En Paysandú hay un tema que incomoda. No por lo que se dice, sino por lo que nadie quiere decir. El caso de Rodrigo Vercellino no es menor. Denuncias graves vinculadas a su gestión al frente de Ferias y Artesanías tomaron estado público y, casi como un reflejo automático, llegó la renuncia exprés. Rápida. Oportuna. Conveniente.
Y ahí aparece la primera gran pregunta: ¿Renunciar fue una decisión personal… o una salida sugerida?
Porque el silencio del intendente Nicolás Olivera no es neutro. Cuando un jerarca de su confianza cae bajo denuncias de esta magnitud, lo esperable no es el mutismo. Lo esperable es actuar. Investigar. Denunciar si corresponde.
Pero nada de eso ocurrió. No hubo denuncia penal. No hubo explicaciones públicas. No hubo voluntad visible de esclarecer. Y eso es lo que más preocupa.
Porque cuando la política no actúa, la sospecha crece. Un abogado consultado sostiene que una fiscal podría actuar de oficio. Entonces la pregunta es inevitable: ¿por qué todavía no pasó nada?
Mientras tanto, el sistema político local ofrece una postal preocupante. Un solo edil, Andrés Imperial, pidió informes. Uno solo. El resto, silencio. Y ese silencio no es inocente. En política, muchas veces, el que calla no otorga… pero protege.
¿Es desinterés? ¿Es miedo? ¿O es algo peor?
La ciudadanía tiene derecho a preguntarlo. Pero la situación no termina ahí. Porque cuando todavía no se disipa la sombra del caso Vercellino, surge otro episodio que alimenta la desconfianza: un viaje del intendente a Italia, financiado por la empresa Teyma. El viaje, en sí mismo, podría explicarse.
Pero lo que ocurre después es lo que genera ruido: adjudicaciones directas de trabajos vinculados al basurero municipal. Y entonces la percepción pública entra en juego. Porque en la gestión pública no alcanza con ser honesto: hay que parecerlo.
¿Puede la ciudadanía confiar cuando se mezclan viajes pagos por empresas y adjudicaciones posteriores?
¿Se evaluaron alternativas? ¿Hubo transparencia real en esas decisiones?
El problema no es solo legal. Es ético. Es político. Es institucional. Y en todo esto hay otro actor que tampoco está a la altura: el periodismo. Hubo una reacción inicial. Un día de cobertura. Y después, silencio.
Nadie fue a fondo. Nadie exigió respuestas. Nadie puso al intendente contra las cuerdas con las preguntas que la sociedad espera. Y sin periodismo incómodo, la democracia se debilita. Hoy Paysandú enfrenta algo más profundo que un caso puntual. Enfrenta una cultura peligrosa: la del “mejor no meterse”. Pero cuando nadie se mete, los problemas no desaparecen. Se enquistan. Y mientras tanto, la ciudadanía mira, escucha… y saca conclusiones. Conclusiones duras.
Porque cuando hay denuncias sin investigar, políticos que callan y periodistas que no preguntan, lo que queda no es claridad. Es desconfianza. Y eso, sí que es grave.
Ing. Agrim. David Doti