La Comisión Especial de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados se reunió para continuar con el tratamiento de las normas sobre legitimación de las intendencias departamentales para presentar querellas ante la comisión de faltas penales, enmarcadas en un proyecto presentado por el diputado de Maldonado Diego Echeverría.
El diputado Fermín Farinha, integrante de la citada comisión, reconoció que esta propuesta viene a presentarse como una herramienta concreta para ordenar la convivencia y en especial en aquellos casos donde se han generado problemas con personas en situación de calle que ocupan los espacios públicos, en hechos que se registran en todo el país. El legislador señaló que hay casos graves que “constituyen situaciones que caben dentro de la Ley de Faltas y quedan a la espera de la acción de Fiscalía. Pero, obviamente, en su orden de prioridades la Fiscalía tiene un sinnúmero de casos que atender previamente. A pesar de reclamos de los vecinos, la inacción deriva en impunidad ante la ausencia de medidas efectivas de punición. Esta iniciativa corrige el vacío, permitiendo a las intendencias accionar directamente ante el Poder Judicial ante faltas vinculadas al uso indebido del espacio público”.
Farinha aclaró que “la acción penal por la Ley de Faltas hoy recae exclusivamente en Fiscalía. El proyecto de Echeverría propone un cambio en la ley que habilite a las intendencias”.
El proyecto
La iniciativa apunta a aquellas personas que violenten la convivencia pública con su actuar irresponsable, propiciando espacios de inseguridad, consumo de estupefacientes, ocupación de espacios públicos en forma irregular y que puedan ser objeto de reproche penal. El proyecto apunta a que devuelvan con trabajo comunitario o con el cumplimiento de las sanciones que correspondan al perjuicio que ocasionen. “Ese mecanismo no está habilitado y se procura tramitar a través de este proyecto de ley. Estamos esperando la convocatoria al Congreso de Intendentes para intercambiar su visión y las herramientas que pretenden los gobiernos departamentales para atender los reclamos por roturas sistemáticas de contenedores, vandalización de luminarias, daños en plazas y espacios públicos, pintadas no autorizadas y ocupaciones que degradan el entorno urbano. Son costos económicos directos –reposición, mantenimiento, limpieza– pero también costos sociales, con la pérdida de calidad de vida, inseguridad percibida y retroceso en el uso comunitario de los espacios tanto en las ciudades como en los municipios”, dijo a EL TELEGRAFO.
La comisión legislativa recibió informes del Instituto de Derecho Penal, de Fiscalía con sugerencias y valoraciones de diferente tenor, aportes de los integrantes de la comisión y del promotor del proyecto de ley. Los legisladores esperan recibir al Congreso de Intendentes “porque entendemos que el tema está sobre la mesa por la realidad que nos convoca a todos. Sobre todo porque nos damos cuenta que el sistema no funciona”. Este proyecto “suma, pero es parte de la solución si se inserta en una política coherente donde el resto de los actores competentes actúan en consecuencia”, agregó. Farinha indicó que hoy la dificultad es más profunda por un reconocimiento tardío de la magnitud del problema, en atención a las consecuencias y con reparos ideológicos a la hora de aplicar medidas aprobadas como el mecanismo de la internación compulsiva. “No terminan operando en el territorio” porque no se enfocan en medidas estructurales que alcanzan al tratamiento de las adicciones y de salud mental. “Eso marca que el Estado se aleja de situaciones que terminan padeciendo los vecinos. No podemos permitir hechos similares al caso del menor de edad que fue agredido por un entredicho con una persona en situación de calle”, en el centro de Paysandú.
Además, “las personas que egresan del sistema carcelario y no pertenecen a este departamento o no tienen familiares, tampoco retornan a su lugar de origen”.
Farinha recordó que la diputada María Fajardo presentó un proyecto de ley que regula el lugar de liberación de personas que egresan del sistema penitenciario. La iniciativa está orientada a que quienes recuperan su libertad, pasen a residir a un lugar donde tenga redes de contención o donde el Estado cuente con los medios para que su rehabilitación prospere.
Los recursos en el territorio
“Están vigentes las disposiciones para la internación compulsiva. Lamento que el gobierno haya tenido que recurrir el año anterior a la denominación de alerta roja para avanzar en un mecanismo que utilizaron bajo otro rótulo. También es cierto que lo aplicado en la capital no se lleva a la práctica en el Interior, teniendo en cuenta los recursos”, agregó. Explicó que “quienes venimos asiduamente a Montevideo sabemos que el dispositivo en calle no es solamente con apoyo policial sino que está disponible un ómnibus del Ministerio de Desarrollo Social con acompañamiento, se habilita una puerta de entrada y se deriva si posee alguna patología. Esos recursos están en la capital, pero queremos contar también en Paysandú y darle herramientas al Mides para que asuma en el territorio su competencia junto al Ministerio de Salud Pública para dar contención a quienes atraviesan por situaciones complejas”.
Según Farinha, “debe primar el ejercicio de la autoridad, pero sobre todo el ejercicio de la responsabilidad y no poner rótulos como pasó con la alerta roja en Paysandú. Pretendíamos una mayor dotación de personal para el Mides y que se active un mecanismo de puerta de entrada con mayores cupos”. El diputado destacó la apertura del refugio por 24 horas, “pero sabemos que no es suficiente y lo vimos el año pasado donde debieron alojarse personas con determinadas patologías en condiciones no adecuadas en el Farol Velódromo”. Sin embargo, diferenció que en Montevideo “se habilitó un ala entera del antiguo aeropuerto y eran condiciones diferentes a las que tenemos en el Interior. No queremos servicios clase A y clase B en función de la distancia con la capital. Tiene que ser una respuesta integral, pero el gobierno planificó un mes antes de comenzar el invierno esta operativa. Es, por lo menos, falta de previsión ante algo que pasa todos los años”, concluyó.
