En un contexto marcado por el aumento sostenido de la demanda en salud mental y por cifras que mantienen en alerta al sistema sanitario, el Servicio Comunitario de Salud Mental del Hospital Escuela del Litoral se ha consolidado como uno de los dispositivos más relevantes del Interior. Su funcionamiento busca reflejar los lineamientos de la Ley de Salud Mental promulgada en 2017, basado en una trayectoria que lo ubica como una experiencia pionera en el abordaje comunitario de estos problemas.
“El abordaje de la salud mental es una prioridad desde hace por lo menos una década, y mucho más a partir de la ley”, explica a EL TELEGRAFO el psiquiatra Sergio Oneto, coordinador del servicio. La normativa, señala, plasmó una intencionalidad política clara respecto a cómo deben encararse los problemas de salud mental, con énfasis en la comunidad y en el primer nivel de atención. El servicio del hospital de ASSE, afirma, se inscribe en esa lógica, intentando llevar a la práctica las políticas impulsadas desde el Ministerio de Salud Pública.
La experiencia local, sin embargo, es anterior. El equipo funciona como servicio comunitario desde 1997, surgido en el marco de reformas que transformaron la modalidad de atención psiquiátrica en el país. A partir de una parte del servicio de internación intrahospitalaria y de la antigua psiquiatría infantil, se conformó un equipo con una mirada más amplia, orientada a la atención integral y al trabajo fuera del hospital. Tras un período de funcionamiento extrahospitalario, el servicio volvió a instalarse dentro del Hospital Escuela del Litoral, donde hoy cuenta con mejores condiciones edilicias.
Actualmente, el servicio se organiza en varias áreas de trabajo. La primera es asistencial, correspondiente a un segundo nivel de atención, e incluye atención psiquiátrica, psicológica, social y fonoaudiológica. A ella se suma un área de apoyo al primer nivel de atención y de acciones comunitarias, que articula con equipos de la Red de Atención en Salud y con otras instituciones que integran la red local, como CAIF, INAU, Etafe, UCC, Aldeas Infantiles, además de intervenciones en liceos, escuelas y espacios comunitarios.
Una tercera área está dedicada a la formación de recursos humanos. Allí se forman residentes de psiquiatría y de psicología, practicantes de psicología, pasantes y estudiantes de otras disciplinas, como educación física o educación social. A estas tres líneas se suma un cuarto componente: el taller de rehabilitación psicosocial, orientado a la recuperación y rehabilitación de personas con trastornos mentales graves y persistentes. Este dispositivo funciona tanto en el ámbito hospitalario como en un local específico en la ciudad, ampliando el alcance territorial del servicio.
Aunque existen acciones de promoción y prevención, como actividades comunitarias abiertas desarrolladas por el equipo, el grueso del trabajo sigue vinculado a la atención directa de problemas de salud mental. Oneto subraya, sin embargo, que reducir la salud mental a la consulta clínica es una mirada incompleta. “Tiene que ver también con las condiciones de vida, con la vivienda, la alimentación, la calidad de vida. Es imposible tener buena salud mental sin una buena calidad de vida”, afirma. Al mismo tiempo, advierte que incluso personas con sus necesidades materiales resueltas pueden atravesar padecimientos psíquicos, asociados a factores culturales, sociales y de inclusión.
El problema de la estigmatización
El estigma aparece como uno de los desafíos persistentes. Según Oneto, la percepción social en torno a la consulta en salud mental ha cambiado de forma significativa en las últimas décadas. El aumento de la demanda refleja, en parte, una menor carga de prejuicios y una mayor disposición a buscar ayuda. Sin embargo, expresiones y prácticas discriminatorias siguen presentes. “Seguimos calificando, seguimos marcando”, reconoce, aludiendo a miradas que aún asocian el tratamiento en salud mental con incapacidad o exclusión social.
Desde el equipo de enfermería, la licenciada Luz Caltieri aporta otra dimensión del problema. A partir de una actividad comunitaria realizada recientemente en EL TELEGRAFO, surgió con fuerza el vínculo entre masculinidad y dificultades de acceso al tratamiento. “El ser varón, los prejuicios, la vergüenza de consultar o pedir ayuda”, enumera, junto con la falta de espacios donde hablar de estos temas en ámbitos laborales o familiares. Para Caltieri, el desafío no es solo asistencial, sino cultural, y tiene que ver con cómo se construye la demanda y se habilitan espacios comunitarios para hablar de salud mental.
La accesibilidad al sistema es otro punto crítico. La ley 19.529 establece que el primer nivel de atención debería resolver la mayoría de los problemas de salud mental de baja y mediana complejidad, del mismo modo que sucede con la salud física. En la práctica, explica Oneto, esto se ve limitado por la falta de recursos, especialmente de psicólogos en las policlínicas barriales. El servicio del hospital, aunque es uno de los equipos más grandes del Interior, enfrenta demoras y una demanda que supera su capacidad.
Para responder a esa realidad, se han ensayado estrategias de apoyo al primer nivel, incluyendo la participación de residentes de psicología en policlínicas y equipos territoriales, como parte de su formación. La idea es redistribuir el flujo de la demanda y reforzar la capacidad de resolución en la comunidad, aun sabiendo que los recursos seguirán siendo limitados. Caltieri plantea la necesidad de integrar la salud mental a las valoraciones habituales en las policlínicas, sin separar lo físico de lo psíquico. Controles de presión arterial, controles pediátricos o adolescentes deberían incluir, sostiene, una mirada sobre los vínculos, los límites y los factores emocionales que influyen en los síntomas. “Así como enseñamos higiene o controles preventivos, también deberíamos enseñar a cuidar la salud mental”, señala, destacando la importancia de identificar factores de riesgo y de protección desde etapas tempranas.
El suicidio
El abordaje comunitario se vuelve especialmente relevante al hablar de suicidio, una problemática que mantiene cifras elevadas en Uruguay, comparables a las de algunos países del norte de Europa. Oneto detalla que existen protocolos claros de seguimiento tras intentos de autoeliminación, con consultas inmediatas, controles periódicos y seguimiento prolongado. Estas medidas han logrado una leve reducción en los números, pero no alcanzan para revertir el problema.
El énfasis, subraya, debe estar en la prevención primaria y en los mecanismos comunitarios de apoyo. Escuchar, hablar de las ideas de muerte sin tabúes, desarmar mitos y fortalecer redes de contención en la familia, la escuela, los clubes y las instituciones barriales son, para el equipo, las herramientas más efectivas para actuar antes de que la conducta suicida aparezca.
El Servicio Comunitario de Salud Mental del Hospital Escuela del Litoral trabaja, en ese sentido, con una premisa clara. “La puerta está abierta”, resume Oneto. Nadie, subraya, debería irse sin una respuesta, aunque esa respuesta no siempre sea una consulta especializada. Puede ser una orientación, una escucha o una derivación.
