La edila del Frente Amplio, Valentina Charrutti junto al concejal de Guichón, Nicolás Parra, presentaron el proyecto “Madres a la Huerta”, que propone un sistema de economía circular liderado por mujeres del interior del departamento, con el objetivo de “transformar el potencial de la tierra en trabajo genuino”, con apoyo institucional y técnico.
“La idea nace en nuestras recorridas por el interior profundo donde notamos que el común denominador era la falta de empleo y oportunidades, especialmente en la mujer rural. Esta realidad nos permitió entender que debíamos trabajar en un proyecto que no fuera solo una asistencia temporal, sino un cambio estructural”, dijo Charrutti a EL TELEGRAFO.
En su exposición de motivos, ambos dirigentes frenteamplistas destacaron los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) al cierre de 2025, donde “el desempleo femenino se mantiene casi cuatro puntos por encima del masculino, alcanzando un 9,4% frente al 7,2% de los hombres”, además de la brecha salarial.
“Las mujeres perciben, en promedio, un 27% menos de ingresos que los varones por el mismo esfuerzo. En este escenario, la mujer jefa de hogar es la más castigada por un mercado laboral que la discrimina y le paga peor. Por eso, ‘Madres a la Huerta’ no es un programa de asistencia, es una respuesta política y social a esa desigualdad estadística” que condena a las mujeres “a la falta de autonomía económica”.
La propuesta presentada se enmarca en la Ley N° 19.881, orientada a las políticas de género en el sector agropecuario. “Los lineamientos del Instituto Nacional de Colonización hoy priorizan el acceso a la tierra y a los recursos productivos para las mujeres rurales jefas de familia”, explicaron.
La propuesta busca “bajar a territorio estos derechos que la ley ya reconoce, transformando la tierra en el motor de la economía familiar a través de una coordinación directa entre la Intendencia Departamental de Paysandú, el gobierno nacional y el Municipio. Es hora de que dejemos de mirar las estadísticas de desempleo y empecemos a poner las herramientas para que la gente del interior profundo construya su propio destino”.
AUTONOMÍA Y CONVENIOS
El programa propone una capacitación intensiva con destino a que las mujeres rurales incorporen herramientas técnicas y de gestión hasta su total independencia. Plantearon que la Dirección de Descentralización de la Intendencia gestione la firma de convenios educativos con UTU, Inefop y la Escuela Agraria.
“Buscamos generar un sistema de prácticas solidarias donde los estudiantes avanzados de la Escuela Agraria puedan volcar su conocimiento, fortaleciendo el aprendizaje mutuo” a fin de lograr habilitaciones y carnés sanitarios para la venta productos de manera legal.
RECURSOS Y SEGUIMIENTO TÉCNICO
Charrutti y Parra propusieron una planificación de siembra escalonada “que garantice producción constante los doce meses del año”, asegure que el proyecto sea sostenible y “brinde un ingreso mensual estable”.
La ejecución del proyecto “contará con el respaldo de recursos institucionales fundamentales, incluyendo el laboreo con maquinaria, la entrega de semillas y plantines, el uso de fertilizantes orgánicos, herramientas adecuadas, sistemas de riego por goteo e instalación de invernáculos”.
El seguimiento será constante con soporte técnico y comercial a cargo del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca y el Instituto Nacional de Colonización, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Bromatología “para asegurar la calidad”.
El proyecto plantea “la creación de una Marca Sello propia”, la generación de “un fuerte valor agregado en origen” que implica “un proceso de lavado, picado y envasado realizado por las propias trabajadoras”.
Compras públicas
La iniciativa apunta a “que la Intendencia Departamental y los organismos del Estado presentes en el territorio se constituyan como los primeros compradores de toda esta producción”.
Ambos dirigentes señalaron que su propuesta se respalda en la Ley N° 19.292, reforzada por el Art. 212 de la Ley N° 20.075.
Allí “asegura la efectividad de la reserva de mercado de al menos el 30% de las compras públicas de alimentos para las organizaciones de productores familiares. Al aplicar esta ley en Paysandú, garantizamos que el esfuerzo de nuestras mujeres tenga un mercado seguro, obligatorio por normativa nacional, y que los recursos públicos se reinviertan directamente en el trabajo de nuestra propia gente bajo su sello distintivo”.
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