Las amenazas de tiroteos en los liceos se han vuelto comunes en los últimos días. Los mensajes violentos que aparecen escritos en las paredes —generalmente en los baños, para evitar que sus autores sean vistos— generan inseguridad, desconfianza y recelo en las comunidades educativas.
Este fenómeno, que se expande por la región, comenzó en otros países y, según las autoridades, responde a un reto viral difundido a través de redes sociales para evadir la asistencia a clases.
Sin embargo, la amenaza es el síntoma, no el problema. Muchas familias, cuyos referentes trabajan todo el día, suponen que si los niños o adolescentes están en casa, entonces están bien. No es habitual que se controle su uso de redes sociales ni sus vínculos, aunque se trata de poblaciones cada vez más aisladas y, por ende, más vulnerables.
¿Qué ocurre en sus hogares para que trasladen esos comportamientos a los centros educativos o a su entorno? Si se trata de enojo o aburrimiento, no se sabrá, porque no lo comunican.
La prevención y el acompañamiento constante parecen fundamentales para promover conductas saludables y evitar la influencia abusiva de los contenidos en redes sociales. Sin embargo, los equipos multidisciplinarios en los centros educativos son escasos, y el reclamo de los colectivos docentes se reitera desde hace años.
La sociedad está atravesada por muros invisibles, producto de la falta de tiempo, el acceso cada vez más temprano a dispositivos y el consumo ininterrumpido de contenidos en plataformas digitales.
En ese contexto surgen los “retos” virales o desafíos que acumulan millones de visualizaciones y adhesiones. Mientras se busca a los adolescentes que escribieron las amenazas en los liceos para sancionarlos, la página o el influencer que lanzó el desafío original ni siquiera figura en el radar.
Los retos del año pasado combinaron peligrosidad con tendencias de moda: desde desafíos con tacones al ritmo de canciones, hasta el “reto de las princesas”, basado en dietas extremas, pasando por prácticas que alentaban a inhalar sustancias tóxicas o el llamado “juego del desmayo”.
Estas conductas impactan en la salud, la seguridad y el normal desarrollo de las clases. Además, la asistencia a los centros educativos queda muchas veces librada al criterio de los adultos, lo que distorsiona las dinámicas familiares.
Los retos no son nuevos, pero sí se intensifican con el tiempo y con la relevancia que les otorgan las comunidades. Hace algunos años se popularizó el reto de la “ballena azul”, un “juego suicida” dirigido a adolescentes que proponía 50 tareas en 50 días: comenzaban con acciones aparentemente inofensivas y escalaban hasta el suicidio. La investigación logró identificar a un joven de 21 años, quien fue condenado por incitación al suicidio.
En estos foros aumenta la participación de adolescentes y jóvenes, que comparten imágenes y experiencias en un espacio donde la línea entre planificar acciones peligrosas y llevarlas a cabo es extremadamente delgada.
Es decir, el país no enfrenta actualmente un aumento de tiroteos, sino de amenazas. Y esa es una razón poderosa para abordar estos casos con seriedad y responsabilidad adulta. Los jóvenes actúan bajo anonimato y con una baja percepción del impacto de sus mensajes. Aun así, buscan poder, validación y control. Hoy resulta difícil discernir qué es real y qué no, pero todo responde a estímulos que se replican a partir de su difusión.
El efecto contagio alcanzó a decenas de liceos en todo el país y, desde naciones vecinas, atravesó las “fronteras” digitales con convocatorias similares.
Las autoridades educativas sostienen protocolos institucionales para prevenir la violencia, pero sin recursos estos se vuelven invisibles. Los hogares son heterogéneos, y el afecto y el seguimiento durante una etapa tan trascendental como la adolescencia se relativizan cada vez más.
Estas situaciones se agravan cuando los adultos abandonan su rol de guía. Mientras se desatienden responsabilidades, la violencia crece entre los más jóvenes y se manifiesta —entre otros ámbitos— en los centros educativos.
Si la violencia se convierte en una forma de expresión, es porque existe una conducta aprendida de adultos que relativizan hechos que deberían condenar. Cuando se transmite la idea de que “no pasa nada”, los jóvenes pueden sentir que repetir amenazas o conductas de riesgo no tiene consecuencias.
La intolerancia también se refleja en el ecosistema digital. Las redes amplifican la realidad: forman parte de la vida cotidiana y operan con altos niveles de impunidad, como los mensajes anónimos que se escriben en paredes o se envían por teléfono.
Por ahora, las respuestas de las autoridades suelen llegar después de los hechos. La prevención resulta difícil de implementar cuando el discurso político se apoya en la falta de recursos. Prevenir exige equipos técnicos capacitados para dar seguimiento a las situaciones y construir estrategias adaptadas a cada contexto. En este escenario, la desigualdad se profundiza y la violencia se aprende, alimentada por una intolerancia que surge primero en el entorno cercano y luego se expande a otros ámbitos.
Si los adultos han perdido la capacidad de diálogo y escucha, no debería sorprender este tipo de conductas. No se trata solo de un “reto viral” o de una broma pesada: está en juego el impacto emocional en sus pares y una señal clara de deterioro social.
La comunidad también tiene un rol clave: cada vez que evita amplificar contenidos falsos o intimidatorios en redes sociales, contribuye a la solución. Se trata de un esfuerzo colectivo, sostenido en el tiempo, basado en el respeto mutuo y con un objetivo central: proteger la salud emocional de los adolescentes.
