Amnistía Amnistía Internacional presentó de su informe anual 2025 el Capítulo ampliado sobre Uruguay, en el que advierte sobre varios problemas detectados, entre ellos, en un lugar de destaque, menciona al embarazo infantil y a la explotación sexual como indicadores “de fallas sistémicas en la protección integral de niñas y adolescentes y en la garantía del interés superior de las niñas”.
Señala la organización en base a datos del MSP que “en 2024 se registraron 2.390 nacimientos en adolescentes mayores de 15 años, de un total de 29.899 nacimientos; en tanto que unos 37 nacimientos fueron de niñas de 14 años o menos edad”. Por otra parte indica que “el fallecimiento de una bebé de 3 meses bajo tutela estatal en el departamento de Colonia tras permanecer en situación de abandono; el asesinato de una niña de 13 años por parte de su padre, pese a antecedentes de violencia constatados”. En el mismo apartado menciona “la muerte de varios adolescentes en dispositivos o contextos vinculados al sistema de protección; el hallazgo de una adolescente bajo tutela estatal en una boca de venta de drogas, con signos de vulneración por parte de personas adultas” como algunas “de las dramáticas situaciones registradas”.
Por otra parte se hacen menciones a otras problemáticas que durante el año pasado tuvieron episodios muy sonados, como el caso de la que refiere como violencia vicaria, de la que menciona que “se ha consolidado como una expresión extrema de la violencia basada en género”. En ese sentido repasa que “en setiembre de 2025, un hombre asesinó a sus dos hijos de 2 y 6 años, en un caso registrado en el departamento de río Negro. En los últimos tres años, al menos 13 niñas y niños habrían muerto como consecuencia de este tipo de violencia, sin que se identifiquen medidas específicas orientadas a su prevención”. Otro dato preocupante expuesto en el informe indica que, según registros oficiales, “entre 2020 y 2025 fallecieron 114 personas bajo protección del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), 20 de ellos durante 2025”.
SALUD MENTAL
El informe también alude a la elevada tasa de suicidio del país, “la más alta de América Latina, superando por más del doble el promedio regional” y a la elevada población carcelaria, de la que menciona que “aumentó más de 30 % desde 2020 y alcanzó el máximo histórico en diciembre de 2025, con 16.496 personas privadas de libertad”.
Recuerda además la organización no gubernamental especializada en derechos humanos que viene denunciando “desde hace seis años en sus informes anuales el debilitamiento del sistema de garantías en Uruguay”. En ese sentido, afirman, “la preocupación no ha cambiado: el deterioro del sistema de protección de derechos golpea con más fuerza a quienes ya están en situación de mayor fragilidad: infancias, adolescencias y mujeres, personas migrantes, personas afrodescendientes y personas con discapacidad”.
En el informe también se analizan retos que enfrenta el país “a la luz de las asignaciones presupuestales para los próximos cinco años”. Así, valora, algunos de los compromisos de campaña y de las prioridades estratégicas de gobierno “no cuentan con un respaldo presupuestal que permita asumir tales responsabilidades con una vocación de cambio sustantivo y estructural”.
La oenegé plantea que hay además incapacidad del sistema “para proteger a niños, niñas y adolescentes que viven en entornos de violencia, y en trayectorias institucionales que, en lugar de reparar, agravan el daño y reproducen la revictimización”.
INFORMACIÓN PÚBLICA
Dos de los apartados del informe hacen referencia a derechos al acceso a la Información Pública y a la Libertad de Prensa. Con respecto al primero, señala que persisten las dificultades para acceder a información actualizada. “De acuerdo con una solicitud de acceso a la información realizada por Amnistía Internacional a la UAIP (Unidad de Acceso a la Información Pública, dependiente de Presidencia), en 2025 esta unidad gestionó 139 denuncias administrativas y 163 informes de reserva por parte de organismos estatales”. Indica que según datos aportados por el Poder Judicial, mediante otra solicitud realizada por la oenegé “en 2024 y 2025 se registraron 59 expedientes con carátula de acceso a la información pública. La vía judicial es el último paso posible para efectuar reclamos previsto por la Ley 18.381”. Al respecto agrega que no se dispone de una sistematización que permita determinar “cómo se resolvieron esos casos judiciales, lo que impide conocer efectivamente cómo difiere la interpretación de los jueces/juezas respecto de la de los organismos administrativos”.
En cuanto a la libertad de prensa manifiesta que un informe publicado en mayo por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) “indica que entre abril de 2024 y marzo de 2025 se habían registrado 51 casos de amenazas y restricciones a la libertad de expresión contra periodistas en Uruguay” y supone una tendencia a la baja, en la medida que “en 2022 se identificaron 69 casos”. El informe menciona en un lugar de destaque el caso de Fernanda Kosak, desvinculada de un programa televisivo en el que intervenía luego de expresar su opinión al respecto del conflicto entre Israel y Palestina en otro espacio en un canal de streaming.
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