Uruguay se vería directamente afectado por un decreto que impulsa el gobierno argentino y que modifica en profundidad el régimen de practicaje y pilotaje en ríos, puertos, pasos y canales de la República Argentina. El proyecto, identificado como “Servicio de Practicaje y Pilotaje” y fechado el 9 de abril de 2026, plantea aprobar un nuevo reglamento y entre sus fundamentos sostiene que busca eliminar restricciones estatales que encarecen la logística y afectan el comercio exterior. La iniciativa es impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y generó una reacción formal del sector de prácticos uruguayo, que la califica de violatoria del marco jurídico bilateral vigente.
Qué cambia el decreto
Los cambios que propone el decreto son de fondo. El proyecto aprueba un nuevo reglamento y dispone que la Prefectura Naval Argentina lleve el registro de los prácticos habilitados incorporando a todo profesional que reúna las condiciones de idoneidad, sin límite de número, eliminando así el esquema cerrado vigente.
En materia tarifaria, los valores del servicio serán acordados entre las partes, aunque el Estado podrá establecer tarifas máximas. Las empresas deberán publicar precios y reportar operaciones a la autoridad de aplicación y a los organismos de defensa de la competencia.
Uno de los puntos más sensibles para Uruguay es el tratamiento de los buques extranjeros. El artículo 9 del proyecto prevé que buques de bandera extranjera puedan quedar exceptuados de embarcar baqueano cuando el comando acredite conocimiento de zona. El artículo 14 permite acreditar viajes requeridos mediante declaración jurada, y el artículo 21 faculta a la Prefectura Naval, ante situaciones de crisis o fuerza mayor, a autorizar temporalmente a capitanes con conocimiento de zona a prestar servicios de practicaje.
El proyecto también apunta a modificar parámetros como eslora, calado y zonas de navegación, con el objetivo de elevar los umbrales actuales y reducir la cantidad de buques alcanzados por la obligación de llevar práctico a bordo. En situaciones de crisis, se habilita además la posibilidad de que capitanes con conocimiento de zona actúen como prácticos de manera temporaria, para evitar que disputas sectoriales paralicen la operatoria portuaria.
Por qué afecta a Uruguay
El impacto sobre Uruguay no es indirecto. Los canales de acceso hacia los puertos argentinos son, al mismo tiempo, las rutas naturales de ingreso a las terminales del litoral uruguayo, por lo que cualquier modificación unilateral en su regulación podría tener consecuencias directas sobre la seguridad de la navegación en toda la región. En la práctica, un buque que navega hacia Nueva Palmira o Fray Bentos, utiliza los mismos canales que los que se dirigen a puertos argentinos del litoral, todos regulados bajo el sistema de practicaje compartido.
La medida impacta en el comercio exterior uruguayo y en la seguridad en la navegación de los ríos donde ambos países tienen jurisdicción compartida: el Río de la Plata y el Río Uruguay.
La violación del tratado
El argumento jurídico central de la Corporación Uruguaya de Prácticos se apoya en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, firmado en 1973. El artículo 26 del tratado establece la necesidad de mantener criterios coincidentes entre ambos países en el practicaje y sus regímenes de excepción. La gremial considera que los cambios que impulsa el gobierno argentino “atentan contra la letra y el espíritu” del tratado por hacerse de forma unilateral.
Para los prácticos uruguayos, la flexibilización en el régimen de exenciones al practicaje podría reducir los estándares de seguridad en los canales del Río de la Plata y generar riesgos operativos para toda la región. Desde la perspectiva del sector, cualquier cambio unilateral en estas reglas rompe la lógica de coordinación técnica que ha regido históricamente la navegación en el sistema fluvial compartido.
La advertencia fue formalizada en una nota dirigida a la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), fechada el 24 de abril de 2026, en la que la institución señala que la iniciativa se encuentra en su etapa final de aprobación y plantea cambios sustanciales en la normativa vigente, particularmente en lo referido a las exenciones al servicio de practicaje. En el fondo, la discusión no es solo cuánto cuesta el practicaje, sino quién garantiza la seguridad de la navegación en una de las vías más sensibles del comercio exterior del Cono Sur.
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