Como suele escribir un destacado periodista español, vayamos directo al lío. ¿Cómo era la vida política alemana durante el nazismo? ¿Acaso la hemos estudiado “más o menos bien”, o sabemos poquito? Vaya esta columna como una contribución sobria y breve, conceptual y documentada.
Desde sus inicios
El núcleo operativo de la acción política nazi fue, desde sus inicios y con especial nitidez entre 1930 y la primavera de 1933, la articulación inseparable entre discurso público, movilización paramilitar y normalización jurídica de la represión. No se trató de una mera retórica: las palabras que los oradores del NSDAP pronunciaban en el Reichstag, en mítines y en la prensa de partido tenían una función práctica y previsible: deslegitimar al adversario, crear sensación de emergencia y convertir la coacción en “remedio” legítimo. Ese proceso puede leerse en tres planos simultáneos, léxico, escena pública y traducción administrativa, que conviene exponer con ejemplos concretos y con referencias a la documentación contemporánea y a la historiografía.
El NSDAP, Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, de extrema derecha, nacionalista, racista y antidemocrático, articuló la violencia cotidiana mediante un discurso público que deslegitimaba a la izquierda y presentaba la coacción como “autodefensa”. Esa retórica fue inmediatamente traducida en detenciones administrativas y clausuras legales tras el Decreto del 28 de febrero y la Ley de Habilitación del 23 de marzo de 1933.
“Not des Volkes / Notstand”
En el Reichstag de marzo de 1933 la argumentación nazi no fue mera demagogia: se construyó en el plano léxico, en un repertorio que era estable y repetitivo. Frases y fórmulas que aparecen una y otra vez en discursos, editoriales y comunicados del partido fueron: “Not des Volkes / Notstand” (la apelación a una “necesidad” o “estado de emergencia” que exige facultades excepcionales); “Volksgemeinschaft” (la comunidad nacional que excluye a los “otros”); calificativos deshumanizantes como “Marxisten-Bande”, “Volksschädlinge”, “Verräter” (en orden: banda marxista, alimañas del pueblo, traidores) para referirse a socialdemócratas y comunistas; y eufemismos que trasladaban la violencia al terreno de la legitimidad, como “Selbsthilfe” o “Wiederherstellung der Ordnung”, es decir, “autodefensa” y “restauración del orden”. En la práctica administrativa y policial, el término “Schutzhaft” pasó a funcionar como eufemismo jurídico para detenciones sin proceso. Estas fórmulas no son metáforas: figuran en los protocolos parlamentarios, en el Reichsgesetzblatt y en la prensa del partido (Völkischer Beobachter, El Observadar Popular) y de la oposición (trops de asalto paramilitares del nazismo), diarios regionales).
Se legitimaba la privación de derechos como respuesta a una supuesta amenaza interna. Ese vocabulario aparece en las actas parlamentarias y en la prensa afín. El propósito fue crear una justificación pública para medidas excepcionales que ya se estaban aplicando en la calle.
Así, en la sesión del Reichstag del 23 de marzo de 1933, celebrada en la Kroll-Oper, la argumentación oficial presentó la Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich, es decir, “la ley para remediar la angustia del pueblo y del Reich”; la votación se realizó en un clima de intimidación: la presencia de SA (tropas de asalto del partido nazi) y SS (otra paramilitar y de seguridad al servicio de Hitler), con la ausencia forzada de diputados comunistas, instalando un clima de coacción. Con la intervención de Otto Wels, del socialdemócrata SPD, Sozialdemokratische Partei Deutschlands, en la sesión del 23 de marzo se dio una respuesta contundente: “Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht”, “nos podrán quitar la libertad y la vida, pero el honor no”. Al momento de la votación los paramilitares nazis forzaron la ausencia de diputados comunistas.
Una sesión documentada
La violencia de la calle fue instrumento de presión y demostración de fuerza. La Sturmabteilung (SA) cumplía funciones de protección de los actos nazis, atacaban los actos de la izquierda, invadían los espacios públicos y golpeaban ferozmente a sus adversarios. La propaganda nazi justificaba esas acciones intentando legitimarlas: con términos de legitimación, como protección y restablecer el orden. La violencia pretextada como autodefensa frente a una supuesta conspiración marxista. Esa “propaganda por los hechos” creó un clima en el que la policía y la administración local, presionadas o cooptadas, toleraron y facilitaron detenciones y clausuras. Tras el incendio del Reichstag, el Decreto del Reichspräsident para “la protección del pueblo y del Estado” (28 de febrero de 1933) suspendió la libertad de prensa, de reunión y la inviolabilidad del domicilio; habilitó la Schutzhaft (prisión preventiva), una medida presentada como respuesta a una “terroristische Bedrohung” (“amenaza terrorista”) que habilitaba detenciones para más fácilmente neutralizar a la oposición organizada.
Del control a la ratificación
Con la Ley de Habilitación del 23 de marzo de 1933, el Reichstag dejó de ser órgano de control y pasó a ratificar decisiones del Ejecutivo; la retórica de emergencia se convirtió en fundamento jurídico para la Gleichschaltung: disolución de partidos, supresión de sindicatos, control de los Länder, nombramientos de comisarios y clausura de prensa crítica. La violencia dejó de ser exclusivamente paramilitar y se burocratizó: órdenes, decretos y nombramientos institucionalizaron la exclusión política.
La traducción inmediata del discurso en actos fue doble y simultánea. Por un lado, la SA operaba públicamente como fuerza de choque: protección de mítines nazis, interrupción de actos de la izquierda y agresiones que la propaganda describía como “Wiederherstellung der Ordnung” o “Selbsthilfe”, es decir, “Restauración de la Salud” o “Restauración de la Inmunidad”. Por otro lado, el Decreto del Reichspräsident (28.II.1933) suspendió garantías constitucionales y habilitó la figura administrativa de la Schutzhaft, que permitió detenciones sin proceso y la remoción de adversarios políticos mediante procedimientos aparentemente legales. Estas medidas aparecen en los textos legales y en las actas que registran la transición del Reichstag a órgano de ratificación.
Importa subrayar la mecánica interna: el lenguaje de emergencia no solo justificó la violencia, sino que la institucionalizó. Tras la Ley de Habilitación, la violencia dejó de ser exclusivamente paramilitar y pasó a ser instrumento administrativo, de nombramientos, clausuras, órdenes de detención, ejecutado por policía, ministerios y comisarios locales. Los paramilitares nazis, SA y SS, incrementaron su poder y su acción violenta.
Insultos y violencias normalizadas
En síntesis, la acción política nazi fue, desde sus momentos decisivos, una política de palabra y golpe; el parlamento sirvió como escenario para convertir fórmulas retóricas en mandatos administrativos y en prácticas de represión cotidiana. Las burlas, los insultos y las amenazas fueron “normalizadas”, transformadas en cuestiones del diario vivir; también la violencia física e institucional.
El nazismo no sólo fue guetos y campos de la muerte: fue más brutal. Violencia cotidiana y sistémica, crueldad y odio. Fue una política cotidiana que articuló legitimación discursiva, violencia organizada y administración legal para adueñarse del Estado y la sociedad bajo el dominio de la barbarie y el saqueo. Y mucha, mucha complicidad.
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