiciera a través de las ganancias”.
Según el representante, el impacto es doble. “Por un lado, aquellos con grandes ganancias devuelven un poco más a la sociedad y a su vez, que la introducción de nuevas tecnologías amortigüe la aportación. Tal como está estipulado en Uruguay, que es un sistema viejo si lo comparamos a nivel mundial, el aporte patronal se vincula a la masa salarial”.
Por lo tanto, si se introduce tecnología en una empresa, “se desplaza masa salarial –es decir, trabajadores—, genera más ganancia y aportará menos a la seguridad social. El aporte que existe es sobre la masa salarial y no por la ganancia. Es lo que ocurre en casi todos los empleos en Uruguay y si se aportara de esta otra forma, daría un mayor oxígeno a la seguridad social”.
Durante la reunión, Clavijo planteó que “incluso sería una forma de amortiguar los seguros de paro porque las zafras vienen cambiando pero las ganancias se mantienen o se superan por la introducción de las nuevas tecnologías”.
En el tema del financiamiento, “habría que revisar las exoneraciones y estudiar aquellas que generan fuentes de empleo. Revisar, además, los aportes diferentes que tienen cada uno de los sectores, los subsistemas y las asistencias financieras que reciben. Incluso los subsistemas que pagan jubilaciones altas a pocas personas y generan una situación de privilegio”.
AFAP y edad jubilatoria no laudado
La ciudadanía asistió a un plebiscito sobre la reforma de la seguridad social el 27 de octubre de 2024 que no resultó aprobado. Sus impulsores sostienen que “la ciudadanía no laudó” en dicha instancia electoral, sino que resolvieron que los tres temas propuestas no sean incluidos en la Constitución de la República.
“Lo que resolvió la ciudadanía es que no se introdujeran la edad jubilatoria y las AFAP en la Constitución. Pero en aquel entonces, era la única herramienta que teníamos porque no había un Diálogo Social y teníamos un tiempo estipulado porque la ley había sido aprobada recientemente. Como era una iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, tampoco se podía hacer un referéndum y en eso no había mucha discusión. Se hacía o no se hacía”, dijo Clavijo.
Actualmente, en el marco de la instancia de diálogo, “tenemos la oportunidad de discutirlo con las organizaciones políticas que asisten para ver si podemos volver a la edad de retiro de los 60 años”.
Recordó que en las encuestas –incluso algunas hechas por el gobierno—“señalaban que la mayoría de los encuestados quieren volver a los 60 años de edad, aumentar la jubilación mínima y eliminar las AFAP. Ninguna consultora obtuvo respuestas por debajo del 50% en estos temas, sino que la gran discusión estuvo en poner estos puntos en la Constitución”.
La discusión continúa
En las siguientes semanas abordarán las licencias por cuidados y la protección social en general, el pilar cero o pilar asistencial para jubilaciones y pensiones, “con el pensamiento puesto en alguna prestación que proteja a aquellas personas de cierta edad y sin ningún ingreso”.
En el pilar 2 de jubilaciones y pensiones, abordarán las AFAP, “en los últimos días de marzo hablaremos del financiamiento y en abril afinaremos los acuerdos para un documento final, que por ahora, son insumos”.
Clavijo recalcó que “los trabajadores fuimos claros en que iremos por la edad de retiro a los 60 para tener la libertad de elegir cuándo jubilarse, con un incentivo para permanecer activo. Es decir, apuntar a los incentivos para permanecer en el mercado laboral y no aumentar la edad de retiro, de igualar a las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional porque realmente siguen muy bajas y en los hogares se genera mayor pobreza, además de la eliminación del sistema de ahorro individual para erradicar el lucro”.
El representante señaló que la postura es “por el segundo pilar de ahorro colectivo no lucrativo. Es decir, el primer pilar es no contributivo, el segundo es contributivo y el tercero es complementario. Por esa razón, planteamos que sea un pilar de ahorro colectivo, no individual y no lucrativo administrado por el Estado. Y esta propuesta no es nueva, los trabajadores la llevamos desde 1996”, concluyó.
