Uruguay, tradicionalmente considerado un país de tránsito de víctimas de trata de personas, ha pasado en los últimos años a consolidarse también como país de destino.
Adicionalmente, se encuentra que la situación se ve agravada al contemplar la relación con mujeres migrantes extranjeras, quienes, de acuerdo con el trabajo realizado por OIM, entre 2018 y 2022, representan el 62,7% de los casos identificados de trata con fines de explotación sexual (equivalente a 188 mujeres extranjeras), mientras que las uruguayas alcanzan un 37,3%, 112 mujeres específicamente.
Al profundizar en las nacionalidades de las mujeres latinoamericanas, se observa que, para ese mismo período, la amplia mayoría de ellas son dominicanas, ya que representan el 67,4% del total de mujeres extranjeras atendidas. Esta proporción es levemente inferior a la registrada para el período 2012-2018, donde representaban el 71,8%. Además, un 17,6% de las mujeres extranjeras atendidas provienen de Cuba, lo que implica que el 85% de las mujeres víctimas de trata en Uruguay son de estos dos países del Caribe.
La migración, como señalan el Mides y e Inmujeres (2009), suele estar motivada por la búsqueda de oportunidades y la mejora en las condiciones de vida, no obstante, esta se complejiza debido a las vulnerabilidades que se presentan tanto en el tránsito como en el destino, y que terminan por desencadenar situaciones límite.
Bajo este contexto, la normativa internacional de derechos humanos se vuelve una herramienta de intervención, como es el caso del Protocolo de Palermo, bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que busca enfocarse específicamente en establecer medidas de protección para las víctimas. Con el fin de aportar en la solución de la problemática, el protocolo presenta una serie de medidas para la protección judicial, la prevención de la trata y el combate de las redes, con el fin de fortalecer los derechos y autonomías de sus víctimas.
Invisibilización del tema
No obstante, al momento de enfrentarse al fenómeno, tanto la escasez de registros oficiales como la falta de mecanismos de detección temprana generan un alto grado de invisibilización, y, en consecuencia, una falta de priorización y una dependencia excesiva de informes externos para dimensionar la problemática.
A nivel regional, la trata en América Latina y el Caribe opera a través de redes transnacionales vinculadas al crimen organizado. Estas redes aprovechan vulnerabilidades socioeconómicas y migratorias, estableciendo rutas comunes hacia el Cono Sur. En el caso uruguayo, se identifican rutas que conectan República Dominicana con Colombia y Ecuador, así como un circuito que une a República Dominicana, Brasil y Uruguay.
Asimismo, el ingreso irregular suele realizarse por fronteras terrestres con Brasil o Argentina, a través de “negocios aceitados” de traslado clandestino hacia Montevideo.
Pese a la expansión del crimen, la trata de personas con fines de explotación sexual es un fenómeno invisibilizado en el país, por lo que a pesar de su tendencia creciente como origen, tránsito y destino, la temática no suele abordarse en el debate público. Dentro de este espectro, el grueso de las víctimas identificadas son mujeres migrantes extranjeras, provenientes principalmente de Cuba, República Dominicana y Haití. Gran parte de estas mujeres son trasladadas a ciudades de frontera como Cerro Largo o Rivera y otras a Montevideo, donde se concentra la mayor parte de los casos, y se estima que, en este escenario, el 88,2% de las mujeres extranjeras fueron explotadas exclusivamente en territorio uruguayo, lo que refuerza el rol del país como destino de la trata de personas.