El alto nivel de conectividad de los uruguayos usuarios del sistema de salud se considera una base sólida para el desarrollo de servicios digitales en el sector sanitario aunque es necesario continuar trabajando en la reducción de brechas de acceso y las posibilidades de la telemedicina, especialmente entre las personas de menores niveles educativos y socioeconómicos.
El reciente informe de la Medición TIC y Salud para el período 2024-2025 permite identificar algunas brechas de desigualdad no siempre relacionada a los servidores y la tecnología en sí misma sino a los seres humanos que la utilizan a aquellos que son sus destinatarios.
En primer lugar, existe una correlación directa entre el nivel educativo y el uso de estas herramientas y el uso diario de Internet es del 96% en los niveles más altos pero desciende al 81% en los sectores con menores niveles de instrucción marcado una diferencia en el acceso que no solo es de índole técnica, sino social.
Por otra parte, el estudio elaborado el área de Salud Digital de la Agencia del Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento (Agesic) en forma coordinada con el MSP y la Junta Nacional de Salud (Junasa), indica que el uso de Internet para asuntos vinculados a la salud alcanza porcentajes menores: mientras el 54% de los usuarios de Montevideo ingresan a las páginas web de las instituciones de salud, en el interior esa cifra cae al 28%.
En realidad las TIC se mueven a dos velocidades en el ámbito de la salud: por un lado una digitalizada y eficiente en las capitales y los niveles socioeconómicos medios y altos; y otra analógica y burocrática en los sectores más vulnerables y principalmente en el interior profundo del país.
A su vez, también hay diferencias de cobertura entre el sector público y privado ya que mientras el 49% de los usuarios del sector privado acceden a sitios web institucionales, solo lo hace un 10% de los usuarios de la salud pública, lo cual significa que para buena parte de la población la digitalización de la salud aún está lejos. Si se analiza la situación de las instituciones de salud, sólo el 54% cuenta con aplicaciones móviles que puedan ser utilizadas desde teléfonos celulares.
La telemedicina también enfrenta un desafío cultural y socioeconómico: aunque el 79% de los profesionales expresa satisfacción con esta modalidad, el estudio detectó que grupos con menores niveles socioeconómicos muestran una reticencia mayor y la asocian con costos adicionales y/o caros. No se trata de falta de voluntad del paciente, sino de un déficit de alfabetización digital y de confianza institucional. Es decir, el sistema empuja al usuario hacia la pantalla pero no le enseña cómo usarla ni le garantiza que el wi-fi no se cortará en el momento del diagnóstico y es allí donde la estadística oficial y la vivencia del territorio parecen ir por carriles diferentes.
Por otra parte, el 83% ya cuenta con la información clínica de sus usuarios en forma digital. Se trata de una cifra que en cualquier simposio internacional genera aplausos ya que representa un éxito estadístico innegable. Sin embargo, este avance de la Historia Clínica Electrónica (HCE) requiere una lectura atenta para que no termine ocultando grietas de una atención de la salud que en algunas zonas del país tiene mucho de analógica y presenta zonas de luz pero también sombras.
El Estado debe tener en cuenta que la accesibilidad no es sólo contar con un app, sino que la tecnología sea vehículo para que ninguna persona, por más analógica que sea, no sesienta un ciudadano de segunda frente al avance digital.
El informe revela que si bien el registro digital es mayoritario, la interfaz con el ciudadano es precaria todavía. Si la telemedicina aspira a dar solución para que un vecino de Guichón no tenga que viajar casi 100 kilómetros hasta Paysandú o 400 kilómetros para una consulta en Montevideo, no tener acceso a una aplicación o no saber cómo utilizarla equivaldría a no poder acceder a una policlínica digital. Por eso, los servicios de telemedicina pueden ser un puente pero nunca una excusa para no contar con la presencia física del especialista en el hospital o la mutualista.
En lo que respecta a los profesionales de salud, el informe destaca que están dedicando cada vez más tiempo a la carga de datos en la Historia Clínica Electrónica, y dedicando menos tiempo de consulta al paciente. A esto se le suma una preocupación por la vulnerabilidad de los datos que se traduce en un 82% de usuarios que expresa temor a que sus datos clínicos sean utilizados para fines no asistenciales y un 68% de los encuestados teme que terceros no autorizados visualicen su intimidad. No se trata de un temor irracional: uno de cada cinco profesionales de la salud admite no saber a quién reportar un incidente de seguridad informática a pesar que, según cifras de 2024, se registran en el país más de 14.000 incidentes de ciberseguridad. Entre los doctores en medicina este desconocimiento asciende a casi un tercio de los encuestados. Entonces, si el médico que es el primer custodio del secreto profesional no tiene claros los protocolos para el blindaje digital, los temores ciudadanos tienen su justificación.
La ley es clara en cuanto a que el titular de la historia clínica es el paciente pero en la práctica esta propiedad se diluye en una red de consentimientos que muchas veces no se leen y en bases de datos que se interconectan bajo el amparo legal. Saber qué patologías tenemos, qué medicamentos consumimos o qué predisposiciones genéticas cargamos constituye información de gran valor para el mercado y la gestión estatal. Y justamente por eso, debemos estar atentos.
El sistema de Historia Clínica Electrónica ha logrado algo que hace algo más de una década parecía una utopía: que la información siga al paciente sin importar el prestador o la distancia geográfica pero a la vez nuestra intimidad biológica reside en servidores que la inmensa mayoría de nosotros no sabe dónde están o cómo y quién los custodia.
Todas estas son cuestiones sobre las cuales los ciudadanos tenemos que estar informados. Nuestro país ha construido una herramienta digital de salud admirable pero hay que invertir la misma energía en asegurar los cimientos de la ciberseguridad, en que el capital humano que maneja esa información sea consciente de su responsabilidad y, fundamentalmente, que los usuarios cuenten con competencias para interactuar en los entornos digitales que las nuevas soluciones ahora disponibles.
